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Por Cledis Candelaresi

El 28 de diciembre próximo se cumplirán diez años del momento en que Gas del Estado se dividió en once unidades de negocio para su privatización. El español Antoni Peris Mingot, presidente de la cámara que agrupa a las nueve distribuidoras y dos transportistas y gerente general de Gas Natural Ban, se lamenta en reportaje con Cash por la ruptura de contratos y el congelamiento tarifario. Pero a pesar de las quejas, los accionistas gasíferos no tienen intenciones de dejar el negocio.
¿Le preocupa el último fallo adverso al ajuste de tarifas?
–Por ahora se trata de un fallo en primera instancia. Yo confío en las apelaciones y lo que se pueda resolver en una instancia superior. Para eso, hablaremos con el Gobierno y lo animaremos a seguir los pasos procesales que correspondan para evitar que ese primer dictamen quede firme.
¿Las gasíferas analizan la posibilidad de desinvertir?
–Es una posibilidad que tiene cada accionista de los grupos inversores. Pero, en general, hay vocación de continuidad.
¿Cómo explican el afán de continuidad si, al mismo tiempo, aseguran que la devaluación destrozó la rentabilidad y que difícilmente el negocio será el que plantearon al hacer sus ofertas?
–Hasta que se acabe la renegociación es prematuro afirmar algo definitivo. Nuestros contratos son por 35 años y está clara la solidez de los derechos que de ellos se generan.
¿Cuáles son las previsiones del sector para el 2003?
–Nuestra idea es concentrarnos en lograr una recomposición de precios, tal como ocurrió en el resto de la economía. Todos los bienes subieron su precio, disminuyeron la cantidad o la calidad. A nosotros se nos vulneraron los contratos y no tuvimos una mejora en las tarifas que compense en parte esta situación. Por eso nos parecen tan importantes estos primeros aumentos a cuenta de otros. No es una situación normal que no pueda haber ni siquiera un paliativo.
¿Le parece que hay una mala disposición política hacia las empresas privatizadas?
–Algo de eso pasa. Los negociadores del Gobierno nos aseguran que no están de acuerdo con el congelamiento tarifario. Pero hay otros sectores, en particular las organizaciones de consumidores, que lo bloquean con una visión cortoplacista y sesgada respecto del resto de la economía. Esas mismas organizaciones han tenido una actitud pasiva frente a otros precios de la economía que subieron.
¿Esa oposición a las privatizadas no se explicará porque, aunque con diferencias según los casos, tuvieron una renta excepcional en una época que otros sectores de la economía se empobrecían mucho?
–Nadie demostró eso en forma científica. Nosotros demostramos que si alguien tuvo una renta importante fue el Estado, que desde la privatización gasífera hasta ahora cobró 5800 millones de pesos en impuestos. Por las mismas empresas que en sus manos eran deficitarias. Nuestra renta es del 7 por ciento anual promedio, menor que la que estaba en los pliegos. Así no tuvimos ninguna renta extraordinaria. El sector invirtió más de lo que se endeudó y cumplimos las exigencias del pliego en calidad.
El Gobierno asegura que con el ajuste autorizado por el decreto de necesidad y urgencia las empresas pueden cubrir costos operativos, expansión de las redes y, en algunos casos, hasta el pago de intereses de la deuda.
–Lo que sucede es que las compañías actualmente adecuaron el nivel de gastos a sus ingresos. Si hay inflación en los costos y la recaudación se mantiene constante, lo primero que se reduce o suspenden son las inversiones y esto produce una degradación inevitable en el servicio. Hoy invertimos a un ritmo muy inferior al que venía invirtiendo el sector. Un ajuste del 7 por ciento es nada.
Hay quienes dicen en el Gobierno que la decisión de haberse endeudado en dólares es parte del riesgo empresario que asumieron las privatizadas.
–No es así, porque somos un sector regulado. Nuestro servicio tiene un precio máximo: si los costos son mayores, la empresa absorbe ese mayor costo; si fueran menores, una parte de ese beneficio debe compartirla con el usuario reduciendo la tarifa. Ese es nuestro riesgo. Además, las compañías no sólo podíamos tomar deudas en dólares legalmente sino que estábamos forzadas a hacerlo, ya que en el mercado argentino no había el financiamiento que precisábamos. Nosotros demandamos créditos por más de 5000 millones y a no menos de 7 años de plazo, algo que no podía conseguirse localmente. El propio esquema tarifario nos llevaba a hacerlo: tomábamos créditos afuera para ser más eficientes. Si el Estado hubiera querido adjudicatarias sin deudas, debería haber admitido tarifas más altas. Ahora es responsable de los cambios de reglas.
¿Quiere decir que tendría que compensarlas con un seguro de cambio?
–No es necesario. Basta con un plus tarifario a largo plazo para repagar la deuda en moneda dura.