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Por Maximiliano Montenegro
Si las remarcaciones de precios continúan como en las últimas dos semanas, no habrá plan social ideado por Hilda “Chiche” Duhalde que alcance para cubrir siquiera a la cantidad de personas que caerán en la pobreza en los próximos meses. Según un estudio que circula por el Gobierno, al que accedió Cash, si el costo de la canasta de alimentos básicos aumentara “sólo” un 5 por ciento, entonces casi 700 mil personas caerían bajo la línea de pobreza y, a su vez, unas 350 mil descenderían un escalón más en la degradación de sus condiciones de vida, pasando a ser indigentes. Si la suba de precios de la cesta alimentaria ronda el 10 por ciento, habrá 1,3 millón más de pauperizados. Mientras que si la inflación en los alimentos fuera superior al 15 por ciento, entonces los nuevos pobres debido a la devaluación superarían largamente los 2 millones. Una dinámica tan explosiva se debe a que, después de cuatro años de recesión, una amplísima franja de la población vive actualmente con ingresos que la convierten en equilibrista sobre la línea de pobreza, medida por una canasta básica de consumo familiar valuada en 460 pesos mensuales.
El presidente Eduardo Duhalde está obsesionado por no terminar como sus recientes antecesores, los ex presidentes Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, echados por los cacerolazos de la clase media. Según cuentan sus más estrechos colaboradores, está convencido de que los sectores más pobres, la base social del peronismo, no serán los protagonistas de un nuevo estallido, porque confía en la eficaz mezcla de clientelismo y asistencia social que prepara su esposa Chiche, flamante ministra encargada del área. En cambio, lo desvela –literalmente desde la noche del jueves pasado– el impredecible humor de la clase media, destinataria –aunque no beneficiaria– hasta ahora de todas las medidas del Gobierno vinculadas con el corralito y la pesificación de créditos. Puesto en términos de un asesor del gabinete, para el Presidente la amenaza hoy proviene de las cacerolas antes que de los saqueos y los piquetes.
Sin embargo, la impresionante expansión de la pobreza que causaría una vuelta de la inflación, por más moderada que fuera, en el actual contexto económico, podría invertir en cuestión de semanas esa lógica. O peor aún, potenciar ambos frentes del conflicto social, generalizando el estallido.
Por estos días circula entre los funcionarios del área social un documento que expresa con toda crudeza la debilidad de las condiciones de subsistencia de una enorme franja de la población, de “clase media baja”, frente a las remarcaciones de precios. Más aún, porque el impacto de dichas remarcaciones sobre el ingreso real de las familias no podrá compensarse con incrementos salariales en un contexto de 20 por ciento de desocupación.
Así, hoy el aumento de la pobreza, desde niveles casi tan elevados como en los tiempos de la hiperinflación, sería aún más acelerado que en la época de la híper. Según esa investigación, a la que accedió Cash, el diagnóstico es el siguiente:
- Más de 8 millones de personas viven hoy con ingresos apenas superiores a la llamada línea de pobreza, valuada en 460 pesos mensuales para el grupo familiar.
- El gasto en alimentos y bebidas acapara entre el 45 y el 55 por ciento del presupuesto de esta franja, mientras que en la clase media acomodada sólo representa entre el 20 y el 30 por ciento.
- Por debajo de este segmento, hay casi 14 millones de pobres en todo el país, el 40,2 por ciento de la población.
- Un escalón más abajo, 4,5 millones de personas subsisten en la indigencia; es decir, apenas pueden adquirir una canasta exclusivamente de alimentos esenciales de 70 pesos mensuales por adulto del hogar.
En este contexto, los técnicos del Gobierno hicieron simulaciones suponiendo distintos escenarios de aumento de precios en la canasta básica de alimentos, en la cual tienen un peso notorio los siguientes productos:pan fresco, arroz, harina, pollo, leche, huevos, papa, aceite y azúcar, entre otros. Los resultados son los siguientes:
- Si los precios de la canasta familiar aumentaran 5 por ciento, el número de pobres se acrecentaría en casi 700 mil, mientras que habría 340 mil indigentes más (ver cuadros).
- Si la suba fuera del 9 por ciento, habría 1,2 millón más de pobres y 440 mil indigentes más.
- Si la inflación en los alimentos fuera del 15 por ciento, 2 millones de personas caerían en la pobreza y casi 1 millón en la indigencia.
- Con un incremento de la canasta familiar del 30 por ciento, entonces habría 3,7 millones de pobres más y casi 2 millones más de indigentes.
El relevamiento efectuado por Cash en almacenes y supermercados durante la última semana indica que, por ahora, la suba de precios de los principales productos de la canasta básica de alimentos ronda entre el 10 y el 20 por ciento (ver aparte).
El problema no son los productos importados, que en su mayoría siempre estuvieron vedados a los sectores de ingresos más bajos, sino los productos de exportación, como la harina, el aceite o los lácteos. El motivo es simple: con un aumento del dólar del 40 por ciento, a cualquier exportador de aceite, por ejemplo, le conviene vender en el exterior, donde sus ingresos se incrementarán en esa proporción que seguir vendiendo al mismo precio en el mercado local. Esto es así porque el Gobierno se abstuvo de imponer retenciones o derechos de exportación a las exportaciones agropecuarias, para apropiarse de la renta extraordinaria que provoca la devaluación en ese sector.
Un impacto tan brutal del regreso de la inflación, después de cuatro años de recesión, es la mejor prueba de que la política social sería apenas un balde de agua en el desierto si no adoptaran medidas de política económica compensatorias de la devaluación, para redistribuir ingresos en favor de los sectores más vulnerables frente a la crisis.