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Por Claudio Zlotnik

Después de la devaluación, el Gobierno empezó a desactivar bombas de tiempo que amenazan al sistema financiero. Impuso restricciones más severas al corralito, le puso límites a la pesificación de créditos y negocia una compensación monetaria con los bancos. No caben dudas de que, después de proclamar que se respetarían los plazos fijos en la misma moneda en que fueron constituidos, desde el Ejecutivo están tomando las medidas reclamadas por los financistas. La decisión política de la Casa Rosada es que no se produzca ninguna caída bancaria, a pesar de la debilidad extrema de algunas entidades. Pero todavía faltan desactivar dos explosivos: la Fase 1 del canje y, lo que todavía puede ser más importante, las deudas de las empresas que quedaron en dólares.
Para ambas cuestiones, los banqueros ya presentaron sus recetas favoritas. Le hicieron saber al ministro Jorge Remes Lenicov que no están dispuestos a renegociar la última reestructuración de la deuda, que les dejó préstamos garantizados por la recaudación impositiva a un rendimiento anual del 7 por ciento en dólares. Un lujo, si se tiene en cuenta que los plazos fijos en el corralito rinden el 2 por ciento anual. Además, cabe recordar que en esa operación no hubo quita de capital sobre los antiguos bonos de la deuda.
Sobre la deuda en dólares de las empresas, los financistas pretenden una salida que les preserve sus activos. Sin eufemismos, quieren que el Estado se haga cargo de los pasivos empresarios como ya ocurrió hace exactos 20 años. No es un monto para despreciar. En total, la deuda de las compañías con los bancos alcanza a unos 22.500 millones de dólares. Aunque a la cifra definitiva habría que añadirle una parte de los 23.000 millones del stock de Obligaciones Negociables (ON), que son títulos de deuda dolarizados.
Una muestra gratis de lo que puede venir en el futuro cercano ya ocurrió en el 2001. Durante la última parte del año pasado, los bancos obligaron a las empresas a cancelar sus deudas y se terminaron las refinanciaciones automáticas, aun cuando se tratara de compañías líderes. Así, el stock de deuda cayó en 8500 millones (de 31.000 a 22.500 millones). Pero en el camino se produjo una oleada de empresas concursadas o directamente quebradas. Entre las líderes que solían endeudarse con ON hubo casos de default emblemáticos, como Fargo y las del poderoso Grupo Pescarmona, Impsa e Impsat.
En el mercado de las ON, donde las últimas colocaciones se hicieron a plazos promedio de apenas seis meses, este año las empresas deben afrontar vencimientos por 4742 millones. La cuarta parte de ese importe (1157 millones) vence antes de que finalice el verano.
Es previsible que, tras la devaluación, a las empresas se les hará casi imposible poder cumplir. Lo resta saber es cuál será el desenlace. Los financistas ya se pronunciaron: hay que socializar los quebrantos.