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Por Fernando Krakowiak

La devaluación del peso puso a la industria farmacéutica en el ojo de la tormenta. Por ahora, los laboratorios se comprometieron a no subir los precios, pero afirman que si el Gobierno no cumple con sus reclamos los medicamentos podrían aumentar entre un 8 y un 15 por ciento. En la reunión que tuvieron la semana pasada con el presidente Eduardo Duhalde solicitaron que se les mantenga la paridad 1 a 1 para el pago de las deudas que contrajeron antes del 31 de diciembre, que se fije un tipo de cambio especial para el sector durante los primeros meses posconvertibilidad y que se les flexibilice el corralito para que puedan girar divisas al exterior destinadas a la compra de insumos básicos. Roberto Bruno, gerente de prensa de CILFA, la cámara que agrupa a los grandes laboratorios nacionales, afirmó a Cash que “el cumplimiento de algunas medidas compensatorias debiera servir para evitar un aumento de precios que de otra forma sería inevitable, pues el principio activo de todos los remedios es importado”. Mientras tanto, los medicamentos escasean debido a la especulación que realizan quienes esperan un aumento de precios.
La alternativa propuesta por los laboratorios es la más acorde con sus intereses, pero no la única. En un recorrido por farmacias y hospitales públicos, Cash pudo comprobar los márgenes de ganancia que tiene el sector farmacéutico, los cuales le permitirían absorber sin problemas el aumento de costos generado por la devaluación. Sin embargo, pareciera ser que la opción es que pague el Estado o que paguen los consumidores.
La diferencia entre lo que se paga por un medicamento en una farmacia y lo que le cuesta esa misma droga sin marca a un hospital público varía entre un 300 y un 2700 por ciento. De esa crema de sobreprecios que paga el consumidor, el 40 por ciento se lo apropiarían la droguería y la farmacia. Mientras que los laboratorios afirman que con el otro 60 por ciento ellos no sólo deben pagar los costos de producción sino también los gastos de “packaging y marketing”. Sin embargo, fuentes de distintos hospitales señalaron a este suplemento que “la diferencia incluye una ganancia adicional que los laboratorios no están dispuestos a resignar ni ante la peor de las crisis”.
La industria farmacéutica factura 5400 millones de pesos por año. El mercado se reparte entre 300 laboratorios, pero los 10 primeros concentran el 40 por ciento de las ventas. Las empresas nacionales, encabezadas por Roemmers y Bagó, controlan el 52 por ciento del mercado. Mientras que el 48 por ciento restante está en manos de 40 laboratorios extranjeros, entre los que se destacan Roche y Novartis.
Desde 1991, los precios son libres, pero la competencia casi no existe. Los laboratorios fijaron sus propias reglas de juego ante la pasividad de un Estado nacional que no hace valer su poder de compra para introducir competencia en el mercado, pese a que el PAMI, por citar el ejemplo más representativo, consume el 30 por ciento de los medicamentos que se fabrican en la Argentina. El Estado ni siquiera se encargó de garantizar la existencia de un laboratorio estatal para fijar precios testigos y evitar abusos.
La diferencia de precios entre lo que paga un consumidor y un hospital es el mejor ejemplo de las arbitrariedades existentes. El Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón, ubicado en San Martín, compró en setiembre del año pasado, a través de una licitación pública, una partida del antibiótico cefalexina sin marca a 10 centavos el comprimido. En las farmacias, cualquier consumidor que quiera adquirir un paquete con 16 pastillas de “Cefalexina Argentia” deberá pagar 20 pesos. Cada comprimido cuesta 1,25 pesos, lo que implica un aumento del 1150 por ciento con relación al monto que paga el hospital (ver cuadro). El aumento esexorbitante si se toma en cuenta que el precio que abonan los hospitales públicos tampoco es el mejor ya que, por lo general, hacen compras por separado debilitando la fuerza de negociación que podrían tener frente a los laboratorios.
Cash le preguntó a Clara Suárez, presidenta de Cooperala, cámara que agrupa a 80 pequeños y medianos laboratorios nacionales, si los costos de la devaluación no se podían pagar con parte del sobreprecio que se les cobra a los consumidores finales. Sin embargo, Suárez señaló que la diferencia de precios no conlleva ganancias extra para los laboratorios. “En las licitaciones de los hospitales ofrecemos un precio muy ajustado porque no se contabiliza el porcentaje que le corresponde a la farmacia y a la droguería, ni lo que se destina a packaging y marketing. Por eso, la diferencia es tan grande”, afirmó. El margen de comercialización de la droguería es del 16 por ciento, mientras que la farmacia se queda con un 25 por ciento. Según Suárez, el resto se gasta en “folletería, publicidad, packaging y en visitar a los médicos”. En los hospitales afirman que en realidad el sobreprecio implica una transferencia de recursos desde los consumidores hacia la industria.
Una mayor regulación le permitiría al Estado denunciar los sobreprecios y forzar a la industria a asumir los costos de la devaluación. Sin embargo, el lobby farmacéutico se caracterizó históricamente por abortar todos los intentos de reforma y, por ahora, nada indica que la situación vaya a cambiar.