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Por Natalia Aruguete

La falta de referencia a la continuidad del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) por parte de los candidatos presidenciales sumada a las exigencias del FMI de no financiar programas sociales puso en estado de alerta a algunos institutos de vivienda. Frente a esa situación, la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) –encargada de ejecutar la política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires– comenzó a implementar una serie de proyectos tendientes a la autogestión de la vivienda y el saneamiento de la cartera.
Desde la sanción de la ley Fonavi en 1977 hasta la actualidad, los fondos para vivienda social fueron objeto de manejos espurios y la entrega de gran parte de los inmuebles respondió a criterios clientelares. Así analizó el subsecretario de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Ernesto Selzer, el estado actual del sistema habitacional. El déficit en la Ciudad de Buenos Aires es consecuencia –en parte– de una serie de disposiciones legales sancionadas durante distintas gestiones que han desfinanciado a los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV). Por si fuera poco, mientras el PBI creció un 4 por ciento anual durante los ‘90 –calculó el funcionario porteño–, la Ciudad de Buenos Aires duplicó la población en las villas de emergencia hasta llegar a poco más de 116 mil habitantes.
El Fonavi no es la única fuente de financiamiento, la CMV también cuenta con aportes del Gobierno de la Ciudad, que para el año 2003 incrementó el presupuesto para el sector en un 150 por ciento. Y la proyección aumentó en las mismas magnitudes: de las 1000 viviendas anuales hechas hasta ahora, tienen previsto llegar a 2500 hogares este año. Sin embargo, en la propia Comisión asumen que no es suficiente para solucionar el problema de fondo: el déficit actual es de casi 100 mil viviendas. Por esto –”y como la teoría neoliberal plantea la inconveniencia de mantener el Fonavi”–, Selzer asegura que la única posibilidad de revertir la situación actual es promover alternativas que no sólo contemplen cambios económico-financieros sino, y sobre todo, culturales.
Una de las medidas más urgentes es hacer un relevamiento de los morosos, para determinar qué familias están realmente imposibilitadas de pagar, quiénes podrían cubrir una parte del costo y qué grupos se han valido de este beneficio sin una necesidad concreta. E implementar una escrituración masiva para sanear la cartera.
Selzer opinó que lo fundamental es cambiar “la concepción de financiar la oferta y convertirlo en un subsidio a la demanda”. La ley Nº 946, sancionada a fines del 2002 por la Legislatura porteña, dio forma definitiva al Programa de Autogestión de la Vivienda, que impulsa la administración autogestiva y en cooperativas, cuyos beneficiarios pueden decidir “dónde quieren vivir y cómo quieren construir su vivienda”. Según el coordinador de la CMV, este proyecto supone la participación activa y organizada de los beneficiarios que podrán acceder al crédito y trabajar con un Equipo Técnico Interdisciplinario propuesto por ellos mismos. Por su parte, la CMV brindará sus propios técnicos para trabajar con las organizaciones.