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Por Susana Díaz

Aunque salió bien parado de la hiperdevaluación del 2002, el sector agropecuario está en pie de guerra. Tanto que sus dirigentes llamaron a la rebelión. Quienes lograron sortear con éxito los años de convertibilidad, los mismos que de acuerdo con el último censo sectorial son propietarios de una mayor extensión de tierras, le advirtieron al Gobierno que están dispuestos a no pagar sus impuestos. Y si bien no pueden escapar al tributo que más les molesta, las retenciones a las exportaciones, allí están Ganancias e IVA, los que le siguen en la lista de los odiados y por donde se decidió comenzar la batalla.
Luego de unirse para el reclamo contra las retenciones, las cuatro entidades que representan al agro –Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales y Federación Agraria– presentaron esta semana una propuesta “de consenso” al secretario de Agricultura, Haroldo Lebed. El objetivo principal es terminar con las retenciones de manera gradual, con el IVA diferencial para los granos, el que argumentan les genera un irrecuperable crédito fiscal cercano a los 1000 millones de dólares, y que les permitan ajustar los balances por inflación para pagar menos Ganancias. Adicionalmente pidieron mayores plazos para la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias, cuyos vencimientos comienzan a partir del lunes, así como una reestructuración de plazos en las deudas con el Banco Nación.
Como en el Ministerio de Economía no fueron receptivos a la propuesta, los “hombres de campo” apostaron todas sus fichas a la decisión del presidente Eduardo Duhalde. Saben que no están solos en la pelea, pues la inflexibilidad de Economía contrasta con las de otros funcionarios gubernamentales que ya adelantaron su apoyo, entre ellos, el ministro de la Producción, Aníbal Fernández.
Mientras tanto, para mostrar decisión de lucha contra la “voracidad” impositiva del Estado, llamaron a “sus bases” para que se apresten a la rebelión fiscal. El primer paso será no presentar las declaraciones juradas que vencen esta semana. Dado que la decisión de Roberto Lavagna de no aceptar el ajuste por inflación, ofreciendo a cambio una reducción en la alícuota de ganancias, por única vez, del 35 al 30 por ciento, parece inamovible, las entidades agropecuarias estarían dispuestas a aceptar una solución más moderada: no un ajuste por inflación integral, sobre el total del patrimonio neto, sino sólo sobre las existencias.