La eficiencia energética ha sido definida como la capacidad de alcanzar mayores beneficios finales con una menor utilización de recursos y con un menor impacto sobre el medio ambiente. Una adecuada utilización de los recursos energéticos disponibles puede ser el complemento a una estrategia de diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica. Es la optimización y aprovechamiento del uso de los recursos energéticos, lo que trae aparejada una reducción del uso de combustibles fósiles y consecuentemente la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí es donde se entrelazan eficiencia energética, competitividad y desarrollo sustentable. La eficiencia energética se presenta como el paso necesario en pos de lograr un mayor estímulo a las fuentes renovables de energía, la obtención de la soberanía energética y la minimización de los impactos ambientales. Se encontraría dentro de lo que Marcelo Diamand llamó eficiencia operativa, ya que se califica el desempeño dentro de una determinada actividad.

Veamos un ejemplo del potencial de mejora en hogares. Según un estudio reciente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, junto con el Ente Nacional Regulador del Gas y la Universidad Nacional de San Martín, el reemplazo de los calefones que utilizan piloto a gas por aquellos con encendido electrónico permitiría el ahorro de 3,5 millones de m3/día de gas, lo que equivale a un cuarto de lo que se importa de ese combustible desde Bolivia.

La temática no ha sido desconocida por el Gobierno. La Secretaría de Energía impulsó su primer Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos en 2003, al cual le siguió el Programa de Uso Racional de la Energía lanzado en 2004. El Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, iniciado en 2007, tiene una visión de largo plazo con medidas integrales para el sector industrial, comercial, de transportes, residencial y de servicios y en los edificios públicos. Se han obtenido resultados positivos de diferente magnitud en cada programa.

En su discurso de asunción de segundo mandato como presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner anunció la llegada de la etapa de “sintonía fina”. Una de las medidas tomadas en ese momento fue la creación de la Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad en el ámbito del Ministerio de Economía. La noción de competitividad de un país fue en un primer momento evaluada en términos de precios y salarios, lo cual se mostró insuficiente. A partir de los trabajos de Michael Porter, se la relacionó con la capacidad de un país para generar calidad de vida a sus ciudadanos a partir del nivel de productividad en el uso de recursos humanos, naturales y de capital.

A nivel microeconómico, la competitividad puede definirse como “la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos de empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período” (Michael Porter, “La ventaja competitiva de las naciones”).

En un contexto nacional donde se toman decisiones para aliviar las importaciones de combustible hasta tanto maduren las inversiones que realiza la estatizada YPF, principalmente en lo que respecta a la explotación del gas no tradicional o shale gas, la mejor utilización de los recursos energéticos puede ser una respuesta que además permita la mejora en la competitividad.

Argentina alcanzó su máximo de intensidad energética en 2004 con una medida de 1,17, es decir, por cada unidad de incremento del Producto Bruto Interno se consumía más de una unidad de energía. Esa medida se redujo progresivamente y se encuentra en 0,92 actualmente, según el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron.

El sector industrial consume aproximadamente el 43 por ciento de la energía del país. Según la Universidad Tecnológica Nacional, el potencial de ahorro mediante medidas de eficiencia energética es del 18 por ciento, aunque otras fuentes señalan que puede ir desde el 5 por ciento con medidas simples y hasta el 20 por ciento si se realiza un cambio tecnológico en los equipos industriales.

Desde el año 2000, y con la colaboración de la Agencia de Cooperación alemana GTZ, se desarrolló el Programa de incremento de la eficiencia energética y productiva de la PyME Argentina, que realizó diversos estudios y diagnósticos sobre intensidad energética en distintas ramas industriales y sectores productivos.

Actualmente, y a partir de una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, la Secretaría de Energía y la Unión Industrial Argentina implementaron una prueba piloto para 25 empresas de distinto tamaño de todo el país, y se está iniciando la segunda etapa para más de 300 empresas.

El alto retorno de las inversiones en eficiencia energética las hacen ideales para ser financiadas a través de la Línea de Créditos para la Inversión Productiva, que obliga a los bancos del país a destinar a través de créditos a las empresas, como mínimo, el equivalente al 5 por ciento de sus depósitos a una tasa del 15,01 por ciento anual. La capacitación de los evaluadores de proyectos sobre eficiencia energética puede ser una tarea para el Estado.

Asimismo, aún resta mucho por hacer en sectores con problemáticas específicas, como las micro y pequeñas industrias, cooperativas o empresas recuperadas. La dinámica propia de la economía social y, en muchos casos, la utilización de equipos de mayor capacidad respecto de la demanda final generan ineficiencias que pueden ser acotadas.

Las normas y etiquetas de eficiencia energética funcionan mejor en conjunto con otras herramientas políticas diseñadas para dirigir el mercado hacia un mayor ahorro de energía. Las normas de ahorro eliminan, por lo general, los modelos menos eficientes del mercado y pueden influenciar la fabricación, suministro, distribución, compra de productos y el diseño, la instalación, operación y mantenimiento de los productos consumidores de energía en nuestra sociedad.

El fomento de la eficiencia energética requiere un marco regulatorio a largo plazo que favorezca la inversión en el sector a través de políticas crediticias accesibles, el desarrollo de tecnología nacional, la generación de economías de escala que disminuyan los costos de producción. Es importante destacar el efecto derrame sobre otros sectores que puede tener el desarrollo de este sector, como es la creación de empleo, el cuidado del ambiente, mejores condiciones de vida para poblaciones rurales. Por tanto, una política más firme respecto de la eficiencia energética redundará no sólo en beneficios del suministro eléctrico, sino también en el ámbito social y ambiental.

La competitividad industrial y en especial del sector PyME y de la microempresa puede verse incrementada a partir de medidas de difusión de la eficiencia energética en empresas hasta las que ahora no se ha alcanzado, o accionando sobre los agentes privados que motorizan los créditos bancarios

* Economista del GEENaP.

** Abogado especializado en medio ambiente.