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La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina incrementó las capacidades regulatorias de la autoridad monetaria. La presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont, sostuvo que el objetivo principal de la reforma era “recuperar la función de regulación y orientación del crédito como herramienta de desarrollo e integración social y regional”. Así, el BCRA dispuso que las entidades bancarias debían ofrecer una línea de financiamiento a la inversión productiva bajo determinadas condiciones (tasa de interés máxima fija anual del 15,25 por ciento, 36 meses de plazo mínimo de financiación, 50 por ciento destinado a micro, pequeñas y medianas empresas). La entidad monetaria también aprobó una normativa imponiendo límites al cobro de cargos y comisiones por parte de las entidades bancarias.

Ese renovado activismo estatal en materia financiera marcha a contramano de las recomendaciones de la ortodoxia económica. De acuerdo con esa visión, el intervencionismo estatal genera un clima de “represión financiera” que se traduce en una oferta insuficiente de ahorro y crédito. Las medidas adoptadas por el Gobierno dan cuenta del desacuerdo oficial con esa lectura. Las autoridades monetarias descreen de la idea de que la liberalización del sistema financiero traiga aparejada una asignación eficiente de los recursos disponibles. Esa visión “herética” encuentra sustento en otras experiencias exitosas, como el desarrollo económico coreano.

Como se sabe, la economía coreana registró una tasa de crecimiento promedio anual del 9,2 por ciento entre 1961 y 1979, y una intensa transformación productiva. En efecto, la atrasada estructura económica agrícola dio paso a una sofisticada economía industrializada. El sector financiero apuntaló ese proceso de industrialización apelando a pautas alejadas de los parámetros neoliberales. En esa línea, las medidas implementadas por el gobierno de Park Cheng-Hee (1961-1979) tendieron a la canalización y direccionamiento del crédito según los objetivos trazados por los sucesivos planes quinquenales. La primera medida adoptada fue la nacionalización de los bancos comerciales en 1961. Además, se introdujo un programa de créditos para la exportación, que funcionaba “como un mecanismo de control e incentivo para con las empresas exportadoras, dado que éstas debían cumplir ciertos objetivos para poder renovar los préstamos, cuya tasa de interés se encontraba fuertemente subsidiada”, detalla Juan Manuel Telechea en El rol del sector financiero en el proceso de industrialización coreano. Ese apoyo financiero posibilitó que las exportaciones pasaran del 3,2 por ciento del PIB en 1960 al 32,1 por ciento en 1980.

La estrategia oficial incluyó una reforma monetaria para captar los cuantiosos recursos internos canalizados hacia el sector financiero informal. Esa reforma produjo un incremento de las tasas de interés activas y pasivas, que pasaron del 16 al 26 por ciento y del 15 al 30 por ciento, respectivamente. Telechea agrega que “una de las características fundamentales que tuvo la reforma fue la fijación de la tasa de los préstamos por debajo de la de los depósitos, con un claro objetivo de incrementar el crédito y al mismo tiempo evitar que el costo del financiamiento para las empresas se incrementara demasiado. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva era subsidiada”.

El Tercer Plan Quinquenal coreano (1972-1976) introdujo modificaciones en la estrategia de desarrollo al impulsar la expansión de las industrias pesadas y de base tecnológica. El gobierno coreano impulsaría una desregulación del sistema financiero a principios de la década del ochenta. Ese viraje incluyó la liberalización de las tasas de interés y la privatización de los bancos comerciales. Esas reformas neoliberales sentarían las bases para la crisis cambiaria de 1997, que culminó con la quiebra de emblemáticas compañías coreanas y el colapso del sistema financiero. “El caso de Corea alerta sobre las dificultades de la teoría de la liberalización financiera como instrumento del desarrollo, y a la vez derriba el mito de que la intervención directa del Estado en los mercados financieros genera fallas y distorsiones en la asignación del capital”, concluye Telechea

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