Los incrementos salariales que desactivaron la extorsión policial tendrán un fuerte impacto en las finanzas públicas subnacionales. Los mandatarios provinciales se encuentran ahora ante el desafío de conseguir el financiamiento correspondiente. El rango de aumentos concedidos del 30 al 100 por ciento dificulta además la tarea de coordinar precios y salarios como herramienta de arbitraje estatal en la puja distributiva.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, declaró que la estrategia de estos grupos, “aparte de cambiar la agenda pública”, fue “generar un efecto anticipatorio de eventuales paritarias para quebrantar o vulnerar cualquier acuerdo de carácter salarial hacia el futuro y también desde el punto de vista del acuerdo de precios. No es casualidad”. La mayoría de los gobernadores manifestó no contar con los recursos necesarios para financiar esos aumentos. El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) sostiene que las provincias culminarán el año con un déficit cercano a los 15.000 millones de pesos. Los incrementos otorgados a las fuerzas policiales insumirían, de acuerdo con cálculos conservadores, alrededor de 11.000 millones de pesos adicionales durante el año venidero.

En ese marco, la intensificación de la puja Nación-provincias por el reparto de los recursos tributarios estará a la orden del día. La dirigencia política opositora acusa al oficialismo de promover una suerte de “unitarismo fiscal”. Por lo pronto, el gobierno nacional anunció que continuará con la política de renegociación de las deudas provinciales. La atribución de culpas al Estado central invisibiliza las responsabilidades jurisdiccionales subnacionales.

Por caso, el 56 por ciento de los presupuestos provinciales es financiado vía coparticipación federal y otras transferencias nacionales. Lo cierto es que ese porcentaje promedio encubre situaciones muy diferentes. Por ejemplo, la recaudación tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa de 80 a 90 por ciento de los recursos totales disponibles. En cambio, la recaudación provincial formoseña o riojana apenas financia el 5 por ciento del presupuesto local.

Los investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Mangas sostienen en El impuesto inmobiliario en Argentina y su contribución a la progresividad del sistema tributario consolidado que “la media de la participación de la recaudación tributaria propia como proporción de los recursos totales en el período 2002-2011 únicamente superó la marca del 20 por ciento en las provincias de Mendoza (25), Córdoba (29), Santa Fe (30), Buenos Aires (47) y la CABA (82). En las demás provincias, sus propios impuestos no les permiten, ni siquiera, financiar uno de cada cinco pesos gastados”.

A su vez, la recaudación tributaria provincial es cada vez más regresiva, contrastando con la tendencia registrada –durante los últimos años– a nivel nacional. A comienzos de la década del noventa, el impuesto patrimonial nacional (sobre los bienes personales) apenas representaba el 3 por ciento de lo que ingresaba a las arcas provinciales en concepto de impuesto inmobiliario. En la actualidad, la recaudación por bienes personales es similar a la del tributo inmobiliario provincial.

López Accotto, Martínez y Mangas señalan que “la caída relativa de la recaudación por impuesto inmobiliario en el peso de la recaudación provincial aparece, por su magnitud y persistencia, como un fenómeno estructural, sin duda condicionado fuertemente por las políticas neoliberales implementadas durante la década de 1990 y por la responsabilidad, fundamentalmente de las provincias, de no gravar la riqueza. Tal dinámica de pérdida de peso en el total recaudado no ha sido revertida sino profundizada en lo que va del presente siglo”. Así, la incidencia del impuesto inmobiliario en el total de la recaudación provincial retrocedió desde el 32 por ciento (año 1984) hasta el 7 por ciento. Estos tres investigadores analizaron esa cuestión elaborando un Indice de Progresividad Tributaria Consolidada (IPTC).

A partir de la evolución del IPTC, López Accotto, Martínez y Mangas concluyen que “aun cuando la totalidad de las provincias ha disminuido el valor del índice de progresividad tributaria con el transcurso de los años, el caso de la provincia de Buenos Aires resulta paradigmático, pues en 1984 presentaba el valor más elevado entre las jurisdicciones de nivel provincial (61 por ciento) y en el lapso 1984-2011 es la provincia que experimenta la disminución del índice de progresividad más relevante, ubicándose en 2011 en torno del 21 por ciento, siendo a esa fecha holgadamente superada por Entre Ríos (35 por ciento), La Pampa (32), Mendoza (28) y Corrientes (28), así como por otras siete provincias... Sumado a la considerable caída en la progresividad tributaria registrada en la provincia de Buenos Aires, las provincias de Santa Fe y Córdoba se destacan por la misma situación, magnificada en estos tres casos, además, por su importante peso, tanto en términos poblacionales como económicos”.

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