El reciente preacuerdo entre YPF y Repsol para compensar la expropiación del 51 por ciento de las acciones de esta última es un paso necesario para reencauzar la política petrolera nacional. Política que viene encontrando su lugar en el proyecto nacional luego del retroceso que significó la privatización de YPF, la que apoyaron algunos de los críticos del acuerdo, que por supuesto callan su participación en ese dislate, inicio de la decadencia energética.

Con el final de este proceso económico-jurídico, que seguirá los pasos necesarios de la expropiación, el país instala finalmente a YPF como la principal herramienta empresaria de una renovada política petrolera. Es de esperar que las resistencias de Repsol al acuerdo sean vencidas y se llegue a un arreglo final ventajoso para los intereses nacionales.

Los beneficios de llegar a un acuerdo son múltiples:

- se despeja un horizonte conflictivo para la principal empresa argentina;

- se abren las posibilidades de inversión en su desarrollo productivo, y

- se le permite a YPF liderar un camino de acuerdos y avances en los yacimientos no convencionales, al que deberían seguir las otras empresas instaladas en el territorio.

En esta vía de esperanza los de-safíos son múltiples y apasionantes:

1. El primero de ellos es recibir inversiones que acepten las condiciones soberanas argentinas para de-sarrollar los yacimientos no convencionales de promisorio futuro. Este punto delicado exigirá la mayor inteligencia y realismo de las autoridades para equilibrar la necesidad de capitales al efecto, sin hipotecar ni comprometer un futuro que no sea de claros objetivos e intereses nacionales. En ese camino, el apresuramiento no pareciera ser lo más conveniente. Será necesario investigar las posibilidades de inversión de petroleras estatales de los países hermanos, con acuerdos que sean ventajosos para el país.

2. También será importante tomar todos los recaudos necesarios para evitar daños ambientales en las metodologías extractivas de estas nuevas explotaciones, fijando claras y estrictas normativas nacionales y provinciales. Técnicas similares se vienen practicando en el país desde hace mucho tiempo, sin las consecuencias terminales que se expresan en algunos círculos políticos e intelectuales.

3. Será fundamental inscribir estos nuevos hechos en una relanzada política petrolera nacional. De poco servirán los avances de YPF si no van acompañados de desarrollos de todo el arco empresario en yacimientos no convencionales y sobre todo en los convencionales en el corto y mediano plazo, pues de éstos se nutre la mayor parte del suministro actual de hidrocarburos.

4. Una política petrolera que solamente ponga el acento en las inversiones externas corre el riesgo de crear nuevamente un país primarizado, en el cual los principales suministros para las explotaciones provengan de importaciones, y el cuadro empresario a mediano plazo muestre un significativo avance de extranjerización de la economía. El remedio a esa circunstancia es una intensa promoción de la industrialización local y nacional de equipos y suministros y una ajustada política de radicación de capitales.

5. Para dar contexto a estos desafíos es fundamental institucionalizar el sector energético, adecuando su rol a la importancia que tiene hoy en la economía y, sobre todo, apuntando a las excelentes perspectivas que se visualizan para el futuro, de manera de superar la devaluación que el rezagado esquema noventista de legislación e instituciones ha impuesto dentro del Estado.

Se impone ya jerarquizar este sector a través de un Ministerio de Energía, vinculando esa decisión con el desarrollo industrial del área; también dotarlo de instituciones de investigación y de control de la producción de hidrocarburos con la suficiente magnitud para el desafío actual, generando al mismo tiempo sectores empresarios privados, estatales o mixtos que alienten y sustenten la construcción de centrales hidroeléctricas, nucleares y eólicas.

6. El financiamiento de esta nueva política energética requiere asimismo novedosos instrumentos, que no limiten su desarrollo a los tradicionales requerimientos llave en mano a los grandes proveedores internacionales (China, Estados Unidos, Europa), sino que también indaguen en los bancos internacionales de fomento, en la asistencia de los países hermanos de Latinoamérica, en mecanismos locales de inversión, en los tradicionales fondos energéticos y en la financiación estatal.

Por todo ello esperamos que este preacuerdo –que deseamos llegue pronto a un buen final– signifique el comienzo de una nueva etapa en la política energética, y en una renovada legislación que traduzca los cambios operados en este sector.