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Las familias necesitan un ingreso para comprar alimentos, y también servicios de salud, colegios, una vivienda y espacios de recreación y juego. Esto permite visualizar todas juntas múltiples acciones en las que intervienen el Estado, las familias, el mercado y la comunidad, proveyendo bienestar. En ese sentido se habla de la “integralidad” con la que deben contar las políticas. Más allá de ello, lo concreto es que las políticas públicas tienen que actualizarse continuamente y esto tiene que hacerse no en cualquier sentido, sino orientándose al horizonte de mejorar la justicia distributiva, reparar y ampliar derechos, es decir, son conquistas sociales que tienen que ser entendidas como un “blanco móvil”, promoviendo cada vez más el desarrollo humano.

La Asignación Universal por Hijo y por Embarazo se constituyen en un ejemplo al respecto. El derecho a la seguridad social en la niñez se extendió comprendiendo a sectores que antes no accedían, a la par que también promueven el derecho a la salud y a la educación. Se sentó así un piso de ingresos y se desarrolla el capital humano. Pero a la par, medidas como ésta se configuran también en una puerta de entrada para articular y ampliar derechos. Por eso me he referido en diversos trabajos al cambio de paradigma que implican al pasar de la “protección restringida” de los ’90, que limitada el alcance de los derechos, al paradigma de la protección “ampliada” de la infancia. En los pasos que siguen se abren dos derechos a considerar: el “derecho al cuidado” en la niñez y el “derecho de acceso al crédito” para sectores populares.

Por un lado, el “derecho al cuidado” en la primera infancia refiere, entre otros aspectos, a universalizar jardines de infantes y guarderías para promover el desarrollo infantil. El requisito de escolaridad y control de la salud de embarazadas y niños de la Asignación Universal por Hijo ha interpelado a los sistemas de salud y educación que en un país federal como el nuestro están a cargo de las provincias, a la par de traccionar su necesidad de mejora. Si bien hay todo un debate sobre la condicionalidad o no en medidas de este tipo, destacando que un derecho nunca puede estar condicionado, sino que en todo caso puede establecerse una corresponsabilidad, el hecho concreto es que estos esquemas pueden impulsar mejoras de la salud y educación si se fortalece su oferta.

En Argentina tenemos cobertura casi universal de la escolaridad del primario, pero grandes brechas de acceso se presentan en la educación inicial, más si consideramos que el horizonte debiera ser que la educación esté garantizada desde que un niño nace, como señalan la Unesco y los compromisos establecidos en la Cumbre Iberoamericana de los Derechos del Niño. Esto es importante no sólo porque la estimulación temprana tiene impactos en el desarrollo de vida a futuro y sienta bases, sino que también incide sobre el trabajo de las mujeres. Un tercio de los hogares del país tiene jefatura femenina, además de que son las mujeres quienes se cargan las tareas de cuidado que, lejos de ser algo que deba resolverse de forma individual, en el mundo privado, es una responsabilidad pública y de todos, y son indispensables para la reproducción social de la fuerza de trabajo.

Los anuncios de las últimas semanas van en este sentido. Por un lado, se anunció el envío de un proyecto de ley que busca adelantar la obligatoriedad de la educación de la sala de 5 años (preescolar) a la sala de 4 años y universalizar la de 3 años. También se anunció un fondo de infraestructura especial con inversión del Estado Nacional a las provincias para garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a partir de la sala de 4 años, a través del cual se invertirán 750 millones de pesos para construir 2000 salas de jardín de infantes para niños de cuatro años. Anuncios así no pueden pasarse por alto. Hay que avanzar así en el “derecho al cuidado”, que implica desplegar una agenda que garantice “tiempo” para cuidar, “dinero” para cuidar y “servicios” de cuidado.

Por otro lado, se requiere avanzar en una medida de “derecho en el acceso al crédito” para los sectores populares para que no sean afectados por usureros y posibilitarles invertir en insumos necesarios para vivir. Cada política pública conforme se implementa genera diversas políticas privadas. Es como un juego de ajedrez. La envergadura de recursos invertidos por la AUH y AUE ha permitido motorizar el consumo. Las madres titulares de la AUH y AUE, que son quienes administran los recursos, los destinan a cuestiones de primera necesidad (alimentos, útiles escolares, remedios), como lo demuestra la experiencia internacional en medidas del tipo. También, dado que la emergencia del “hambre” no es como en 2001 –en todo caso las dificultades refieren más a malos hábitos alimentarios expresos en la obesidad oculta, anemia– y a que la prestación se recibe con periodicidad, ha sido posible que los sectores más vulnerables puedan comprar en cuotas electrodomésticos o zapatillas.

A partir de este circulante de dinero garantizado por la AUH y AUE se constata que si bien siempre existieron prestamistas usureros, esta modalidad de préstamos se ha incrementado en las barriadas del conurbano, endeudando a las familias. Del mismo modo que la tarjeta Argenta para jubilados ha posibilitado evitar que a los adultos mayores se los explote cobrando tasas de intereses altísimas y aprovechándose de ellos, debiera desarrollarse un política pública que facilite el acceso al crédito a estos sectores y no dejar que un mercado especulativo lo haga.

Claro que esto no podía hacerse en un inicio. Son aspectos que se van planteando en el desarrollo de las intervenciones y sobre los que el Estado debe ir continuamente analizando, revisando y actualizando sus propuestas. Medidas en este sentido son otra puerta de entrada para motorizar el consumo y la economía. Son 3,5 millones de niños y niñas y 1,8 millón de titulares de la AUH, ascendiendo a más de 10 mil millones anuales la inversión realizada, que no sólo benefician a los niños y sus familias, sino que también se vuelcan al mercado.

La inversión en jardines de infantes también implica generar puestos de trabajos tanto para la construcción edilicia como para brindar servicios de cuidado. Y esto va más allá, al posibilitar que las madres puedan tener mayores oportunidades de elección para finalizar sus estudios o aceptar trabajos en mejores condiciones laborales. Sólo así, con medidas que hagan justicia económica y promuevan igualdad de oportunidades, podremos ir incidiendo sobre las dobles transiciones familiares y posibilidades diferenciales que tienen los hogares en países como el nuestro y de América latina, donde la desigualdad aún presenta amplias proporciones.

* Licenciada en Ciencia Política de la UBA y magister en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.

Directora ejecutiva del Cedep.

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