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A comienzos del presente año, una vez producida la devaluación del peso en el mercado de cambios oficial y en un contexto de zozobra sobre el futuro de la economía, el presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, planteó que “guardar la cosecha y no venderla toda junta es un acto de responsabilidad”. Si bien la corrida finalmente cedió, las razones pasaron más por la reglamentación a la baja de las tenencias de dólares de los bancos, una mejor administración del dólar turista y de compras con tarjeta, y una menor autorización de importaciones de bienes y servicios, que por la liquidación de la cosecha stockeada de soja –con la excepción de los 2000 millones de dólares liquidados por las grandes cerealeras tras un acuerdo con el Gobierno en el mes de febrero–.

La “responsabilidad de guardar y no vender” la cosecha continuó en la nueva campaña pese a que la suba interanual del dólar oficial es del 50 por ciento, bastante por encima de las estimaciones de inflación (aun las más exageradas). Pese a esa mayor competitividad y sin el habitual argumento del “retraso cambiario”, la liquidación de una cosecha record de 2013/14 evolucionó apenas por arriba que la del año anterior, hasta reducirse incluso en los últimos meses. El retraso en la liquidación de la cosecha iría de un cuarto a un tercio, según puede desprenderse del estudio de la información del Minigri y el Oncaa, es decir, entre 11 y 18 millones de toneladas de porotos.

La retención de la cosecha se produjo pese a que se esperaba que los precios internacionales se redujeran, tanto por el posible impacto de una suba de tasas de los bonos del tesoro de los Estados Unidos (que compiten con el precio de las materias primas, en gran parte determinado por motivos de especulación financiera), como por la previsión de una buena cosecha en el país del Norte. Esa tendencia que se manifestaba en la existencia de precios de venta a futuro por debajo de los que regían finalmente se produjo: la tonelada de soja, que a mediados de año se exportó a 530 dólares, esta semana se comercializó a 405. Un retroceso de 125 dólares que multiplicado por las cifras de la cosecha retenida significó pérdidas para el país del orden de 1375 a 2250 millones de dólares.

Para el productor, el precio de la tonelada de soja en Rosario se redujo en 600 pesos en los últimos cuatro meses. Para obtener hoy la misma rentabilidad que hubiera obtenido vendiendo en junio e invertido en un plazo fijo, el dólar oficial debería dispararse a los 10,63 pesos. Es decir que se requiere una devaluación del 26 por ciento de la moneda nacional para que el productor recupere lo perdido por no vender a tiempo, sin considerar el futuro impacto de la suba de la divisa en los costos de producción de la próxima cosecha.

Los costos para la sociedad argentina de una devaluación que compense las pérdidas autoinfligidas por el sector pueden predecirse de la experiencia de este verano. Un incremento en 10 puntos en la inflación general y de 20 puntos en la de los alimentos que desgaste –hasta que se efectivicen nuevos aumentos– el poder de compra de los salarios, jubilaciones y asignaciones, afectando el consumo, las ventas empresariales y la actividad económica general. Menor ingreso de dólares para el país, menores ingresos en pesos para el productor, y la amenaza latente de una devaluación que afecte negativamente a la sociedad argentina indica que el verdadero acto de responsabilidad de la dirigencia rural que incentivó el stockeo de granos debería ser el de dar un paso al costado.

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