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Las prácticas económicas y comerciales abusivas de parte de productores en mercados sensibles y empresas con posición dominante les reportan una ganancia adicional a la habitual generada por el giro de sus negocios, perturba el funcionamiento del encadenamiento económico hacia las pymes y castiga el bolsillo de los consumidores. El libre funcionamiento del mercado sin regulación estatal abona el terreno para desarrollar esos comportamientos que favorecen la concentración económica y la desigualdad. Es importante tener en cuenta que el Estado siempre interviene en la economía, tanto cuando no fija normas para restringir esos abusos como cuando lo hace para limitarlos.

La economía argentina no sólo está altamente concentrada y extranjerizada, sino que la tasa de ganancia de las firmas se ha más que triplicado en varios sectores a lo largo de pocos años. Esta tendencia no es un fenómeno nacional, sino que la concentración y centralización es una característica propia del capitalismo. Por eso es fundamental que el Estado se haga presente, para limitar las aspiraciones del capital concentrado tanto local como del exterior. En Argentina, desde 2003 se han aplicado políticas públicas y se ha avanzado mucho en decisiones que tienden a modificar la estructura de propiedad y por ende productiva de algunos mercados, pasando a la órbita pública tanto grandes empresas transnacionalizadas (Aerolíneas Argentinas, YPF, AySA), como aquellas que se encontraban en manos de grupos económicos locales (Correo Argentino, Ferrocarriles). También se actuó generando marcos jurídicos, como el caso de la Ley de Medios Audiovisuales, que pone límites precisos a la propiedad de activos que pueden estar en manos de un mismo grupo económico, obligando a la desconcentración del mercado.

Sin embargo, no se han realizado modificaciones profundas en las estructuras jurídicas o legales que generaron la institucionalidad del neoliberalismo y que continúan vigentes. En este último aspecto es donde se encuentran los principales desafíos a afrontar en el futuro, y las modificaciones sobre la ley de abastecimiento apuntan en este sentido.

En la Argentina hay 700.000 empresas chicas y medianas, y sólo 5000 grandes. Para el 2012 las cien empresas de mayor tamaño explicaban el 66,3 por ciento del valor agregado, en tanto que las 50 mayores lo hacían con el 51,3 por ciento y 4 de ellas con el 12,1 por ciento.

El mercado alimentario es uno de los más concentrados:

- En el caso de la cerveza, las multinacionales Quilmes, Cicsa Y CASA Isenbeck se reparten el mercado a través de las marcas Quilmes, Schneider, Heineken, Stella Artois, Brahma, Warsteiner, entre otras.

- En yerba mate el 50 por ciento depende de Las Marías, Hreñuk, Molinos Río de la Plata y La Cachuera.

- El 78 por ciento de los enlatados los produce Arcor.

- El 75 por ciento del azúcar blanco la produce Ledesma –del empresario procesado por delitos de lesa humanidad Pedro Blaquier–.

- Dos empresas (Bagley Argentina y grupo Arcor) y la multinacional Kraft controlan el 60 por ciento del mercado de galletitas.

- En panificados, Bimbo, multinacional de capitales mexicanos, controla el 80 por ciento de la producción a través de las marcas Fargo, Bimbo y Lactal.

- Dos empresas de capital nacional (Mastellone/La Serenísima y Sancor) controlan el 82 por ciento de la producción de leche.

- Coca Cola y Pepsi controlan el 82 por ciento del mercado de gaseosas.

- Cuatro empresas multinacionales (Unilever, Johnson & Son, Procter & Gamble y Reckit Benckiser) controlan el 83 por ciento del mercado de productos de limpieza (jabón en polvo, lavandina, desodorantes, detergente).

En otros sectores de la economía la concentración también es muy alta:

- Siderar, del Grupo Techint –Rocca–, controla la producción de chapas del país.

- Dow Argentina, de capitales norteamericanos, controla toda la producción de polietileno, insumo clave para la industria plástica.

- Dak Americas, de capitales mexicanos, controla toda la producción de PET, otro insumo clave para la industria plástica, como las botellas de gaseosa.

- Aluar, de capitales argentinos, controla toda la producción de aluminio.

- Cuatro empresas (las multinacionales Loma Negra, Holcim y Avellaneda y la empresa de capital nacional Petroquímica Comodoro Rivadavia) controlan la producción de cemento.

La reacción de las cámaras del establishment contra una ley que busca avanzar en términos de la capacidad de regulación del Estado en los mercados (Ley de regulación de las relaciones de producción y consumo), con el objetivo de proteger al eslabón más débil de la cadena, el consumidor, y mejorar la dinámica macroeconómica, deja en evidencia su irrestricta defensa del propio interés, en detrimento del general.

Las herramientas normativas con las que cuenta el Estado existen también en las economías desarrolladas tan admiradas por el establishment local, para evitar el castigo a consumidores por parte de grupos concentrados, así como también para proteger a pymes del abuso de posición dominante de grandes firmas. En Suecia hay control de precios mínimos y máximos, y en Estados Unidos existen penas de hasta diez años de prisión. Todos los países del mundo cuentan con la posibilidad, cuando hay una situación extrema de desabastecimiento o de abuso de poder de mercado, de aplicar una multa o alguna sanción.

La existencia de monopolios implica una situación de mercado menos competitiva, cuya particularidad esencial es que la empresa puede fijar el precio y, en el caso de la existencia de un oligopolio, donde existe un pequeño conjunto de oferentes del mismo producto, existe la posibilidad de que actúen de forma similar a la de un monopolio, a través de comportamientos de colusión o de formación de cárteles. En cualquier caso, la teoría económica da fundamento a la regulación estatal para tratar de poner freno a las citadas conductas anticompetitivas, que implican deterioro del bienestar social debido a la disociación de precios y costos privados respecto de precios y costos sociales. En cuanto a los efectos distributivos, el consenso teórico da cuenta de que la existencia de monopolios introduce un sesgo regresivo en el bienestar. Como toda tasa de ganancia implica un margen sobre sus costos y éstos son fundamentalmente los salarios, una tasa de ganancia generalizada más alta implica una distribución del ingreso más regresiva y una participación del salario sobre el producto total menor.

En el contexto económico actual, donde el gran desafío es el de reducir la tasa de inflación, pero sosteniendo la actividad económica, con medidas de política económica expansivas, que apunten a estimular la demanda efectiva, es que se plantea la discusión sobre la rentabilidad empresaria excedente, los comportamientos especulativos y abusivos de parte de sectores concentrados con poder de mercado y de formación de precios. La disputa de fondo está relacionada con un conflicto por puja distributiva, en el cual las modificaciones propuestas apuntan a avanzar hacia una sociedad más igualitaria, defendiendo los derechos de aquellos más desprotegidos y conduciendo a un círculo virtuoso en lo que respecta a consumo, inversión y crecimiento económico.

* Economista LGM, Profesor e investigador UNM y UBA.

** Estudiante avanzado de Economía (UBA).