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Hace unos días, utilizando como argumento el “poco” peso de las retenciones en el conjunto de la recaudación, la Sociedad Rural –a través de un informe que no se encuentra disponible online y sólo fue citado por los diarios Clarín y La Nación el viernes 13/11– persigue un claro objetivo: eliminar totalmente las retenciones. Entre los recientes anuncios del próximo gobierno de Macri, se adelantó la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, girasol y carne, y la reducción de 5 puntos porcentuales a las retenciones de la soja (en un plan de escalonamiento).

En los últimos años se ha incrementado el peso de la recaudación en la mayoría de los impuestos que dependen del dinamismo económico interno, la generación de empleo y el aumento del consumo (IVA, Ganancias, y contribuciones a Seguridad Social), mientras que, dada la caída de los precios internacionales y de las cantidades exportadas, se redujeron en las retenciones o derechos de exportación.

Las retenciones en 2003 significaban el 13 por ciento de lo recaudado, se mantuvieron en el 10 por ciento hasta el 2008, recuperándose para el año siguiente y llegando nuevamente al 13. Sin embargo, desde 2012 comienza la caída: representan 9 por ciento de la recaudación en ese año, el 6 en 2013 y 7 en 2014. En el acumulado del 2015 (enero-octubre) su peso se redujo a 5 por ciento, no sólo como resultado de crisis internacional que impactó en un menor nivel de precios de exportaciones sino también por la significativa retención de la cosecha por las expectativas devaluatorias derivadas de las propuestas del candidato de Cambiemos (se estima que actualmente se acumulan en granos de soja en silobolsas cerca de 10.000 millones de dólares).

En ese contexto, el “campo” pretende a través de una situación coyuntural conseguir un cambio estructural: la eliminación de las retenciones para todos.

Por otro lado, debe señalarse que las retenciones a la soja (granos, aceites, harinas y subproductos) representan cerca del 85 por ciento de los derechos de exportación totales. Al no existir las razones de falta de competitividad para la eliminación del gravamen dada la cosecha record de soja en la campaña 2014/2015 (60,8 millones de toneladas) y por el mejor desempeño exportador en cantidad de toneladas exportadas en los ocho primeros meses de 2014 respecto al mismo período de 2015, sólo pueden recurrir a un argumento fiscal (o a excusarse en las economías regionales) para justificar la eliminación.

Se estima que la incidencia de los derechos de exportación sobre el PBI durante 2014 significó el 1,9 por ciento, siendo el peso de las retenciones de la soja en dicha estimación del 1,6 por ciento del PBI. Por ello, a pesar de que los dirigentes de la SRA “están convencidos de que eliminar o reducir el peso de las retenciones, como proponen los candidatos presidenciales, tendría un “escaso impacto” en los ingresos del Estado”, ese “escaso impacto” equivale a la inversión necesaria para garantizar derechos a 7.800.000 niños y niñas menores de 18 años. Efectivamente, la inversión en Asignación Universal por Hijo (que cubre a 4.100.000 niños) y en Asignaciones Familiares (que cubre a 3.700.000 niños) significa el 1,1 por ciento del PBI.

En el caso de la soja se coparticipa en un 30 por ciento a las provincias a través del Fondo Sojero, el cual representó durante el 2014 la distribución de 14.704 millones de pesos. Poco se considera la importancia de estos fondos para la solvencia de las provincias. Entre las que más reciben se encuentra la Provincia de Buenos Aires (3118 millones de pesos), Santa Fe (1269 millones de pesos), Córdoba (1261 millones de pesos), Chaco (708 millones de pesos), Entre Ríos (693 millones de pesos), Tucumán (675 millones de pesos) y Corrientes (528 millones de pesos).

Los derechos de exportación tienen como principal finalidad el control de los precios internos: su eliminación se traduciría en el acople de los precios locales a los internacionales, y por ende en el automático impacto en un mayor nivel de precios de la canasta básica (dado que los bienes exportados por Argentina son alimentos o “bienes salario”). El anuncio de eliminación de retenciones ya muestra sus efectos:

- Gerardo Di Cosco (Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Rosario) explicó que “las autoridades de la Federación Molinera nos dijeron que esperaban una rebaja de retenciones y que iban a trasladarla al precio de la harina (...) se adelantaron y en una semana aumentaron un 30 por ciento la bolsa de harina”. Además, “la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad, alertó que la especulación empresarial basada en una posible eliminación de las retenciones agropecuarias y la promesa del dólar a 16 pesos, impacta en el precio de la harina lo cual se está trasladando a las góndolas”.

- Bondone, especialista en carne de la Federación Agraria, indicó que se dispararía “el precio de la carne al consumidor entre un 100 y un 150 por ciento”

- En las pastas los incrementos de precios ya se verán reflejados en un 10 o 12 por ciento” expresó Jorge Alonso, empresario de la panificación

La quita de retenciones no garantiza el beneficio de los productores. Por su mayor capacidad de fijación de precio es el exportador quien cuenta con las de ganar. Es claro en la cadena de producción de trigo. Se visualiza en el último tiempo un aumento creciente de la diferencia entre el precio que se le abona al productor de trigo y el precio al que efectivamente se vende el trigo en Matba. Es decir, hay comportamientos tendientes a provocar transferencia de recursos en el interior de la cadena de valor, pero no como resultado de la “intervención perniciosa” del Estado en el mercado, sino como expresión de la resistencia de algunos actores a la aplicación de los cupos de exportación, especulando con el precio internacional.

Los eslabones concentrados de la cadena de comercialización (las diez primeras empresas exportadoras concentraron el 73 por ciento de las ventas de trigo al exterior en 2014) han aprovechado su poder para stockear con el objetivo de obtener ganancias extraordinarias y compensar la merma de ingresos por la caída del precio.

Así, como los comercializadores en las cadenas son los que poseen la capacidad de fijar precio aguas abajo, una mejora en el precio de venta (como ocurre con la eliminación de retenciones) sería sólo eventualmente aprovechada por el eslabón más débil, el productor.

Una medida “horizontal” e indiscriminada como ésta favorece prioritariamente a los cultivos más rentables, como la soja, dado que, por su mayor rinde, supone el desplazamiento y abandono de otras actividades (la porcina, láctea o avícola) por la sojera. Las retenciones inciden en los precios relativos entre sectores agropecuarios, oficiando de barrera al creciente avance de la sojización del campo.

Este planteo oculta además otras políticas en relación con los cultivos que permiten considerar situaciones coyunturales, y sobre todo segmentar entre productores.

1. Se aplicó a comienzos de año una segmentación de retenciones para los pequeños y medianos productores de granos cuya escala de producción se ubique por debajo de las 700 toneladas.

2. El gobierno implementó dos políticas estructurales para la disminución del costo de flete, con amplio impacto en distintos cultivos regionales: la recuperación del tren como medio de transporte de cargas y la Hidrovía Paraguay-Paraná para el caso del NEA.

3. Reglamentación del Observatorio de Precios, cuyo objetivo es el análisis de los procesos productivos y de la apropiación de la renta intracadena, determinando márgenes de ganancias de cada eslabón.

Profundizar un camino de políticas centradas en defender a los más débiles de la cadena, evitando tratamiento igualitario a chicos y grandes, significaría avanzar en un abanico de políticas públicas sectoriales para el agro que sin embargo no se encuentra entre las prioridades de la Sociedad Rural. En este marco, el planteo de la SRA no favorece a aquellos que tienen verdaderamente dificultades en sus producciones sino particularmente a los de mayor tamaño.

En síntesis, distintas razones señalan que la eliminación de las retenciones no responde a genuinos problemas de competitividad o rentabilidad de cultivos regionales, sino a brindar beneficios extraordinarios a exportadores y grandes productores agrarios sin garantizar a priori un derrame equitativo en la cadena y posibilita una peligrosa desregulación de los precios internos que tendría impacto inflacionario.

* Centro de Economía Política Argentina.