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La reforma de la Carta Orgánica del BCRA de 1992 limitó el accionar de la autoridad monetaria. Su tarea quedó reducida a preservar la estabilidad de la moneda. El rol de prestamista de última instancia quedó muy restringido. La nueva norma estableció fuertes restricciones de la operatoria de redescuentos y mercado abierto. En resumen, el sistema financiero se convirtió en un engranaje más del esquema de la convertibilidad. La escisión de esfera monetaria y economía real culminó en una de las mayores crisis económicas de la historia argentina. La última reforma de la Carta Orgánica, impulsada por Mercedes Marcó del Pont, significó un gran avance. La misión de la entidad pasó a ser la promoción de “la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Además, se ampliaron facultades regulatorias y de financiamiento al Tesoro.

El nuevo marco regulatorio posibilitó el lanzamiento de diversas medidas: Línea de Crédito para la Inversión Productiva, instalación de sucursales bancarias en localidades de reducida rentabilidad, tasas mínimas de retribución a los plazos fijos, tasas máximas para préstamos personales, límites al cobro de cargos y comisiones. El accionar de las compañías financieras que otorgan créditos al consumo merece un párrafo aparte. Las elevadas tasas de interés que cobran esas entidades están fuera del marco regulatorio del Banco Central. Las principales víctimas de esos abusos son sectores carenciados que no califican para ser sujetos de crédito bancario.

La expansión de las finanzas a esos sectores vulnerables no tiene nada de virtuoso. La AUH no se va por la “canaleta del juego y de la droga” sino que un porcentaje de esos ingresos termina drenando a las “cuevas” financieras. En esa línea, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sostuvo en su trabajo “Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares” que eso “tiende a generar fuertes vulnerabilidades medibles, por ejemplo en la violencia económica que impacta en las personas que han tomado este tipo de préstamos, quienes a su vez sufren en condiciones más gravosas las consecuencias del proceso de endeudamiento; situación que, en definitiva, refleja uno de los modos en que las condiciones abusivas de ejercicio del poder económico recae sobre sectores sociales medios y de menores recursos”.

El fenómeno esta lejos de ser exclusivo de la Argentina. Los denominados “check casher” norteamericanos obtienen pingües ganancias con el “payday loan”. Ese producto financiero consiste en un préstamo de cortísimo plazo, de apenas unos días, con elevados intereses. La deuda se cancela el día del cobro del sueldo. La periodista Maxime Robin explica en Ser pobre cuesta caro que “un cliente puede obtener un préstamo de 300 dólares por el que deberá pagar 346 el día en que cobre su sueldo. Esta industria, inexistente veinte años atrás, generó 46 mil millones de dólares en ganancias el año pasado”. El universo al que apuntan los “check casher” son los 37 millones de pobres norteamericanos. La mayoritaria localización de esas compañías en los barrios pobres no es casual. El 30 por ciento de la población de esas barriadas no tiene posibilidades de acceder al crédito “formal”, según datos de Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. “Para los pobres, estos establecimientos son la última opción antes de recurrir, por su cuenta y riesgo, a los préstamos callejeros informales, otorgados por los loan sharks (usureros) fuera de cualquier marco legal”, relata Robin.

La actuación de los “check casher” provoca consecuencias sociales devastadoras. Eso motivó que las autoridades neoyorquinas prohibieran esa práctica dentro de los límites de su Estado. “En la actualidad cada hogar dispone, en promedio, de ocho tarjetas de crédito y, según el Urban Institute, la deuda pendiente promedio en créditos por consumo se eleva a quince mil dólares por grupo familiar. Los hogares estadounidense no se endeudan para comprarse una pileta o una cuatro por cuatro, sino para cubrir las necesidades básicas: vivienda, salud, auto, ecuación, seguro”, concluye Robin.

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@diegorubinzal