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El aumento cercano al 700 por ciento en las tarifas eléctricas para el 40 por ciento de la población que durante estos años recibió fuertes subsidios es la consecución de una sostenida campaña de la oposición por modificar regresivamente la política energética llevada adelante durante el ciclo kirchnerista.

Un documento que sintetiza bien las críticas que durante los últimos años realizó esta oposición política, económica y mediática, fue el que difundieron Jorge Lapeña –ex secretario de Energía del gobierno de Raúl Alfonsín, durante los tiempos en que los cortes eléctricos eran moneda frecuente–, por medio de su Instituto Argentino de Energía (IAE) “General Mosconi”, junto a la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Así, el documento titulado “Los subsidios energéticos en Argentina” combina la fórmula utilizada de echar luz sobre puntos oscuros y en efecto cuestionables de la política de subsidios energéticos, junto a la omisión de los diversos beneficios que esta política trajo aparejada para los consumidores del área metropolitana, ya que los gobiernos provinciales eligieron no trasladar a los consumidores finales de sus provincias los subsidios nacionales.

En efecto, el trabajo cuestiona severamente el peso general de los subsidios públicos, al afirmar que pasaron de representar el 0,4 por ciento del PIB en 2005 al 4,1 del PIB en 2015, y en especial los energéticos, que representan el 71,7 por ciento del total, pasando de representar el 0,2 por ciento del PIB en 2005 a 2,9 en 2014. Asimismo, resalta que el 80 por ciento de los subsidios al gas se concentra en los seis deciles de mayor ingreso de la población, y plantea que “una situación análoga” se produce en el caso de los subsidios a la electricidad, ya que “los subsidios en los deciles de mayor ingreso son mayores que los de menores ingresos”, aunque en este caso no emite cifras precisas.

De hecho, la ineficaz distribución de parte de los subsidios ya había sido expuesta en 2013 por los prestigiosos investigadores Jorge Gaggero y Darío Rossignolo, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar), quienes en su trabajo “Simulación de los efectos distributivos de cambios en el gasto público y los impuestos”, demostraban que el quinto por ciento más pobre de la población recibía para 2010 sólo el 6,4 por ciento de los subsidios estatales al sistema eléctrico, mientras que el quinto más rico obtenía el 42,7.

Sombras sobre luces

Con todo, el trabajo del IAE y la ASAP omite los diversos beneficios de la política de subsidios. De acuerdo al saliente ministro de Economía Axel Kicillof, la quita de subsidios “repercute en el bolsillo de la gente y en los costos (de producción) de las empresas, y eso repercute en la productividad y la competitividad de la economía”. Sucede que, en efecto, esta política tuvo como eje cuatro variables fundamentales para el modelo económico que permitió salir de la profunda crisis socioeconómica de 2001, entre cuyas herencias se contaron un sector energético desguasado por los ex secretarios de energía Emilio Apud y Daniel Montamat, quienes como Lapeña han vuelto a la función pública convocados por el ex titular de Shell Argentina y actual ministro de Energía Juan José Aranguren.

El primero de estos beneficios fue otorgarle una mayor competitividad local e internacional a la industria, por medio de un abaratamiento de su producción debido a la energía subsidiada. Luego, incrementar el crecimiento económico por medio del aumento de los niveles de consumo interno, pues los segmentos populares comenzaron a canalizar el dinero “ahorrado” del pago de sus tarifas hacia otros servicios o productos. Por caso, según el centro de estudios Cifra de la CTA, durante el 2013 los subsidios jugaron un papel relevante en el buen desempeño de la economía, al contribuir en un 18,2 a su crecimiento. Paralelamente, cumplieron una función social, al permitir acceder a servicios energéticos a sectores de clase baja que en otras condiciones no hubieran podido afrontar el gasto de la factura. Si bien aquí se puede marcar la falencia de haber subsidiado a sectores altos, no menos real es que en muchos casos los subsidios se canalizaron a pequeños y medianos establecimientos industriales, es decir segmentos no vinculados a los sectores bajos pero sí a la producción nacional. En otra de sus facetas positivas, permitieron contener en parte los niveles de inflación sin apelar a las actuales recetas de ortodoxas de destrucción del consumo, fundamentalmente a partir de 2007, cuando los sectores oligopólicos comenzaron una fuerte remarcación de precios para presionar por la megadevaluación finalmente concretada por el gobierno macrista.

Como era de esperar, estos beneficios no fueron reseñados en el documento de Lapeña ni en las habituales críticas de los actuales funcionarios oficialistas, como tampoco otros elementos que jugaron un papel crucial en el incremento de subsidios. Ellos fueron la duplicación en los niveles de producción industrial, muy demandante de energía, el incremento en el costo del barril de petróleo, que paso de costar cerca de 30 dólares en 2004 a alrededor de 100 durante los años de perdida de abastecimiento energético y necesidad de importación (la energía argentina depende en un 90 por ciento de los hidrocarburos), o los resultados de una política de mayores ingresos para la clase trabajadora, que tuvo como uno de sus saldos la incorporación promedio de cerca de un millón de aires acondicionados a partir de 2010.

Sin contemplación

Si bien el kirchnerismo realizó modificaciones a la política de subsidios energéticas en 2008, 2011 y 2014 –las cuales fueron catalogadas de “tarifazos” e intentadas frenar en el caso del gas a través de cautelares por parte del actual oficialismo–, las mismas fueron insuficientes, al punto que Miguel Bein, el referente económico del ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, había sostenido que los subsidios innecesarios tenían un costo de 50 mil millones de pesos por año, aunque afirmó al mismo tiempo que había “una cantidad igual o mayor de subsidios necesarios”.

El documento del IAE y la ASAP va más allá y plantea como conclusiones que “el conjunto de empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica alcancen en el plazo de un año el nivel de tarifas de acuerdo a lo previsto en los Contratos de Concesión”, así como “Fijar para la energía generada en el Mercado Eléctrico Mayorista un valor medio que recupere todos los costos de generación auditados”. Sin embargo, también plantea establecer (continuar) el subsidio para usuarios vulnerables de todo el país, que debería incluir “como mínimo” a “jubilados y pensionados con haber mínimo, beneficiarios de pensiones no contributivas y de la AUH, empleadas domésticas y beneficiarios de programas sociales nacionales y provinciales”.

Fue el punto que pareció no atender el macrismo. Coherente con su política desplegada hasta el momento de retirar al Estado de cualquier regulación al mercado, solo se mantendrán subsidios a unos dos millones de usuarios frente a los catorce millones que el macrismo considera pobres. Y solo por un consumo de hasta 150 kWh/mes, con lo que tendrán que pagar a precio de mercado todo uso que realicen por fuera de la iluminación, la heladera y el televisor. El ventilador o la plancha, por no nombrar el aire acondicionado, pasarán así a ser artículos de lujo.