A dos meses de asumir la jefatura del Poder Ejecutivo, los funcionarios de Cambiemos siguen responsabilizando al gobierno anterior de los grandes males que aquejan a la economía argentina. Esta práctica facilista de echar culpas a los demás (al mejor estilo de “jugando al huevo podrido”) resulta poco convincente para quienes escucharon de boca de los propios ganadores que el cambio había empezado el mismo 22 de noviembre.

Pareciera ser que instalando la idea de la “pesada herencia”, el nuevo gobierno tiene piedra libre para implementar medidas antipopulares y de alto costo social, que fueron enfáticamente negadas en los discursos electorales, y que hacen de la denominada “campaña del miedo” una realidad que el mismo presidente se encarga de ratificar día a día con sus propias medidas.

Una de las principales promesas de campaña de Cambiemos fue la normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la elaboración de estadísticas “confiables”, principalmente sobre precios. Durante mucho tiempo se criticó el accionar del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, haciéndolo responsable de la manipulación de datos y estadísticas oficiales.

Desafortunadamente para quienes encuentran en el cuestionado ex funcionario kirchnerista un chivo expiatorio por los males de la economía argentina, Moreno dejó su cargo el 2 de diciembre de 2013, antes de que el Indec, dirigido por técnicos de larga trayectoria en la entidad, diera a conocer el nuevo Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu) que había surgido de un amplio trabajo del que participaron universidades, centros de estudio, técnicos y académicos reconocidos a nivel mundial, y que resultaba un índice más representativo de la realidad nacional y de la actual estructura de gastos de la población argentina.

A pesar de ello, el juicio acerca de la fiabilidad de las mediciones sobre el nivel general de precios siguió el mismo derrotero. Durante todo ese lapso, consultoras, legisladores, particulares y economistas desarrollaron sus propias estadísticas, muchas de las cuales se daban por “confiables” a pesar de que la gran mayoría no explicitaba la metodología de cálculo, ni contaba con los recursos técnicos y económicos suficientes para desarrollarlas.

El 19 de diciembre pasado, el elegido por Mauricio Macri para dirigir el Indec, Jorge Todesca, afirmó que en “dos semanas” divulgaría un nuevo índice de precios “provisorio” pero “creíble”. Sin embargo, a los pocos días tuvo que retractarse, al afirmar que no está en condiciones de proporcionar estadísticas oficiales porque “no existen recursos humanos ni materiales” para suministrarlas. O la primera declaración fue inocente y apresurada, o prefirieron “postergar” la publicación de un dato que pondría en evidencia la regresividad del modelo de economía que está impulsando Mauricio Macri. En cualquiera de los dos casos, el gobierno se declara incapaz de proporcionar estadísticas oficiales hasta dentro de ocho meses.

Es válido preguntarse si la suspensión del suministro de los índices de precios por un lapso tan prolongado es mejor que la continuidad del IPCNu, que llevaba dos años de implementación y contaba con el visto bueno de varias universidades, académicos y hasta del propio Fondo Monetario Internacional. En efecto, el 6 de junio de 2014 y el 15 de diciembre del mismo año, el FMI reconoció la implementación por parte del gobierno argentino de todas las medidas específicas que se había solicitado hasta el momento en materia de estadísticas públicas; si bien el organismo sostenía determinadas críticas respecto a la elaboración de las estadísticas oficiales, el 3 de junio de 2015 decidió extender el proceso en curso por un plazo de un año a fin de dar más tiempo para remediar las imprecisiones en el suministro de datos oficiales y emprender un conjunto adicional de medidas específicas.

En consecuencia, el gobierno abortó la posibilidad de mejorar y perfeccionar el trabajo realizado hasta el momento, y suspendió la publicación de datos de gran sensibilidad y utilidad para el conjunto de la ciudadanía y los actores económicos. En pocas palabras, si antes las estadísticas no eran confiables, ahora son inexistentes.

La ausencia de datos y estadísticas oficiales es un hecho de gravedad que afecta el funcionamiento de la economía, ya que además del uso técnico y académico que se hace de las mismas, sirven de referencia para la determinación de variables clave, como son salarios y precios de referencia. Es sencillo tildar de “exitosa” la desregulación del mercado cambiario y la abrupta devaluación que se produjo el diciembre pasado si se omiten deliberadamente los datos que ponen en evidencia los costos asociados a tales medidas; con un IPC oficial el gobierno estaría validando la fenomenal pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el impacto negativo de las medidas sobre los sectores de menores ingresos.

Como se mencionó anteriormente, las estadísticas son un bien público y el Estado está obligado por ley a proporcionarlas en tiempo y forma; las eventuales deficiencias en las estadísticas publicadas hasta el año pasado no son una excusa válida para suspender totalmente su suministro. Después de tanto empeño y tesón por criticar las estadísticas oficiales, la realidad confrontó a las nuevas autoridades con la incapacidad de cumplir con las expectativas básicas, quedando en evidencia que una cosa es decir, y otra muy distinta es hacer, y que la idoneidad para gerenciar empresas no implica necesariamente aptitud para dirigir el Estado.

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