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A mediados de enero, el ministro de Hacienda Prat-Gay se refirió a los recientes despidos masivos de empleados públicos señalando que “los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de los militantes”. De esa manera, justificaba el achicamiento de la planta de empleados estatales en sintonía con la vicepresidenta Michetti que mientras despedía a 2035 trabajadores del Senado señalaba que “el Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político”.

Al respecto, la alusión a los “ñoquis de grasa militante” prescinde de un debate necesario sobre el financiamiento de la militancia política por parte de los partidos populares que no reciben el apoyo del establishment. La histórica ausencia de ese debate público termina favoreciendo prácticas de financiamiento poco presentables de la política, que luego alimentan discursos moralistas funcionales a grupos de poder tradicionales que no precisan militancia para sostenerse.

Por otra parte, el Estado, como toda institución, requiere de una burocracia administrativa que posea ciertos conocimientos técnicos pero también una determinada línea político-ideológica. La práctica tradicional es dividir a los empleados estatales en puestos de mando –que responden a una determinada línea político-ideológica–, del resto de los empleados que obedecen órdenes más allá de cuáles sean sus convicciones. La reciente violación de esa práctica por el macrismo, al justificar el despido de empleados que no ocupan puestos de mando por sus ideas políticas, intenta disciplinar a la masa de empleados públicos en términos de obedecer a los nuevos mandos políticos más allá de sus convicciones. A su vez, aprovecha el descrédito de la militancia en parte de la opinión pública fogoneada por los medios de comunicación dominantes en los últimos años para justificar el cierre de áreas administrativas y el despido de empleados públicos más allá de sus capacidades técnicas y su desempeño laboral.

En torno al debate sobre si la planta de empleados públicos se encuentra sobredimensionada, los números no parecen acreditar que sea un dato objetivo, llevando el debate al plano subjetivo del tamaño y las tareas que debe cumplir el Estado. La partida de remuneraciones dentro del presupuesto nacional de 2015 representó el 11,6 por ciento de los gastos del Estado Nacional, casi el mismo porcentaje que representaba en el año 2003 (11,5 por ciento). Por su parte, de acuerdo a los datos de aportes laborales a la AFIP, el empleo público tanto nacional, como en las provincias y municipios, se incrementó a una menor tasa que el empleo privado, pasando de representar el 36,6 por ciento del empleo asalariado registrado en 2003, al 33,4 en 2015. Esos números ponen en evidencia que el despido de empleados públicos responde a la intención del gobierno de Mauricio Macri de “achicar” el Estado, en sintonía con la concepción tradicional del liberalismo argentino.

Por otra parte, los despidos masivos de empleados públicos tienen un ojo puesto en la próxima paritaria donde, en palabras de Prat Gay, “cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”. El miedo a perder el trabajo generado en los empleados públicos busca debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos que los representan, permitiendo cerrar aumentos salariales por debajo de la inflación. De esa manera, se proyecta reducir el déficit público y facilitar la colocación de bonos en el exterior (previa claudicación con los fondos buitres), objetivo central del actual programa económico para patear hacia el futuro la escasez de dólares.

@AndresAsiain