A fines del año pasado, durante una entrevista, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, aseguró que “cuando vas al almacén y al supermercado, ya medís los precios. No necesitás que el Indec te lo diga”. La visión del ministro parecía un poco optimista ya que un seguimiento individual de los precios que resulte preciso es por demás difícil. Pero en tiempos de internet y ciudadanos que parecen cada vez más dispuestos a ocupar los espacios vacíos (o vaciados), el guante fue recogido por varios colectivos que coordinaron un Indice de Precios Populares (IPP).

La licenciada en Economía (UBA) y magister de la Universidad Torcuato Di Tella, Eva Sacco, especialista en econometría y estadísticas, decidió hacerlo con un sistema metodológicamente válido. Junto con otros profesionales, varios de ellos antiguos trabajadores de la secretaría de Comercio Interior, decidieron continuar con las tareas que desarrollaban dentro del Estado, pero desde afuera. Por eso adaptaron la metodología del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu) del Indec.

“El Indec es la institución que realmente tiene los recursos y la infraestructura para medir la inflación. Nosotros no podemos hacer lo mismo, pero sí podemos hacer al menos un parte del trabajo”. Ante el vacío estadístico, asegura Sacco, es importante contar con al menos algunos indicadores que permitan a los trabajadores negociar en las paritarias. Lo que hicieron entonces, ante la imposibilidad de mensurar todas las variables que determinan la inflación, fue enfocarse en alimentos, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal, ponderados de acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012/2013 en la que se analizaron los consumos de la población. Estos productos representan cerca de un 25 por ciento de la canasta familiar. Así comenzaron en noviembre y pudieron dar un salto a partir de enero al intensificar el uso de la tecnología: “Gracias a la intervención del equipo técnico de la ONG Altermundi, pudimos utilizar una plataforma virtual a la que acceden los relevadores voluntarios de precios de todo el país. Eso nos está permitiendo tener más datos, federalizar el índice y sumar nuevos voluntarios”.

En la página de la iniciativa (http://indep.libre.social) se pueden ver los grupos que trajinan los supermercados de todo el país, desde estudiantes de la Universidad de Rosario, hasta personas que se organizaron en comunas a través de los grupos de Facebook “Resistiendo con Aguante”. Además de las capacitaciones necesarias para el relevamiento, como en algunos de los negocios hay rechazo a ser controlados, los organizadores dan consejos sobre cómo manejarse de forma segura. Con esta información el 8 de marzo presentaron su informe de febrero en el hotel Bauen.

¿Cuál fue el resultado? El estudio de febrero con datos de CABA-AMBA, Cuyo, región Pampeana y Patagonia, señala una inflación en la canasta familiar del 3,66 por ciento con un pico de 7,85 por ciento en la primera de las zonas mencionadas. Los aumentos de precios desde el 1º de noviembre hasta fines de febrero contemplando solo capital y AMBA ascienden a más de 46 por ciento: en febrero en esa región la canasta subió un 7,85 por ciento. “Este resultado está muy por encima de los índices de inflación generales que se dieron”, explica Sacco “Esto se debe a que evaluamos solo una parte de la canasta y en ella están los alimentos, uno de los rubros que más aumentó en este período por tres factores: en primer lugar la devaluación anunciada y luego concretada que aumenta automáticamente los precios de alimentos exportables o con insumos exportables, como podrían ser los pollos que comen maíz. En segundo lugar está la baja de las retenciones que mejora aún más los precios de exportación de algunos alimentos que repercuten en los costos internos; y, en tercero, que se redujeron los controles a los formadores de precios monopólicos u oligopólicos que también dolarizaron su ganancia aunque sus gastos sean en pesos”.

El informe tiene un total de veinte páginas e indica, por ejemplo, que el 29 de febrero una familia tipo en CABA necesita 9235 pesos, casi 2800 pesos más que el 1º de noviembre para no caer en la pobreza.

En Observando Precios se conjugan múltiples elementos: por un lado la necesidad de contar con datos que no provee el Estado; por otro, una parte de la sociedad que parece dispuesta a salir a generar alternativas, que se capacita y se junta para buscar soluciones por fuera de estructuras tradicionales. Un tercer elemento, nada menor, lo dan las herramientas informáticas que van desde un software de código abierto en el que colaboran diversos programadores y que cualquiera puede auditar, videos en youtube o charlas por Skype para las capacitaciones a distancia y las redes sociales que dan a conocer los resultados y convocan a nuevos actores a sumarse desde distintos lugares