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Debió aceptar, aún estando en campaña que “la política del Gobierno de cancelar toda la deuda pública que vencía para seguir con la política de desendeudamiento” era “muy buena para el próximo gobierno”. Y es que Federico Sturzenegger, actual presidente del Banco Central, parecía imposibilitado de negar lo evidente, como era lo favorable que resultaba que la Argentina haya logrado reducir su deuda pública del 166,4 por ciento del PBI en 2002 al 40,5 por ciento en 2015. Aún más, de acuerdo al Estudio Bein, si para fines del año pasado se excluía la deuda intra-sector público y con organismos multilaterales, es decir aquella fácilmente refinanciable, la deuda del Estado con privados era “apenas 10,3 puntos del PIB, de los que sólo 7,2 puntos son en dólares”. Dato este último que también contrastaba fuertemente con la herencia recibida por el kirchnerismo, pues en 2002 la deuda nominada en dólares representaba el 95,2 por ciento del producto.

Según el Centro Cifra de la CTA, durante este año los vencimientos en moneda extranjera ascenderían a 18.357 millones de dólares, pero descontando las letras intransferibles al Banco Central los vencimientos disminuían a 8827 millones, una cifra que no revestía mayores dificultades, si se tiene en cuenta que durante los últimos doce años se abonaron vencimientos por 145.000 millones de dólares. En su informe Cifra consignaba de todas formas un “pico de vencimientos” en 2017, por 16.145 millones de dólares, que luego bajaría nuevamente a 10.742 millones en 2018 y a 8234 en 2019 (sin contemplar la deuda con los buitres).

Así, bajo las sólidas condiciones en materia de vencimientos de deuda en que se encuentra nuestro país, el apuro por cerrar el conflicto con los buitres, -brindándoles incluso más beneficios que los que ellos mismos habían propuesto obtener para llegar a un acuerdo con el anterior gobierno-, solo resulta entendible por la ansiedad del actual gobierno de regresar al ciclo de valorización financiera implementado durante la dictadura cívico militar, el menemismo y la Alianza, tiempos en los que el endeudamiento permitió ocultar a la sociedad reformas estructurales regresivas en lo económico y propiciar al mismo tiempo formidables negocios para el sector financiero.

Las razones que brindó el gobierno para justificar su apuro en cerrar un acuerdo con los buitres -que naturalmente fue utilizado por estos fondos para lograr los máximos beneficios- fueron la necesidad de regresar al crédito externo. Pero lo cierto es que el año pasado se tomaron 1415,9 millones a través de los bonos Bonar 2024, con lo que se demostró que el crédito externo no era inexistente. Si bien debido al conflicto buitre la tasa fue alta (8,75 por ciento), el prestigiosos profesor Aldo Ferrer señaló al respecto que la misma era “una especie de inversión en soberanía”, ya que convenía “pagar un poquito más de intereses en el marco de una política económica independiente, que no tiene condicionalidades”.

De hecho, la vuelta a los mercados de créditos ya había sido decida por el gobierno anterior debido a la disminución del superavit comercial, que había descendido de 12.225 millones de dólares en 2012 a 6653 millones en 2014, en medio de una desaceleración económica provocada en la crisis financiera mundial. Pero los montos implicados no guardaron ni la más mínima relación con lo que en menos de tres meses está implementando el gobierno de Macri. Así, luego de convertir a dólares el 27 por ciento del swap que el anterior gobierno firmó con China, es decir hacerse de un ingreso líquido por 3086 millones, el actual gobierno tomó nueva deuda por 5000 millones de dólares en lo que Alfredo Zaiat denominó el Megacanje II, y está buscando emitir bonos por otros 15.000 millones de dólares, que impulsó al Financial Times a definir que Argentina emitirá la deuda más grande en veinte años de un país en desarrollo y a una tasa no menor al 8 por ciento, es decir muy similar a la que había logrado el anterior gobierno sin acordar con los buitres.

Quedó claro, así, a qué se refería Sturzenegger cuando elogiaba el desendeudamiento. No era, como para el anterior gobierno, la posibilidad de fijar políticas económicas soberanas sin la presión y el condicionamiento de los acreedores, sino la de tomar deuda de forma creciente para llevar adelante un programa neoliberal