Edesur prestadora del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en doce partidos de la provincia de Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente) ha presentado en forma reciente sus estados contables correspondientes al 31 de diciembre de 2015 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La empresa, controlada por el Grupo italiano ENEL, informa una ganancia integral total neta de 1330,1 millones de pesos, frente a una pérdida integral total neta de 1358,5 millones de pesos en 2014. Este resultado se debe principalmente a los efectos de la Resolución Nº 32 de 2015 de la ex Secretaría de Energía que habilitó un incremento transitorio sobre los ingresos de Edesur con vigencia a partir del 1º de febrero de 2015 destinado exclusivamente al pago de la energía que adquiere al mercado eléctrico, de salarios y de provisiones de bienes y servicios, a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral. Los ingresos no se trasladaron a la tarifa sino que provinieron de la diferencia entre el Cuadro Teórico publicado y el de aplicación, cubiertos mediante transferencias de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) con fondos del Estado Nacional.

Pese a ello, Edesur presenta un capital de trabajo negativo de 3790 millones de pesos, como consecuencia de la deuda contraída con Cammesa para financiar la operación de la compañía y suplir de esa manera el “retraso tarifario”. El presidente del directorio de la empresa, Mauricio Bezzeccheri, concibe en la carta dirigida a los accionistas como una “clara señal de cambio” la declaración de la emergencia para el Sector Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017 (decreto 134 de 2015) y las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería 6 y 7 de 2016 que ajustaron los precios de referencia de potencia y energía y del Valor Agregado de Distribución de los cuadros tarifarios de Edesur y Edenor.

Bezzeccheri, consideró que los resultados positivos “representan el comienzo de una nueva era para Edesur” y agregó que “gracias a las nuevas medidas de regulación establecidas por el gobierno, ahora tenemos un marco jurídico estable que nos permitirá planificar nuestras inversiones de manera más eficaz”.

En ese sentido, la empresa comunicó que la inversión durante 2015 alcanzó los 2502 millones de pesos, un 20,6 por ciento superior a la del año anterior (2075,2 millones), que “permitieron ejecutar un Plan de Obras extraordinario, en parte financiado por el Estado Nacional mediante desembolsos administrados por el “Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (FOCEDE)”.

El FOCEDE es un fideicomiso constituido a través de la resolución 347 de 2012 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que autorizó a Edenor y a Edesur a aplicar un monto fijo diferenciado para cada una de las distintas categorías de usuarios, efectivizado a través de la factura, con destino exclusivo a inversiones para la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento correctivo de las instalaciones, que se deposita en esa cuenta. Posteriormente, la resolución 3 de 2014 del Ministerio de Planificación estableció que las inversiones a realizar con los fondos provenientes del FOCEDE fueran decididas por la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de ese Ministerio. Es decir que el Estado pasó a administrar eso fondo, indicando a las distribuidoras privadas el destino de las inversiones y controlando su cumplimiento.

Sin embargo, el FOCEDE acaba de ser eliminado por la resolución 7 de 2016 y, hasta ahora el Ministerio de Energía y Minería no ha instruido a las empresas distribuidoras a presentar un plan de inversiones para el año en curso pese a otorgarles el aumento tarifario; y sólo restringió el giro de dividendos a sus accionistas.

Bajo estas condiciones, el sector eléctrico volverá a regirse por el modelo de contrato que primó en la década del noventa, denominado de “regulación por calidad o regulación por resultados”. Los contratos de concesión no establecen un plan de inversiones y obras a ser realizadas, sino que la gestión del concesionario privado se evalúa por la calidad del servicio que presta, medida por la estabilidad en la tensión o la cantidad de cortes. De modo que los entes reguladores sólo pueden asumir un control ex post: las empresas deciden por sí mismas cómo y cuánto invertir, con el único riesgo de sufrir penalidades en caso de que su prestación no alcance ciertos estándares técnicos de calidad. Este esquema fue diseñado por Carlos Bastos, ex secretario de Energía del tandem Carlos Menem-Domingo Cavallo, con el fin de privilegiar el accionar privado por sobre las capacidades del Estado que ni siquiera podía realizar controles ex-ante (antes del suceso), definiendo inversiones. Este esquema evidenció sus límites con el inmenso apagón de febrero de 1999 en el área de Edesur.

Con el nuevo cuadro tarifario en vigencia desde el 1º de febrero, los usuarios deben esforzarse en ahorrar una parte de su consumo eléctrico para suavizar los efectos del tarifazo, más allá de lo que impongan las condiciones climáticas en relación al verano anterior. Al mismo tiempo, deben esperar a que se haga realidad la buena voluntad de las empresas distribuidoras para destinar sus mayores ingresos en inversiones que se traduzcan en una mejora de la calidad del servicio

* Investigador del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).