Celestino Rodrigo. Alfonso Prat Gay

Liberación de las tasas de interés, megadevaluación de la moneda nacional, derrumbe del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, y fuertes aumentos de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos. Esta descripción no es la del primer semestre de 2016, sino el segundo de 1975, cuando el ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, aplicó el plan económico que pasó se conoció como “Rodrigazo”

Fue un plan económico que consistió en una serie de medidas de shock para transferir recursos desde los sectores populares al gran capital. El paquete diseñado por Ricardo Zinn, viceministro de Rodrigo e integrante del Consejo Económico Argentino (CEA) que presidía Alfredo Martínez de Hoz, incluía un ajuste del ciento por ciento de la moneda nacional; duplicaba el precio de los combustibles; la luz y el gas subían entre el 40 y 60 por ciento y el transporte, entre el 80 y 100 por ciento, al igual que las telefónicas.

El plan fue presentado como un inevitable ajuste para resolver la “restricción externa” y disminuir el déficit fiscal. Ambas variables exhibían un comportamiento delicado –el déficit se situaba en el 8 por ciento del PIB, mientras que la presión sobre el dólar implicaba que su valor en el mercado marginal triplicara al oficial–, aunque la dimensión del ajuste no se relacionaba con una economía que solo seis meses antes había crecido en más del 6 por ciento, con un desempleo del 4 por ciento y manteniendo el superávit comercial incluso frente a la crisis del petróleo. Sucedía que, por fuera del objetivo estructural de generar una redistribución regresiva del ingreso, se encontraba la búsqueda de reanudar, en el corto plazo, desembolsos del FMI por 180 millones de dólares, aplicando su programa económico.

Como se esperaba, el efecto inmediato de las medidas fue una letal caída de los ingresos de los trabajadores y jubilados, aunque la reacción social abortó la continuidad de dicho plan a menos de dos meses de haberse implementado, exhibiendo la dificultad de realizar una transferencia de ingresos de los sectores del trabajo a los del capital en el marco del contexto democrático. La CGT resolvió una medida inédita, como fue realizar un paro general contra un gobierno peronista, que además se extendió por 48 horas. Paralelamente, la entonces poderosa Confederación General Económica (CGE) que aglutinaba a los empresarios nacionales, manifestó el rechazo del plan a través de su titular Julio Broner, quien sostuvo que el diagnóstico oficial solo buscaba justificar el “antipopular” plan de shock, pues la situación no tenía “los tintes dramáticos” que se esgrimían desde la conducción económica. De esta forma, CGT y CGE lograron la eyección de Rodrigo a las pocas semanas de haber asumido su cargo, así como del funcionario que lo había designado, el ministro de Desarrollo Social, José López Rega, líder del ala derechista del gobierno.

Mismo plan, diferente reacción

En octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional difundió el informe “Las Américas ajustando bajo presión”. En ese texto rechazó para nuestro país los “controles cambiarios” por “distorsionar los precios relativos” y “erosionar la competitividad”, así como el congelamiento de tarifas, solicitando “la eliminación de subsidios distorsivos y la reducción de la inflación”. Como se esperaba, una vez que la alianza Cambiemos accedió al poder, se comenzó implementar gran parte del manual ortodoxo del FMI, tal como en su momento intentó hacerlo el ministro Rodrigo.

En esta ocasión, se eligió priorizar los aumentos tarifarios, posiblemente porque a diferencia de 1975 las empresas públicas se encuentran en manos privadas. Así, mientras que en la comparación con el “Rodrigazo” el peso se devaluó “solo” un 40 por ciento y el combustible aumentó un 30 por ciento, el alza inicial de las tarifas públicas cuadruplicó en promedio los incrementos de hace 40 años. El Centro CIFRA de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) calculó que el gas tuvo un incremento promedio del 400 por ciento, la electricidad de un 500 por ciento, el agua un 220 por ciento, y el transporte de un 100 por ciento.

Pero con una CGE menguada tras la intervención militar y la destrucción de su base empresaria nacional durante el período neoliberal, y una CGT que en gran medida no renovó la conducción que mantuvo durante el embate que sufrieron los trabajadores en los años noventa, el único sector de las fuerzas productivas que hasta el momento intentó poner un freno a la actual política favorable al capital concentrado –los sectores agroexportadores, finanzas, y empresas multinacionales– fueron la CTA de los Trabajadores, la CTA Nacional y la Corriente Federal de Trabajadores Argentinos. Si bien las cinco centrales sindicales –las mencionadas CTA y las tres CGT- se habían unido para la multitudinaria movilización del 29 de abril, las CGT decidieron abortar los paros generales solicitados por las CTA, aunque resta que ver que medidas tomarán en los próximos meses después de la unificación definida el pasado0 22 de agosto.