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El intento de contrarrestar políticamente la debacle de los principales indicadores sobre la evolución de la economía pasó a un estadio superior. Agotada la esperanza en el segundo semestre, con el fuerte límite establecido por la Corte Suprema a los aumentos indiscriminados de tarifas y la transferencia de 3000 mil millones de dólares a las gasíferas y frente al agotamiento de las permanentes denuncias de corrupción, el oficialismo parece haber pasado a la generación de un peligroso enrarecimiento del clima político.

Hasta el presente la dinámica funcionaba en espejo. Frente a cada indicador negativo de la actividad económica aparecía una nueva denuncia contra funcionarios o personajes vinculados al gobierno anterior. Una lógica similar se verificaba en el debate político. Ante cada crítica por los malos resultados de la nueva gestión, los nuevos funcionarios se escudaron en imputaciones de presunta corrupción contra sus antecesores, denuncias en su abrumadora mayoría jamás comprobadas.

Hoy se asiste a una actitud desesperada del partido judicial-mediático por inventarle causas a la presidenta saliente y sus ministros, desde el absurdo de la causa del dólar futuro a la reapertura de la “Causa Nisman”, demanda ya rechazada en distintas instancias judiciales. Tras el fallo de la Corte Suprema contra el tarifazo al gas y la catarata de revelaciones sobre los Panamá Papers que complican a la familia Macri, se llegó al límite de reciclar y dar por ciertas operaciones armadas en su momento nada menos que por los fondos buitre. El modus operandi posterior es conocido y ya fue revelado al detalle hace muchos años en un libro de “periodismo de investigación” de un ex periodista devenido operador. Primero se hace una denuncia mediática y luego un fiscal amigo la levanta y arma una causa. No importa el destino final del proceso, lo importante es que permite la perduración en las primeras planas de los temas inventados, ya no como una elucubración propia, sino bajo el nuevo estatus de una investigación de “la justicia”.

La semana que pasó, se asistió a un nuevo ejemplo del método, un multimedios y sus alfiles judiciales armaron la operación a la que pomposamente denominaron “Cristileaks”, lo que permitió a un fiscal ad hoc informar a probables superiores en la trama que había puesto a CFK “al borde de la detención”, al parecer el gran trofeo en juego. La divulgación pública del audio motivó una presentación ante el Consejo de la Magistratura y una denuncia penal contra el funcionario judicial, acciones muy probablemente vanas en un entorno en que los principios generales del derecho quedaron subordinados a la voluntad de mayorías circunstanciales.

Pero el problema es que este accionar programado, que se manifiesta en la aparición periódica de nuevas denuncias cada vez con menos impacto político, no alcanza para opacar la dura realidad de los resultados del ajuste neoliberal en curso. Hablar de economía se volvió brindar una catarata de malas noticias, con caída generalizada de los indicadores y deterioro de las condiciones de vida de las mayorías. Por eso el oficialismo se dispuso a jugar una carta todavía más fuerte: el enrarecimiento del clima político; una acción de gravedad institucional en desmedro de la democracia. De manera coordinada todos los medios corporativos, a través de editoriales y sus principales columnistas, comenzaron a instalar una supuesta voluntad de la oposición, “especialmente el kirchnerismo”, de desestabilizar al gobierno por la vía de la exaltación de la protesta social. La idea es por lo menos extraña dentro de la propia lógica: una fuerza política a la que cotidianamente se da por muerta y enterrada, con predilección por el calificativo “residual”, sería ahora capaz de voltear al gobierno.

La acción va en paralelo con la victimización de los titulares de los poderes ejecutivos nacional y de la provincia de Buenos Aires. El hijo de Franco Macri pasará a la historia como el primer presidente que, ya desde los primeros meses de su gestión, teme el contacto con los sectores populares. Esta actitud medrosa supone un costo extra para el erario, ya que todas sus apariciones públicas son acompañadas por kilómetros de vallados y ejércitos de fuerza de seguridad. Todavía no fue aclarado el supuesto piedrazo recibido por su vehículo en un barrio popular de Mar del Plata, pero el hecho es dado por cierto por la prensa corporativa. A la gobernadora María Eugenia Vidal se la presenta como una luchadora contra distintas mafias. Aunque vive en un cuartel militar, la prueba principal de su estado amenazado sería una llamada hecha desde una cárcel por un preso y la aparición de un cartucho de escopeta en un domicilio en el que ya no reside. Al parecer, la oposición debería rasgarse las vestiduras por estos hechos de dudosa existencia real. No hacerlo, según se editorializó, es ni más ni menos que “una confesión tácita” de su participación en la desestabilización.

La realidad, como casi siempre, es más simple. La sociedad comienza a descubrir que las promesas electorales están muy lejos de cumplirse y que la valla de la esperanza se corre cada día un poco más hacia el futuro. Salir de la fuerte caída de la actividad económica no será un proceso sencillo ni de corto plazo. A pesar de la supuesta vuelta a la normalidad monetarista, variables clave para la tranquilidad social como la inflación son un problema mucho mayor que con el gobierno anterior. En particular, preocupa que la actual administración no tenga otra propuesta que esperar los inasibles resultados del ajuste y seguir aprovechando el desendeudamiento heredado para tomar deuda externa hipotecando el futuro. El modelo se propuso como uno de liberación de las fuerzas productivas y aumento de la inversión para generar crecimiento. Sin embargo la inversión cae y sólo se bajaron los impuestos a los más ricos. Las obras públicas siguen siendo una promesa cotidiana, pero las señales del plan de “100 mil millones de pesos” son sólo eso, promesas futuras, amén de insuficientes. El consumo cae, cierran los negocios, las noches urbanas se vuelven despobladas y el desempleo ya se acerca a los dos dígitos, lo que en última instancia resulta funcional al objetivo explícito de bajar salarios: algo dicho taxativamente por el ministro Alfonso Prat Gay y escrito por los editorialistas. El mismísimo Presidente de la Nación centra su discurso productivo en decirle a los trabajadores “que no pongan palos en la rueda” de las empresas. Además de ajustados, ahora serían también culpables. Sería bueno que las mentes más lúcidas de la Alianza gobernante adviertan que el verdadero factor de desestabilización política no es la oposición, sino su propio plan económico.