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Por Daniela Montalto *

En el artículo del suplemento Cash el pasado 14 de septiembre, Susana Díaz realiza una serie de apreciaciones incorrectas e incluso una acusación hacia Greenpeace que, por ser claramente errónea, requiere de nuestra aclaración. En dicho artículo se realiza una crítica trivial al principio precautorio, es decir, a la regla general para situaciones en las que existen potenciales amenazas a la salud o al ambiente, y requieren de la toma de medidas para evitarlas, aun en los casos en que no exista todavía una prueba definitiva de daño. Cabe destacar que este enfoque ha sido adoptado internacionalmente y su traducción en esta materia ha sido la entrada en vigor, el pasado 11 de septiembre, del Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena, ratificado por más de 50 países.
También se afirma que la demanda contra la moratoria a la aprobación de nuevos transgénicos en la Unión Europea (UE) fue desafiada de igual modo por Estados Unidos, la Argentina y Canadá. En realidad, lo que la Argentina hizo fue sumarse como codemandante de una acción emprendida y liderada por EE.UU., cuya finalidad, en realidad, va mucho más allá del levantamiento de esa moratoria.
Según Díaz, la OMC dirimirá este caso cuyo motivo serían las restricciones “contra el ingreso” de transgénicos por parte de la UE. Sin embargo, la moratoria no restringe el ingreso de transgénicos, sino la aprobación en la UE de nuevos transgénicos. Hoy ingresan a la UE transgénicos, de hecho gran parte de éstos corresponden a la soja transgénica que desde 1996 se produce en Argentina, cuya exportación a Europa no ha disminuido, sino incluso aumentó.
La política argentina ha sido aprobar OGM previamente aprobados en Europa. Y en este punto reside básicamente la paradoja de haber apoyado a EE.UU. La Argentina adoptó esta política de espejo consistente en no autorizar los OGM no autorizados en la UE, situación que le permitió tomar gran parte del mercado a EE.UU. (un millón de toneladas de exportaciones en maíz) mientras que aumentó sus niveles históricos en harinas y aceites de soja (niveles que EE.UU. perdió a manos de Brasil). Es decir la Argentina aumentó sus ventas de maíz a Europa en detrimento de las ventas de EE.UU.
Díaz acusa a “la multinacional Greenpeace” de defender los intereses “de los subsidiados campesinos europeos”. En realidad, la Argentina brindó su apoyo en una demanda en la que sus intereses no fueron lesionados, sino todo lo contrario. Por seguir ciegamente al lobby transgénico, hoy nuestro país ha quedado en ridículo, presionando injustificadamente a nuestro primer cliente comercial.
Por último, ante cualquier duda que exista respecto del impacto ambiental y social del paquete de la soja transgénica, invitamos a la autora a observar una imagen satelital reciente del noroeste argentino para que compruebe con rigurosa claridad el desastre que está provocando el principal monocultivo transgénico del mundo con nuestros bosques nativos, sus habitantes y su diversidad biológica.
El objetivo concreto de la demanda de EE.UU. es atacar el nuevo consenso global sobre bioseguridad, presente en el protocolo mencionado, que reafirma el derecho soberano de los países que lo ratificaron a rechazar o prohibir los transgénicos sobre la base del principio precautorio, legitimando a la OMC por encima de acuerdos internacionales vigentes definiendo las restricciones a los transgénicos, o cualquier otra medida ambiental, como “barreras comerciales”.

* Campaña de Biodiversidad, Greenpeace Argentina.