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El riesgo de convocar a una causa nacional reside en reducirla a una simple herramienta de negociación. La movilización de personas y conciencias permite acumular fuerzas, pero pasan a ser manejo de masas si no se avanza más allá de frases mediáticas. Si bien las arengas son indispensables en la tarea de higiene del colonizado pensamiento económico, quedarán como parte de una esgrima verbal de una complicada puja de intereses. La invitación necesita bastante más que mostrar rostros de niños desnutridos o de pelear al FMI en forma pública. Más que los efectos de una deuda pública monstruosa, que sirven para sensibilizar pero no para entender, o la demonización de un organismo internacional desprestigiado, que contribuye a concentrar los odios en una figura pero no para saber, la convocatoria requiere recorrer la historia reciente para que aquellos que quieran sumarse a esa cruzada sepan por qué lo hacen y no se transformen solamente en hinchada de una tribuna que observa con pasión el partido de la deuda. Si bien para algunos puede parecer anacrónico o un esfuerzo inútil, el tema de la deuda no puede ser asumido como causa nacional si no se comienza por precisar su origen fraudulento.
Olvidado, perseguido y silenciado, Alejandro Olmos fue quien realizó la investigación más completa sobre el trasfondo del crecimiento de la deuda. Se ha caído en el error de estudiar solamente los aspectos cuantitativos y no se ha enfatizado el origen de cómo se construyó esa deuda monumental. La investigación impulsada por Olmos fue desarrollada en la causa 14.467, que se tramitó ante el Juzgado Federal a cargo del juez Jorge Ballesteros. En la sentencia, el magistrado sostiene que han quedado probados los mecanismos fraudulentos que se emplearon para constituir la deuda, pero a la vez considera que ante la relevancia de la materia en cuestión el Congreso, por mandato constitucional, tiene la facultad de arreglar la deuda pública e intervenir en su esclarecimiento. Desde entonces, la “causa nacional”, con excepción de unos pocos, entre ellos Mario Cafiero, duerme tranquila en algún anaquel del Parlamento.
Sirve, entonces, conocer un poco de esa historia. Cuando asumió Raúl Alfonsín, en el discurso pronunciado el 10 de diciembre de 1983, planteó que no se iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo y se iba a realizar una investigación para establecer cuál era la deuda lícita y la ilícita. Ante ese propósito, el Congreso dictó la Ley 23.062, donde se establecía que carecían de validez jurídica las normas y los actos administrativos emanados de las autoridades de facto. Mediante la Ley 23.854 se rechazó la gestión financiera de la dictadura correspondiente a los ejercicios 1976-1983.
A partir de aquí comienza la serie de claudicaciones hasta la convalidación de la deuda fraudulenta. A partir de esas leyes, se llevó a cabo una investigación que en forma arbitraria se limitó exclusivamente a la verificación de la deuda privada, omitiendo la deuda pública. Así, el 5 de julio de 1984, el directorio del Banco Central dictó la circular 340 mediante la cual se dispuso la conformación de un cuerpo de investigadores para analizar las declaraciones de deuda en moneda extranjera al 31 de octubre de 1983. La deuda a verificar alcanzaba los 17 mil millones de dólares, limitándose la investigación a la mitad, que constituía la deuda financiera.
El cuerpo de inspectores contratado por el Banco Central trabajó en soledad, sin infraestructura y sin apoyo oficial. Pese a ello, las conclusiones fueron contundentes: anomalías en las concertaciones de seguros de cambio, autopréstamos, endeudamientos producidos por proyectos de inversión que no se efectuaron, aportes de capital disfrazados de préstamos financieros y abultamiento de deudas. Ante los avances en la investigación, que ponía de manifiesto las maniobras que se habían realizado, que vale recordar terminaron incrementado la deuda del Estado, se modificaron los alcances de la mencionada circular 340 del BCRA. Se redujo el alcance de la investigación a averiguar si hubo violación a la ley penal cambiaria con relación al ingreso o no de los fondos, con el informe 480/161 del 6 de diciembre de 1986. Para luego terminar de neutralizar la investigación sobre el origen fraudulento de esa porción de la deuda con la resolución 298 de junio de 1988 firmada, entre otros, por el entonces director del Banco Central, Daniel Marx.
Vale detenerse un instante en ese protagonista. Se ha escrito mucho sobre la responsabilidad de Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo e incluso de José Luis Machinea en el endeudamiento argentino. Pero sería una injusticia que la historia –que, como se sabe, la escriben los que ganan, y hasta ahora fueron los acreedores– no le guarde un lugar de privilegio a Marx. Aquí se presenta su reivindicación histórica. Fue director del Banco Central desde 1985, con una intervención relevante que arriba se mencionó en el tema de la deuda. Luego fue el representante financiero del gobierno de Carlos Menem en Washington. Intervino, por lo tanto, en el Plan Brady. Luego de brindar esos servicios a la patria se asoció con Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro de EE.UU., a quien se le debe la autoría de ese primer megacaganje de deuda. Volvió a prestar sus servicios de negociador de la deuda en el gobierno de Fernando de la Rúa como secretario de Finanzas, sobreviviendo a todos los cambios de ministros de Economía de esa administración que le permitió anotar en su foja de servicio el último megacaganje de la deuda. Ahora tiene una consultora que se dedica a... refinanciar deudas.
Las causas nacionales también tienen nombres y apellidos.