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Por Claudio Zlotnik

Un año y medio después de instaurado el corralito, el sistema financiero entró en la etapa final hacia su normalización. Con los últimos cambios sobre los capitales mínimos requeridos para operar, los bancos quedaron a punto para volver a prestar. Ese es el gran desafío que comparten las entidades financieras y el Gobierno. Los primeros, hacer negocios con las empresas y particulares, sin el socio bobo del Estado que les permitió ganancias extraordinarias durante la década pasada. Para el Gobierno, el reto pasa por propiciar una expansión de la economía que dé lugar a fuertes inversiones, incentive el crédito y mantenga a raya el costo del dinero.
Hay un dato contundente para pensar que los bancos podrían empezar a otorgar préstamos en el corto plazo: la enorme liquidez de que disponen. Se calcula en torno de los 16.000 millones de pesos, monto que se encuentra depositado en una cuenta corriente en el Banco Central y que son de libre disponibilidad. Mientras tanto el stock de préstamos cae sin cesar, a un ritmo del 2 por ciento mensual. Ahora se ubica en 27.400 millones de pesos.
La administración Duhalde fue dando los pasos que reclamaron los bancos: avaló compensaciones por 10.000 millones de dólares por la pesificación asimétrica y hasta cubrió con un seguro de cambio la deuda tomada por las entidades financieras en el exterior. Es cierto que aún restan emitir títulos públicos por 2000 millones de dólares. Y que todavía no se aprobó la ley por la cual se compensa la eliminación del CER para determinados créditos y el otorgamiento de amparos al tipo de cambio libre. Pero en la city porteña admiten que cuentan con el guiño de Economía para acelerar esos trámites.
Además de las compensaciones, Economía sacó del medio al corralón. Los 8000 millones de pesos de depósitos que quedaron reprogramados –la mitad de lo que había hace un mes y medio– no deberían influir en las decisiones de política económica. Ni como excusa de los bancos para postergar decisiones: éstos ya saben que el Estado se hará cargo de los amparos.
Otra medida reclamada por los financistas, y a la que accedió Roberto Lavagna, fue el denominado matching, por el cual se calzaron los vencimientos de los títulos públicos en cartera de los bancos con los redescuentos otorgados por el Central. Así, la devolución del auxilio cedido por la autoridad monetaria en el peor momento de la crisis se postergó hasta diez años, con uno de gracia.
La intención del Palacio de Hacienda es que los bancos “amigos” (así los denominan en el equipo económico), como el Nación y el Ciudad de Buenos Aires, se conviertan en vanguardia del nuevo proceso. Que sean ellos los primeros en prestar. Lo que también queda claro es que las entidades financieras tienen cada vez menos excusas para reprimir el crédito.