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Por Alejandro Bercovich

El trabajo de las personas libres llega al final a ser más barato que el realizado por esclavos”, escribió en 1776 el padre de la Economía Política, Adam Smith, anticipándose más de dos siglos a una idea que haría furor entre los empresarios argentinos de los ‘90 a esta parte. Desentenderse de la relación laboral, eliminar el vínculo, reducir costos fijos, flexibilizar. Figuras como el período de prueba, los contratos de aprendizaje, los recortes de cargas patronales, y fundamentalmente las pasantías, fueron objeto de las más diversas manipulaciones y maquillajes, y terminaron en la mayoría de los casos en un fraude laboral y fiscal contra el que nadie pudo protestar demasiado, en un contexto de desocupación inédita en el país. Fraude que continúa hoy, aunque mutando permanentemente para evitar ser detectado y sancionado.
Las pasantías hicieron su aparición en 1992, en medio del auge privatizador del primer gobierno menemista, y se presentaron como una alternativa para los empleadores que quisieran colaborar en la formación práctica de estudiantes universitarios. Las primeras empresas que incorporaron pasantes, en su mayoría de clase media y entre 18 y 24 años, fueron las multinacionales que empezaban a llegar al país, a gozar de una recién establecida seguridad jurídica y un mercado interno jugoso y dolarizado. Luego lo hicieron algunas dependencias oficiales y firmas de capital nacional. Siempre medió la aprobación por parte de la universidad en cuestión o el propio Ministerio de Educación. En algunos casos la figura sirvió a sus efectos educativos, pero en otros se desvirtuó para encubrir un reemplazo de mano obra efectiva por trabajadores sobrecalificados y precarizados. Eso ocurrió gradualmente, tal como se puede constatar en los escasos registros oficiales, en el período que llega hasta la sanción de las leyes de Reforma Laboral (25.013, 1998) y de Pasantías (25.165, 1999), tras el cual el sistema se expandió escandalosamente.
Según denuncias presentadas ante la AFIP por la Fuba y Foetra Capital, sólo las dos empresas de telefonía básica evadieron más de 50 millones de pesos en concepto de aportes patronales por haber empleado pasantes en lugar de contratados o efectivos. Aunque en abril quedaban unos 250 pasantes en Telefónica y cerca de 200 en Telecom, el año pasado llegó a haber más de 1300 solamente en la firma de origen español, y varios call centers estuvieron hasta noviembre atendidos exclusivamente por estudiantes. “Con las movilizaciones que empezamos en diciembre de 2001 logramos que muchos pasaran a contrato por agencia, pero además la empresa ofreció una especie de retiro voluntario que muchos aceptaron, con el cual reconoció además la existencia de una relación laboral que en los papeles siempre negó”, señaló a Cash José Cupeiro, un ex pasante y actual contratado que lideró las protestas gremial-estudiantiles de Telefónica.
Las irregularidades registradas en el uso de las pasantías son de varios tipos. La más evidente es la inexistente relación ente la tarea desempeñada y la carrera que se estudia, algo que establece claramente la Ley 25.165. Pero tampoco se respeta la franja horaria en la que pueden realizarse, ni se cumple con los francos por examen, ni se reúnen los cursos y talleres que marca la legislación vigente.
“La pasantía está desnaturalizada. Hay servicios que se mantienen con un 80 por ciento de pasantes, aprovechando los huecos de la normativa”, sostuvo ante Cash el secretario general de Foetra, Osvaldo Iadarola.
Las universidades, además de firmar el convenio marco para que las empresas u organismos tomen a sus alumnos, reciben un porcentaje de la “asignación estímulo” que hace las veces de sueldo. Y es ahí donde la crisis laboral se cruza con la educativa, porque hay unidades académicas que no podrían mantenerse sin el aporte forzoso de sus estudiantes/pasantes, que terminan pagando una suerte de arancel de hasta el 20 por ciento de su ingreso. La supuesta contraprestación de lasfacultades, que consiste según la ley en el envío de un tutor o la confección de un curso paralelo para seguir la formación práctica del alumno involucrado, no existe o es puramente decorativa, según pudo corroborar Cash.
Las denuncias y la alta exposición pública de los últimos conflictos de los pasantes hicieron que el Ministerio de Trabajo reglamentara hace dos meses un nuevo régimen de pasantías no universitarias, que por su armado incluirá controles más serios para las empresas y un registro detallado de los datos del trabajador. Sin embargo, no hay datos consolidados sobre la cantidad de pasantes en todo el país, y las empresas que ya firmaron convenios pueden seguir incorporando gente sin adherir al nuevo mecanismo, que por otra parte no despertó aún demasiada adhesión en el sector privado. “El contrato de pasantía universitaria no es laboral sino educativo, pero en muchos casos se ha laboralizado”, admitió Enrique Deibe, secretario de Empleo. Además, explicó a Cash que si se comprueba que hubo un contrato en negro encubierto, la ley prevé multas para la empresa de 1000 a 5000 pesos por trabajador, al margen de las sanciones de la AFIP y la ANSES por defraudar al sistema de seguridad social.
Pero las pasantías no agotan la pesada herencia de más de una década de reformas laborales. El período de prueba, que permitió en su momento la rotación de empleados de baja calificación evadiendo el pago de contribuciones, sigue vigente, con la única salvedad de que la última Ley de Reforma Laboral –sancionada a mediados de 2000 en medio de un escándalo– obliga al pago de esos aportes desde el primer día de relación contractual. Además, lo que se les “escapó” a los legisladores que votaron esa norma fue la maleabilidad del descuento sobre los aportes que otorgaron a los empresarios que contrataran nuevo personal.
Un estudio la cartera laboral elaborado en agosto último indica que al menos 3838 empleadores que habían usado la prerrogativa prevista en la ley, que les permitía ahorrar hasta un 50 por ciento de las cargas, tenían una nómina de personal inferior a la de abril de 2000. Es decir, habían sido premiados por despedir empleados, con un costo para las arcas públicas de unos 33 millones de pesos.