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La administración Bush entra en su receso navideño con todo su equipo listo para encarar su próxima misión: asegurar la reelección del presidente en 2004. Dentro de esto, el núcleo económico de sus problemas ha recibido especial atención. La administración se limpió ya en noviembre de sus funcionarios más controvertidos –Harvey Pitt en la Comisión de Valores, Paul O’Neill en el Departamento del Tesoro, Lawrence Lindsey como jefe de asesores económicos de la Casa Blanca– y los ha reemplazado por William Donaldson, John Snow y Stephen Friedman respectivamente. Pero esto no implica que la política económica de la administración vaya a cambiar, con un golpe de timón que saque de la recesión a la principal economía del planeta. En realidad, significa todo lo contrario.
El viernes último, Bush completó el recambio renunciando a Trent Lott como líder de la mayoría republicana en el Senado. Era un sacrificio inevitable: Lott se había fusilado con un comentario racista y Bush necesita tener la arena legislativa lo más plana posible para hacer aprobar una nueva y multimillonaria reducción de impuestos para multimillonarios. Esto no ayudará a la economía –aunque sí a los multimillonarios–: un recorte similar se practicó a comienzos de la administración Bush en 2001 y desde entonces la economía –debilitada además este año por la pérdida de confianza derivada de las revelaciones de los fraudes empresarios y contables de Enron, Tyco y otras corporaciones– no ha hecho más que virar del blanco al rojo el superávit fiscal de más de 150.000 millones de dólares heredado de la administración Clinton. No hay ninguna razón para pensar que lo que fracasó hace dos años pueda tener éxito ahora.
Los funcionarios económicos designados no son estrictamente caras nuevas: tanto Snow, un empresario del sector ferroviario, como Donaldson, presidente de un pequeño banco de negocios y ex presidente de la Bolsa de Nueva York, cumplieron funciones en la administración Ford, el primero como subsecretario adjunto de Transporte y gerente de la Dirección General de Seguridad de Carreteras, el segundo como subsecretario de Estado de Henry Kissinger y consejero del vicepresidente Nelson Rockefeller. Friedman, por su parte, es un hombre de Goldman Sachs. Investigando sus antecedentes, los periodistas económicos han desenterrado algunos datos molestos: Snow, por ejemplo, se autoconcedió préstamos de la compañía ferroviaria que presidía para comprar acciones en la misma compañía, vendió acciones bajo la sospecha de tener información privilegiada y adquirió propiedades que pertenecían a su empresa, prácticas que no eran ilegales, pero que quedaron desprestigiadas después del affaire Enron; Donaldson fue demandado por un grupo de accionistas de una aseguradora que aseguran que fueron engañados por el nuevo presidente de la Comisión de Valores, y Friedman –así como Snow– sería contemplado con sospechas por los sectores más probusiness de la administración por una supuesta reluctancia a bajar los impuestos.
En definitiva, sin embargo, lo que pesa es la decisión política de la Casa Blanca de ir adelante con la misma política, pero con caras que, de tan viejas, se han vuelto relativamente nuevas. Y que, como todas las importaciones de la administración Ford, vienen de la mano del políticoempresario más opaco de todos: el vicepresidente Dick Cheney.