La decisión política ya está tomada. La firma que administra las instalaciones del ex Mercado Nacional de Hacienda desde junio de 1992, Mercado de Liniers SA, “deberá mudar sus petates a la provincia”, afirmó a Cash un alto funcionario de Economía. El Gobierno también trabaja contra reloj en la construcción de un nuevo sistema de precios de referencia para el mercado cárnico. De esta manera, intentará focalizar la pelea con quienes considera los principales responsables de los aumentos en los precios que pagan los consumidores.

“Claro que los consignatarios de Liniers no son los únicos culpables, pero son los que marcan el pulso y la tendencia a la que después se sube toda la cadena”, agregó el funcionario. Por el Mercado de Liniers pasa alrededor del 17 por ciento del total de operaciones de compraventa de vacunos del país. El resto se realiza directamente en los campos –50 por ciento del total– o en otras ferias del interior. Sin embargo, por localización, estructura –y también tradición– los precios de Liniers se convierten en referencia general para todo el país.

Desde que la carne comenzó a estar en el centro de la tormenta del índice mensual de inflación, el Gobierno sospecha de la presunta manipulación de los consignatarios metropolitanos. En una primera etapa, Agricultura recurrió a Defensa de la Competencia, lo que derivó en la prohibición de la “venta de oído” a partir de esta semana, así como en una investigación por prácticas comerciales poco transparentes. La denuncia de Agricultura, realizada el 9 de noviembre pasado, dio lugar al expediente S01:0384564/2005 de Defensa de la Competencia, caratulado “Mercado de Hacienda de Liniers/Investigación de Oficio (C1087)”. Sin embargo, a juzgar por la evolución de los precios, las presiones sobre los consignatarios no parecen haber tenido el efecto esperado por el Ejecutivo.

Según pudo saber Cash, el contrato entre la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Agricultura y Mercado de Liniers SA por el cual se le concede para su funcionamiento el predio porteño se encuentra vencido desde el 2003. No obstante, el artículo 25 de dicho contrato habilita la posibilidad de sucesivas prórrogas. La prórroga en curso vence en junio y, según insisten en Agricultura, no será renovada. El plan es que la Legislatura porteña, “recuperando viejas demandas de los vecinos por problemas ambientales”, elimine el artículo que habilita la prórroga, con lo que el predio que actualmente ocupa la firma privatizada volvería al Gobierno de la Ciudad.

Previendo las actuales contrariedades, Mercado de Liniers SA ya compró alrededor de 100 hectáreas en San Vicente, “pero allí no plantaron ni un arbolito y ahora están desesperados viendo si consiguen financiamiento para hacer las instalaciones”, señaló a Cash un conocedor de las disputas.

En Economía, en cambio, creen que la desesperación de los consignatarios es el resultado de que comenzaron a tomar conciencia de haber perdido la pulseada. “Un traslado a San Vicente significará una segura pérdida de volumen de transacciones”, afirman.

Además, al desplazamiento geográfico Agricultura sumará “un nuevo sistema de información de precios” de referencia, que se construirá diariamente con “la información fidedigna de las operaciones de compraventa de todo el país”. Los números de base serán suministrados por los frigoríficos, los supermercados y los matarifes. Algunos operadores del mercado dicen que, si esto sucede, los precios serán manejados por la industria y el supermercadismo y no por los productores. Probablemente tengan razón. Muchos consignatarios de hacienda de Liniers son también tradicionales productores ganaderos de la provincia de Buenos Aires, ligados a la Sociedad Rural y a CRA.