Un coqueto departamento de casi cien metros cuadrados en la paqueta zona de Recoleta paga por bimestre 35 pesos por el servicio de agua, cloaca y saneamiento; es decir, alrededor de 50 centavos por día. No es un caso aislado. Siete de cada diez clientes que tenía Aguas Argentinas paga medio peso diario. Algo más pero no mucho figura en la boleta que llega a una casa de 250 metros cuadrados con pileta en el barrio acomodado de Núñez: 83 pesos neto de impuestos; o sea 1,40 por día.

Muy lejos de justificar los desaguisados de la empresa a la que justificadamente le rescindieron la concesión, los datos anteriores surgen de un cuadro tarifario que le imposibilitaría a la nueva empresa AYSA (que increíblemente va a ser conducida por Carlos Humberto Ben, uno de los principales responsables de Aguas Argentinas) financiar las inversiones que tan urgentemente se requieren en el sector. Y ésta es una realidad que, a la luz de la nueva situación, merecería ser considerada con una óptica diferente a cuando el servicio era privado, y debería ser adecuadamente modificada. Sin embargo, no es ese el camino que el Gobierno transitará, al menos en una primera etapa: el ministro De Vido y su gente en el sector descartaron cualquier aumento tarifario.

Hay varias evidencias que prueban que no están dadas las condiciones para que el servicio se preste con estrictos criterios de gestión privada, es decir donde el lucro sea, si no el único, el principal eje. Una primera es que ni el Gobierno ni el sindicato que conduce el sindicalista José Luis Lingeri (que como miembro del directorio fue otro de los grandes responsables de lo que sucedió, y que además fue impulsor delantero de la privatización menemista), consiguieron convencer a algún fondo de inversión o firma privada para que se haga cargo del negocio, que ésa era la primera opción. La segunda evidencia es que como parte del anuncio el Poder Ejecutivo admitió que las inversiones no se van a cubrir con excedentes de AYSA (porque no los va a tener en cantidad suficiente) sino con dinero del Presupuesto general.

No es nada malo, y muy probablemente hasta sea lo correcto, que un servicio como éste no sea prestado con criterios de empresa privada. Por empezar, porque la inversión que se requiere es para dotar de agua, cloacas e instalaciones de saneamiento a millones de personas que no pueden desembolsar prácticamente nada. Los dos partidos más pobres del conurbano, Florencio Varela y José C. Paz, tienen a un 42 y a un 88 por ciento, respectivamente, de población sin agua potable, por citar un par de ejemplos. Sólo en La Matanza, hay medio millón de personas en esa misma situación.

Por todo lo anterior, la reestatización obliga a replantear ciertas herencias conceptuales sobre cómo financiar la operación, el mantenimiento, y las obras en mejoras y expansión. ¿No debería reformularse el cuadro tarifario reajustando las boletas del segmento poblacional privilegiado que ahora paga chirolas por día? Luce superlógico y equitativo.

Esos mayores ingresos de AYSA podrían aplicarse alternativa o complementariamente a lo siguiente. Por un lado existe actualmente un desbalance en contra de los hogares menos pudientes. Según un estudio de Flacso, el decil superior de la pirámide destina a este servicio el 1,3 por ciento de su ingreso, mientras para el diez por ciento más bajo la boleta de agua le representa cerca del 9 por ciento. Más absurdo aún que el hecho de que las camionetas 4x4 y muchos automóviles de lujo sigan disfrutando del congelamiento gasolero. Lo justo sería que hubiera tarifas con subsidio cruzado en favor de los de abajo.

O también podría destinarse la mayor cobranza a costear parte de las obras para proveer de algo elemental como agua y cloacas a quienes no lo tienen.El Gobierno ha optado por mantener el statu quo, sin molestar el bienestar de los que lo tienen, y recurriendo a la holgada caja fiscal para las obras que ya prometió y para las que van a formar parte de un plan quinquenal de inversión que todavía está en pañales. En otras palabras, va a financiar la expansión con la recaudación tributaria, que como bien se sabe continúa siendo claramente regresiva. O sea que buena parte de los fondos saldrá de los bolsillos de los que van a recibir el beneficio. Lo que hasta algún punto equivale a que ellos mismos paguen por la obra, que no es otra cosa que la aplicación del más puro criterio de mercado.

En lugar de aguateros que vengan a calmar la sed de emergencia se necesitan estadistas que aprovechen esta magnífica oportunidad para recuperar el perdido prestigio de la gestión estatal de un servicio público.