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Por Julieta Pesce *

Quedan pocos días para saber si finalmente el FMI alzará el pulgar a favor del Gobierno, dentro de lo que se conoce como la tercera revisión del acuerdo trienal. La meta de renegociar los contratos con las empresas privatizadas había sido uno de los compromisos asumidos por parte de la administración Kirchner y su incumplimiento podría sumar un contratiempo sustancial para el entendimiento entre ambas partes.
Este ha sido el contexto en el que el Gobierno habría realizado, en el marco de las renegociaciones con las privatizadas, una propuesta a las concesionarias de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo un acuerdo transitorio válido por dos años y medio. La oferta contemplaría aumentos tarifarios de aproximadamente el 40 por ciento, con incrementos escalonados de 15 para el 2005 y dos alzas de 10 para el 2006. Sin embargo, no se incluyen nuevas obras: tan sólo se exige la conclusión de las obras pendientes y el mantenimiento del estado de las calzadas hasta el año 2007, cuando volverían a definirse nuevas tarifas y extensiones de los actuales plazos de las concesiones –vigentes hasta alrededor del 2020–. Dichos aumentos y la extensión del período de explotación serían, a su vez, los pilares del financiamiento de las obras a ejecutarse en un futuro.
En realidad, la proposición oficial no difiere sustantivamente de las demandas originales que éstas formularon en los comienzos del proceso renegociador durante el gobierno de Duhalde: la única excepción, por cierto no menor, está dada por el pedido de un subsidio estatal que por el momento parecería no estar en juego.
Asimismo, lo sugerido estaría en sintonía al menos con lo estipulado por los dos consorcios que han logrado reestructurar sus deudas con el exterior: Ausol (a cargo del acceso norte, que había contraído la mayoría de su deuda en moneda extranjera) y el GCO (acceso oeste). Además de lograr una cierta quita de la deuda original, estas firmas se comprometieron con sus acreedores a conseguir renegociaciones que garantizaran mayores ingresos (vía aumentos tarifarios) con vistas a “honrar” sus deudas (derivadas de decisiones asumidas a nivel microeconómico y cuyos costos pretenden ser socializados).
Vale recordar que en una nota elevada a comienzos del año pasado por el defensor del Pueblo de la Nación se menciona que la pesificación de los pasivos con el sistema financiero local implicó una diferencia positiva equivalente a 4 años de recaudación para GCO, 5 para AEC –RichieriEzeiza-Cañuelas–, y 14 para Coviares –La Plata-Buenos Aires, la cual, además, está exenta del impuesto a las ganancias desde su contrato original en 1983–. Con este antecedente, no es de asombrar que las empresas pretendan repetir la fórmula de socializar situaciones financieras desfavorables.
Pocas dudas quedan de que la urgencia por “cerrar” algún tipo de negociación con estas empresas en particular, y con las privatizadas en general, viene dada por la premura que tiene el Gobierno por lograr la aprobación del FMI, con quien la administración Kirchner se había comprometido a renegociar 39 de los casi 60 contratos en junio de este año. Por otro lado, cargar con semejante promesa a cuestas, además de poner en aprietos al gobierno nacional en lo que se vincula con la renegociación de la deuda, puede, por las mismas razones, convertirse en una herramienta clave para las empresas privatizadas, reforzando sobremanera su –hoy relativamente debilitada– capacidad renegociadora. En última instancia, este modo de proceder guarda ciertos “puntos en común” con gestiones anteriores. El gobierno de Menem privilegió desde un primer momento la alineación con EE.UU. y los principales países del G7 y se vio urgido por alcanzar la aprobación de la “comunidad de negocios” a fin de darle más confiabilidad a su gestión. Con el gobierno de la Alianza, el escenario no mejoró sustancialmente y, en el marco de la Convertibilidad, siguieron vigentes la dolarización e indexación ilegal delas tarifas, junto con renegociaciones contractuales muy poco transparentes. Por último, a comienzos del año 2002, bajo el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, se creó la Comisión de Renegociación con las empresas privatizadas y todo parecía indicar que se daría un golpe de timón en la redefinición de las reglas de juego de los contratos, pero la esencia original se fue dilatando y finalmente se “pateó la pelota” para la administración siguiente. Algo que parecería repetirse en la táctica actual de prorrogar la renegociación definitiva hasta el 2007, último año de gobierno.
Se reduce así el eje de la discusión con las privatizadas al tema tarifario, la extensión de plazos y la reestructuración de inversiones. Esto va en desmedro de una revisión integral de los contratos que considere, por ejemplo, los incumplimientos de las empresas en la prestación del servicio. De hecho, el Organo de Control indicó que los mismos en lo referido a las obras comprometidas oscilaron, hasta marzo del 2003, entre el 14 y el 32 por ciento.
En síntesis, lo que se observa es que una vez más se está desaprovechando una oportunidad para examinar minuciosamente los contratos con las empresas privatizadas, desvirtuándose el “espíritu” y la “letra” de lo estipulado en la Ley de Emergencia Económica 25.561 y en varias normas sancionadas posteriormente. En las mismas se contemplaron aspectos tales como la calidad del servicio, la rentabilidad empresaria, las inversiones (no) realizadas, y la distribución del ingreso como los elementos a tener en cuenta en las renegociaciones. En ese marco, es poco auspicioso que nuevamente se haya postergado la formulación y aplicación de políticas sectoriales que acompañen un esquema de desarrollo sustentable y que prioricen el bienestar de la sociedad; ello, para tener el “visto bueno” del FMI.

* Area de Economía y Tecnología de la
FLACSO