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En política las alianzas valen y significan mucho más que una mera coalición para lograr determinados objetivos circunstanciales o de ubicación privilegiada en puestos ejecutivos. Esto no es nuevo. Se sabe de qué se habla cuando se plantea una alianza. En general, se pretende que se deben anteponer objetivos a acuerdos políticos. Es lo que hoy escasos políticos de la llamada oposición plantean como antecedente necesario para formalizar alianzas electorales. Parece lógico. Pero, entretanto, como la política no se detiene, las uniones que se articulan responden a urgencias y necesidades contingentes de aliados potenciales. Y en cada ocasión en que se concretan, para una simple elección de autoridades del Congreso, implican resultados muchas veces contrarios a los que se pregonan pues han antepuesto el reparto de posiciones antes que la discusión de ideas.

De resultas de estos extraños contubernios sin programa surgen repercusiones previsibles o sorprendentes, negadoras de los principios que se dicen defender. Prima el acaparamiento de puestos antes que un proyecto de sociedad diferente consensuado. Un ejemplo fue el reparto de cargos en el proceso de implementación de la alianza planteada para configurar una “oposición” sólo destinada a quedarse con alguna presidencia de comisión sin condiciones y sin proyectos a llevar adelante. Han quedado al frente de las comisiones de Legislación General y Agricultura de la Cámara de Diputados dos legisladores francamente opuestos a toda disposición que tenga ribetes progresistas. El caso paradigmático, de mi mejor conocimiento, es el de la Comisión de Agricultura. Allí ha recalado un diputado radical, alto dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas, de neto perfil derechista, cuya primera declaración pública hizo alusión a que, en forma inmediata, se iba a abocar a tratar el tema del Oncca. Este organismo estatal es el que se ha encargado en los últimos años de regular la cuestión de la soberanía alimentaria, estableciendo cupos para el consumo interno frente al envío de cereales y oleaginosas al exterior a fin de evitar el desabastecimiento interno. Además ha formalizado compensaciones o subsidios cruzados entre recursos proporcionados por las retenciones sojeras y los costos de insumos alimentarios altamente críticos de la canasta familiar. Es decir, ha ido operando, aunque en forma muy parcial y limitada, como debería ser una Junta Nacional de Granos revivida. El diputado radical pretende que se borre del mapa cualquier modesto intento de regulación del sacrosanto mercado. No se habla de reponer una Junta Nacional Reguladora de cereales y oleaginosas y de productos regionales de consumo masivo. Eso no pasará. Ni de volver a presentar la reforma a la ley de arrendamientos para preservar la calidad del suelo. Eso no pasará. Ni de discutir la situación del campesinado y la pequeña producción familiar. Eso no se discutirá. Además de la Oncca, incorporó la discusión sobre “rebaja de retenciones”. Como se ve, todas normas destinadas a acrecentar el bolsillo de los grandes productores y de los financistas que manejan el 70 por ciento de la tierra dedicada a la soja.

¿No se dieron cuenta los diputados que postulan una visión vinculada con las transformaciones agrarias progresistas de este nuevo escenario? Le han cedido en bandeja a lo más rancio del segmento de dueños de la tierra el poder para que ellos avancen sin limitaciones. Precisamente las retenciones a los productores de soja constituyen una respuesta importante para redistribuir la renta financiera y agraria proveniente de las transacciones del mercado sojero. La anterior conformación de la Comisión estaba presidida por un valioso académico, estudioso de los problemas agrarios desde una visión favorable a los intereses de los más débiles dentro de la actividad agraria, como Alberto Cantero, ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y muy destacado especialista en la materia. De su esfuerzo salió el proyecto de ley de arrendamientos rurales, que es una valiosa pieza de política agraria ahora destinada al cajón de los recuerdos. La Santa Alianza sirvió para retroceder sensiblemente en la producción de legislación transformadora y protectora del medioambiente rural y de la pequeña producción agraria.

Lo mismo ocurre ahora con el tema de la presidencia del Banco Central que en Senadores está sujeta a la forma en cómo se repartió el poder en las comisiones, fruto de otra renacida Alianza en donde supuestos adalides del progresismo se colocaron del lado de los dueños del poder. La posibilidad de que una economista del perfil ideológico de Mercedes Marcó del Pont presidiese el Banco Central unió a toda la derecha para evitar su confirmación.

Está todo muy claro. Las consecuencias de la reciente Alianza son funestas para el futuro. El capital financiero que perdió dos veces en los últimos seis años, tanto con la renegociación de la deuda pública, la más profunda y voluminosa de toda la historia financiera internacional, y la estatización de las AFJP, se va a cobrar, ahora, la revancha. Lo que sucedió no fue un acto inocente. Los que votaron dentro de la Alianza sin especificar proyectos ni medidas transformadoras sustanciales le han tendido un puente de plata a la derecha económica y política.

* Economista. Miembro del Plan Fénix.