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El carácter restrictivo de los flujos de ahorro-inversión en la escala pequeña y la altísima concentración de las cadenas de distribución y comercialización de la producción de consumo masivo son dos aspectos estructurales que el Estado debe atender, si sostenemos la necesidad de cambiar la injusta distribución de la riqueza. Para ello es preciso construir un consenso de acción entre el sector público y los exponentes orgánicos de la economía popular, generando las condiciones para democratizar los resultados del crecimiento macroeconómico. Los nucleamientos de economía popular –grupos comunitarios, instituciones educativas, organizaciones de desocupados– deben ser fortalecidos por el Estado, con inversión directa, vía infraestructura social y capital para el desempeño productivo de sus trabajadores. Ello implica la superación cualitativa de las formas de política social que nacieron en los noventa para contener el conflicto social producto de la dinámica de un sistema que no paró de excluir. Se trata, en definitiva, de articular las fuerzas que operan en ese conflicto y dirigirlas –desde el Estado– hacia la construcción positiva de capacidad productiva, en el contexto ideológico de la cooperación. Un gran esfuerzo de movilización y creatividad es preciso poner en funcionamiento, como acostumbran demandar las etapas de reconstrucción de una Nación. El tejido institucional de la ciudad de Buenos Aires hace posible la reunión de los factores que deben conjugarse para recomponer su capacidad productiva. La decisión de construir un plan de economía social involucra las acciones que se vienen desarrollando desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de apoyo al movimiento de trabajadores que recuperan empresas, los programas de ingreso básico, el financiamiento de unidades productivas, la oferta pública de capacitación en oficios desplegada por Educación, la formación sistemática de multiplicadores de la economía social, los avances en las políticas de contratación y compras a cooperativas y unidades productivas solidarias.

Fernando Muñoz
Director general de Microemprendimientos
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires