Dos meses antes del sorpresivo anuncio del miércoles pasado sobre el proyecto de cambios en el régimen jubilatorio, el principal economista del ARI, Rubén Lo Vuolo, junto con Laura Goldberg publicaron Falsas promesas, un muy buen libro sobre el tema, que además de desmenuzar el fiasco que resultó el sistema establecido por Menem-Cavallo en 1994, analiza pros y contras de todas las alternativas que se vienen barajando, para terminar con una propuesta propia, que muy sintéticamente consiste en restablecer un sistema público único basado en un mecanismo de reparto obligatorio modernizado y dejando la capitalización individual sólo como adicional voluntario. En la página 204, ambos economistas del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) señalan que “el problema de convivencia entre dos regímenes contributivos obligatorios no se resuelve con el libre traspaso entre ambos, como se propone en diversos proyectos legislativos en la Argentina o en algunas propuestas que hemos reseñado. Por el contrario, habilitar esta opción implica aumentar la incertidumbre del conjunto del sistema y de las personas”. Sin tanta contundencia crítica, la diputada del partido de Elisa Carrió y también reconocida especialista en la materia, María América González, opinó en principio favorablemente sobre el anuncio oficial, pero condicionándolo a que “sea la puntada inicial para discutir una reforma integral del sistema, porque si no, no sirve de nada”.

Más allá de esos cuestionamientos, y de otros de índole inversa por parte de los que siempre se brotan ante cualquier atisbo de intervención estatal en los negocios privados, lo cierto es que la inesperada iniciativa tira por la borda la convicción de quienes (como el autor de esta columna, entre otros) estaban convencidos de que el Gobierno había archivado definitivamente la carpeta de la reforma provisional, como contraparte de un acuerdo no escrito con los bancos para que sus AFJP hicieran punta en aceptar el canje con quita de los títulos de deuda que tenían en su cartera.

La jugada del Gobierno puede ser interpretada como un indicio de que no se van a conformar sólo con garantizar la continuidad de elevadas tasas de crecimiento sino que, por el contrario, la fortaleza macroeconómica podría ser aprovechada para encarar las “asignaturas pendientes” reconocidas hasta por el propio Presidente en cuestiones de pobreza y distribución del ingreso, mediante reformas estructurales como la del sistema jubilatorio u otras posibles dentro de una nutrida batería disponible. Sólo el tiempo dirá si el proyecto de modificaciones en el régimen provisional es nada más que una golondrina o el augurio de una nueva temporada.

Ahora que incluso desde los despachos oficiales se reconoce que este año será el quinto de fuerte crecimiento –el Banco Central alineó sus pronósticos a los de la mayoría, que augura más del 7 por ciento–, una de las opciones que tiene por delante el kirchnerismo es dormirse en laureles ya obtenidos. Es una posibilidad atractiva porque es cómoda en dos aspectos: atento a la debilitada oposición, alcanzaría sólo con conservar esos laureles para ganar electoralmente; y por otra parte son laureles que difícilmente se marchiten. Apelando a una figura reiterada pero muy útil, si la macroeconomía es como una cadena cuya fortaleza se mide por la resistencia del eslabón más débil, no hay en el horizonte de corto plazo ningún riesgo de ruptura. Descartando los eslabones más sólidos como los hipersuperávit fiscal y comercial o la acumulación de reservas con expansión monetaria de sencilla reabsorción, los eslabones que están bajo la lupa desconfiada de algunos son la inflación, la insuficiencia de inversión reproductiva y el abastecimiento energético.

Sobre la amenaza inflacionaria es imprescindible tener presente el contexto conformado por un obsceno excedente fiscal, por la prudencia en el manejo monetario y, fundamentalmente, por una puja distributiva muy condicionada por un reclamo social de baja intensidad en un marco de elevado desempleo y con notoria capacidad de disciplinamiento político por parte del Gobierno, tanto de sindicatos como de formadores de precios. ¿Alta inflación con esas condiciones? Sería una extraordinaria rareza. Los otros dos eslabones por cierto no lucen tan inexpugnables, pero aún tienen el cuerpo suficiente como para sortear el corto plazo. En cuanto al mediano plazo, es asignatura pendiente lo mismo que la exclusión y la inequidad social. Aunque el Gobierno todavía no lo haya admitido.