Desde la devaluación, uno de los principales puntos de conflicto han sido los costos de interconexión (el peaje que deben pagar para conectar a sus clientes las firmas que utilizan redes ajenas). En el decreto 764/00, que reguló la apertura, se estableció que “los prestadores tienen libertad para convenir precio, términos y condiciones de interconexión”, pero el reglamento le otorga a la Secretaría de Comunicaciones la facultad de intervenir en caso de controversias e incluye un precio máximo de referencia que no puede ser superado en el acuerdo entre las partes. Al momento de la apertura, Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones de Fernando de la Rúa, fijó un precio bajo para facilitar el ingreso de los entrantes (1,1 centavo de dólar, cuando las dominantes pedían 1,7), pero cuando el peso se devaluó comenzaron los conflictos. Las empresas entrantes afirmaron que la interconexión se refería a un servicio público, y por lo tanto correspondía la pesificación y el congelamiento de tarifas. Las dominantes aseguraron, en cambio, que era un acuerdo entre privados y que se podía indexar por CER. Durante las presidencias de Duhalde y de Kirchner, la Secretaría de Comunicaciones no se expidió sobre el tema cuando surgieron conflictos entre operadores, incumpliendo con el procedimiento de resolución de controversias establecido en el reglamento, tal como lo señaló la Auditoría General de la Nación en su informe del 13 de diciembre de 2003. Por lo tanto, la resolución quedó librada al mercado donde los operadores dominantes hicieron valer su mayor poder de negociación.

Una alta fuente de la Secretaría de Comunicaciones informó a Cash que para generar competencia “no hay que intervenir en los acuerdos de interconexión entre privados sino incentivar la construcción de redes alternativas para eliminar la renta que obtiene el dominante al alquilar sus redes”, aunque eso implique la duplicación de la infraestructura. “Nosotros ponemos a disposición de quienes quieran invertir los recursos necesarios a una tasa de entre 6,5 y 8 por ciento”, aseguró la fuente. Finalmente agregó que el decreto de apertura 764/00 es funcional al “modelo rentístico de los ‘90” y que será reemplazado por una nueva ley de telecomunicaciones. El planteo coincide con los intereses de Telefónica y Telecom, que sostienen que muchas empresas solicitaron licencias al momento de la apertura para competir en condiciones ventajosas sobre las redes existentes sin tener la intención de invertir en infraestructura propia.