Después de la multa a Repsol-YPF de 1999 el mercado de las garrafas siguió igual de concentrado, y esta semana la Defensoría del Pueblo le volvió a reclamar a la comisión que aplique sanciones.

–Lo que estamos haciendo con el GLP (gas licuado de petróleo) es una investigación de mercado, no todavía de conductas anticompetitivas. En 1999 todavía estaba en discusión si se regulaba ese mercado o no, y ahora ya salió del Congreso una ley regulatoria del GLP, así que eso cambia las cosas. Nosotros hemos participado en reuniones con la Secretaría de Energía para recomendar algunas medidas pro-competitivas que debería incluir la reglamentación de esa ley.

El estudio de costos que hizo la Defensoría muestra que el precio de las garrafas de 10 kilos no debería superar los 18 pesos, y el valor real está entre 25 y 30.

–Nosotros hablamos de que no es un mercado en el que haya conductas anticompetitivas comprobadas, pero tenemos infinidad de denuncias y en varios casos hemos recomendado sanciones. Es un mercado que tiene problemas. Hemos delimitado el mercado geográfico relevante en distintas zonas del país y, por ejemplo, detectamos que hay reparto de mercado entre empresas. Cuando investigamos vimos que hay distribuidores que son diferentes de una región a otra. Pero nosotros hacemos imputaciones concretas y no generalidades económicas. Así que tenemos que ver las evidencias de quiénes participaban, quiénes no, cuándo y dónde se reunían.

¿Probaron que en el mercado de garrafas hay reuniones para concertar precios como en el caso del cemento?

–Tenemos pruebas en algunos casos y en otros estamos investigando. Hemos establecido multas en Misiones, en Bariloche. En ese último caso, por ejemplo, nos rebotó la Cámara de Río Negro. Hay otra investigación muy grande sobre YPF, que todavía no tiene sanción dictada, pero que está en la Cámara porque han apelado. Piense que nosotros actuamos de este lado y del otro están las empresas que hacen uso y a veces abuso de las herramientas legales para evitar que avancen las investigaciones.

¿En qué consisten esos abusos de las empresas?

–Cuando usted cuestiona todas las medidas y apela todo tipo de cuestiones para que vayan a la Justicia permanentemente, lo que está haciendo es tratar de dilatar la investigación en el tiempo para ponerla al borde la prescripción. Eso es evidentemente escaparse de la sanción que prevé la ley para las maniobras anticompetitivas.

¿Qué rol juegan los estudios jurídicos de las grandes firmas?

–Del otro lado están los estudios más importantes de Buenos Aires, que son los que actúan en casos de defensa de la competencia. Este es un organismo de 50 profesionales, y algunos estudios tienen hasta 300. La ventaja que tenemos es que vemos todos los casos, y en cambio ellos ven sólo los casos que manejan.