El antecedente más cercano de las sanciones que aplicó la Comisión por el cemento y los tubos de oxígeno es el de Repsol-YPF, que fue obligada a pagar 109 millones de pesos en 1999 por discriminación de precios y restricción de oferta interna de gas licuado de petróleo (GLP), el combustible que contienen las garrafas utilizadas por unos cuatro millones y medio de familias. El año pasado, el organismo que conduce Malis efectuó una nueva investigación de mercado sobre el GLP y dictaminó que no había pruebas suficientes para multar nuevamente a esa empresa, aunque la Defensoría del Pueblo de la Nación todavía insiste en que el delito está probado, y acusa a la Comisión de frenar las sanciones. Las garrafas aumentaron más del 200 por ciento desde la devaluación, y cuestan proporcionalmente diez veces más que el gas natural de red.

Otros dos mercados que monitorea la Comisión son el de urea granulada (el fertilizante más usado del país) y el de hierro redondo para la construcción. Este último, según el Indice del Costo de la Construcción del Indec, aumentó un 287 por ciento desde diciembre de 2001. El jugador que pisa fuerte en ese segmento es Acindar, que la familia Acevedo vendió en 2001 a la brasileña Belgo Mineira, propiedad a su vez del grupo europeo Arcelor. La mayoría de la urea que consume el agro local es producida en Bahía Blanca por la firma Profertil (propiedad de Repsol-YPF y la canadiense Agrium), que fue acusada por los productores rurales de vender en el país a precios superiores a los internacionales.

En ambos casos la Comisión sostuvo que los aumentos se debían a la disparada de las commodities a nivel mundial, pero estimó conveniente “hacer un seguimiento de los precios en el mercado interno de ambos productos, a afectos de corroborar si ante futuras bajas del precio internacional se registraría la correspondiente caída en el precio interno”.