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Según una estadística interna del Ciadi, los casos que se presentan duran un promedio de dos a tres años. Y si el fallo favorece a los inversores, el acuerdo final obliga a los estados a un pago por la mitad de lo originalmente demandado. Las partes deben acordar una terna de árbitros. En caso de que no se pongan de acuerdo, cada uno elige uno y se busca un presidente de tribunal de consenso. Desde el caso de Aguas de Aconquija en 1997, ha habido un total de nueve casos contra la Argentina. Cinco están todavía en curso. En los otros cuatro (Lanco, Houston Industry Energy, Mobil y UTE) se trataba de demandas por cargas impositivas y se llegó a un acuerdo por el cual el Gobierno revocó la medida cuestionada. Los casos tienen un costo de iniciación bastante módico: unos 3 mildólares. Entre la presentación de la demanda y la conformación de un tribunal suelen pasar entre cuatro y nueve meses. Los honorarios de los árbitros se sitúan en alrededor de 60 mil dólares. Si el caso llega hasta el final, la cuenta se vuelve más onerosa. En demandas importantes, puede llegar a uno o dos millones de dólares. El fallo del tribunal es inapelable, pero se puede pedir una anulación por errores fundamentales del proceso, como sucedió en el caso Aguas de Aconquija.