Para todos los analistas, las claves de la conducción del modelo económico pasan por cómo manejará el Gobierno salarios e inflación. Para quienes tienen oficinas en la city el eje del control inflacionario, e incluso de la gobernabilidad, parece estar en cómo se controlarán salarios en un marco de aceleración de las expectativas de mayores precios. Finalmente, la inflación es un efecto de la puja distributiva. Cuando se analizan los resultados presentados por el Cenda en materia de distribución funcional del ingreso no parecen ser los salarios los que ganaron la pulseada, lo que no evita que se los continúe señalando como causantes de inflación. En esta línea, el análisis político emergente sostiene que el eje del control de precios debería pasar por un pacto social.

En el informe de Estudio Bein & Asoc. difundido esta semana se habla de una solución alternativa. El diagnóstico es que “las cifras del IPC del interior del país confirman que la inflación se aceleró y el año cerraría con una suba en los precios minoristas cercana a 16 por ciento, 6 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2006”. De estos 6 puntos de aceleración –se explica– la mitad responde a la importación de los mayores precios internacionales, al menos un punto adicional a factores climáticos, reflejado en los precios de algunos alimentos, “y el resto a presiones de costos”. Entre estas presiones solo una parte corresponde a salarios. Bein & Asoc., retomando las obsesiones de sus últimos informes, destaca que “a pesar de que todavía existe un colchón del 20 por ciento” (de sobrevaluación de la moneda local para llegar a un supuesto tipo de cambio de equilibrio), algunos “sectores de la sociedad” estarían impulsando una nueva devaluación “buscando recuperar la competitividad perdida”. Léase: bajar en términos reales costos internos como los salarios. Esta presión aumenta en la medida que el uso de la capacidad instalada llega a su límite, lo que significa que la rentabilidad de las empresas ya no puede sostenerse de la misma manera vía aumentos de las cantidades producidas.

La lógica de una nueva devaluación, que en el actual contexto podría licuarse con una facilidad que no existía a partir de 2002, sería la respuesta al fracaso político de no haber conseguido “alcanzar una nominalidad decreciente de la recuperación de los salarios compatible con una desaceleración de la tasa de inflación”. En otras palabras, no haber logrado el techo del 16,5 por ciento que pretendía el Gobierno en paritarias. Sin embargo, cuando se miran los sectores que más desestabilizaron la pretensión referencial, se encuentra que fueron los más relegados: el público y el privado informal, los que a pesar de no haber recuperado el poder adquisitivo de 2001, registraban en agosto pasado subas interanuales del 34,6 y el 24 por ciento, respectivamente. Con 18,4 por ciento nominal en el mismo período, el sector privado formal también marcó por arriba. Visto desde el lado de las empresas, y según la encuesta industrial, los costos laborales deflactados por los precios mayoristas de las manufacturas subieron 11 por ciento en el último año y se encontraría 7 por ciento por encima de 2001.