Flagelo es la palabra que, bastante a la fuerza, iguala al paco con las películas y discos truchos, y por lo tanto a las situaciones de los que usan y abusan de esa droga con las de los que por decisión, marginación de acceso, costumbre o “naturaleza pirata” consumen cultura apócrifa. Así fue como Aldo Fernández, miembro de la flamante Unión Argentina Contra la Piratería (Uacpi), definió esta tendencia que aparece “facilitada” por la ampliación del acceso a tecnologías como regrabadoras de DVD y la banda ancha, pero está relacionada “más bien con una cuestión cultural de la que el Estado debe hacerse cargo”.

La Uacpi quedó formada el lunes con la firma de un acuerdo fundacional en el cine Monumental. Agrupa a representantes de la Cámara de Exhibidores Multipantallas (CAEM), la Federación de Exhibidores de Cine (Fadec), la Unión Argentina de Videoeditores, la Cámara Argentina de Videoclubes, el Incaa y las compañías distribuidoras de cine y tiene por finalidad combatir aquel “flagelo”. Es que las compañías de servicios y productos culturales aseguran encontrarse “movidos por una amenaza”: las organizaciones dedicadas al comercio ilegal de productos falsificados.

La idea es que la Uacpi sea un espacio de discusión y colaboración con campañas que –pretenden– sean realizadas por el Estado para que “el consumidor de cultura tome conciencia de que la piratería es un delito” –como aseguró Leonardo Racauchi, de la CAEM– o varios a la vez: la falsificación de una obra, la distribución y comercio del producto apócrifo, la evasión impositiva y hasta “relaciones con el narcotráfico”, como aseguró Carlos Driollet, comandante principal de Gendarmería, que se acercó a la sala 2 del subsuelo del Monumental para comentar los operativos emprendidos contra el amenazante flagelo.

Debe hacerse una distinción conceptual: las asociaciones, cámaras y corporaciones participantes coincidieron en que “tanto el consumidor de productos piratas como el que los provee son víctimas”. En ese sentido, lo que la Uacpi dice no es que quien baja un disco de Internet o compra una película en la calle es un delincuente con vínculos con el narcotráfico, aunque de hecho incurre en un delito. No es, tampoco, que los vendedores que ofrecen copias de películas a cinco pesos en el ex Ferrocarril Roca sean la amenaza, pero sí “parte de un sistema que se debe erradicar desde el Estado con la ayuda de la Uacpi”. De lo que se habla es de las organizaciones delictivas detrás de la piratería: mientras la industria del video vendió 5 millones de películas y series en DVD en 2007, las importaciones de DVD vírgenes casi alcanzaron los 100 millones de discos, de los cuales “un setenta por ciento” estaría destinado a copias piratas. A septiembre de este año ya se habían importado 92 millones de DVD vírgenes.

Más cifras: “La piratería concentra el 50 por ciento del gasto del consumidor considerando la exhibición, el alquiler y la venta, es decir 700 millones de pesos al año que no reconocen derechos de propiedad intelectual ni pagan tributos”; “la industria del cine y el video da trabajo en blanco y bien remunerado a más de 20 mil familias en empresas de capitales nacionales que pagan puntualmente sus impuestos, invierten permanentemente en nuevas producciones, salas y locales”. Según la Uacpi, de cada 100 pesos gastados en cine y videos originales, 90 se usan para salarios, publicidad, impuestos e inversiones, y “menos del 10 por ciento” es lo que reciben las compañías. Por eso la unión concluye que lo que está afectado es “el trabajo de los argentinos”.

Pero ésa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de los factores que alimentan la piratería. ¿Se trata efectivamente de una naturalidad argentina a consumir lo falso por lo original? ¿Al argentino no le interesa el aura que vio Walter Benjamin en las obras de arte? ¿O la práctica se extendió por causas socioeconómicas y técnicas, por los costos de ir al cine o adquirir un disco original, por la venta ambulante como rutina de supervivencia y por la necesidad de los artistas de, también, ofrecerse ellos mismos y a su arte en condiciones de precariedad legal por la imposibilidad de difundirse?

“El consumidor es una víctima –resuelve Racauchi–, pero tiene que dejar de ver a su proveedor como mártir que se gana la vida y es perseguido injustamente. Lo que la sociedad no ve es que hay organizaciones delictivas que explotan a esos vendedores y se enriquecen a costa del trabajo de otros, los creadores y productores de las obras.” Fernández asegura que “es hora de que las autoridades reaccionen” en todo sentido, incluso en “dar respuesta sobre el uso y abuso de espacios públicos” por parte de revendedores. Flagelo, amenaza o costumbre, los productos culturales falsificados y las drogas ilícitas sí tienen cosas en común: ambos precisan de una concientización desde el Estado para su buen uso. Y ambas actividades tienen sus propios perejiles.