Tomás Ruiz Rivas confesó que no tomó conciencia de lo que había bajo sus pies hasta que leyó, en el verano de 2000, la noticia de la primera exhumación realizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en una fosa con trece cuerpos, en Priaranza del Bierzo, un pueblo de León. “Desde entonces han desenterrado más de un millar de cuerpos de unas 200 fosas –aclara–. Se trata, en todos los casos, de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de desaparecidos. La cifra es terrible, pero no es más que un botón de muestra.” La ARMH presentó ante el juez Baltasar Garzón, en diciembre de 2006, una demanda contra el Estado español, reclamando que dé cuenta del paradero de 30.000 españoles desaparecidos bajo el franquismo. Un aspecto particularmente tenebroso de las desapariciones zes la participación de la sociedad civil en los crímenes. “Según ha podido averiguar la ARMH, por testimonios de familiares de las víctimas, en los pueblos los elementos afines a la sublevación militar elaboraban listas de ‘rojos’, que se intercambiaban con los fascistas de los pueblos vecinos, de modo que cada grupo se ocupaba de hacer desaparecer a los ‘rojos’ del vecino –precisa Ruiz Rivas–. Falangistas, guardias civiles, particulares y miembros del clero ejecutaron materialmente el plan de exterminio de los posibles opositores a partir septiembre de 1936, y en especial en las provincias que se unieron desde el principio al golpe de Estado, y donde no hubo frente de guerra. La fecha es relevante, porque las desapariciones, al menos en Castilla y León, empiezan dos meses después del alzamiento en Melilla, cuando se está formando una resistencia popular que contendrá el avance de las tropas de Franco en Madrid, otros dos meses después, en noviembre de 1936. Esto, y el sistema de listas cruzadas, es lo que nos permite pensar que las desapariciones no fueron fruto de una explosión espontánea de ira, como se ha dicho tradicionalmente, sino de un plan perfectamente articulado.”