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Por Irma Lima *
Resulta alarmante observar la ligereza con que ciertos sectores de la sociedad han iniciado en los últimos tiempos una campaña sistemática tendiente a mostrar como monstruos a los llamados “menores delincuentes”, a los que incluso en ocasión se los tilda de “bestias”, postura que encuentra eco en gran parte de una comunidad que, jaqueada por la inseguridad, llega a requerir la pena de muerte, determinación que me provoca reflexiones.
En primer término me sorprende la dualidad de aquellos que hoy sostienen la antedicha postura y que son los mismos que permanentemente evocan y alaban las normas internacionales sobre los derechos de niños y adolescentes cuyo espíritu y letra violentan con las medidas que reclaman.
En segundo término es dable destacar que si bien no ignoro que se viene produciendo un crecimiento alarmante de hechos más graves y violentos cometidos por menores, ello no puede llevar a concluir, como se hace con un simplismo incomprensible, que para ponerle coto deba recurrirse al incremento de las penas, a la baja de la edad de punibilidad y a la política de mano dura, sin meditar sobre la responsabilidad que nos cabe a todos en el origen de las causas que han llevado las cosas al estado actual, ni acerca de la contradicción que significa tener hermosas normas jurídicas y una horrible cotidianidad.
“El que es pobre en la vida tiene que ser rico en derechos”, según reza un sabio y olvidado refrán alemán y estos jóvenes tildados de “bestias” suelen ser pobres en la vida y en derechos.
Tampoco podemos obviar que una personalidad desarrollada sin garantías de protección básica será una personalidad limitada, frustrada y en conflicto; ni que el deterioro social que se está verificando en el país como consecuencia de los reiterados ajustes ha causado un empobrecimiento y una marginación sin precedentes, todo lo cual ha hecho perder el control social.
En toda sociedad debe existir relación entre la moral y la justicia social: el cumplimiento de lo moral sólo podrá funcionar socialmente cuando las oportunidades sean dadas en forma equitativa, cuando no haya excluidos.
Desde nuestra función creemos prioritario, y hacia allí nos orientamos con la ley provincial 12.607 aprobada en la última sesión legislativa del año 2000, desarrollar programas de Protección Integral con un profundo sentido preventivo que efectivamente integren a los menores a la sociedad, evitando que lleguen al delito o sean internados por el simple hecho de provenir de hogares pobres.
El ingreso de niños y jóvenes al sistema por causas penales crece, pero no es menos alarmante el sostenido aumento de internaciones por cuestiones familiares o asistenciales, y es nuestra intención revertir el proceso histórico que condena a estos menores a regresar a nuestro ámbito tras implicarse en delitos.
Si bien la ley 12.607 se encuentra parcialmente suspendida, entendemos acertado descentralizar la gestión y mantener al chico cerca de su familia, su entorno, su ámbito. Es tiempo de decirles adiós a los megainstitutos y apuntalar los núcleos familiares, donde sin dudas está la natural contención.
Con respecto a los jóvenes con causas penales, estamos trabajando para actuar de acuerdo y conforme a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución nacional en la Reforma de 1994. Una de las prioridades de nuestra gestión es evitar el alojamiento en comisarías. Pese a las crisis y dificultades presupuestarias, y a que en el último año se duplicó la incidencia de los menores en el delito respecto del 2000, hemos logrado reducir en un 75 por ciento el número de chicos alojados en dependencias policiales. No descansaremos hasta que esta situación irregular, que jamás debió existir, sea parte del pasado.
Por último, quiero transmitir aquí lo que con brillante claridad dijera la científica social austríaca Singrid Pilz: “Sólo en una comunidad que prevé todo lo imaginable para prevenir que los jóvenes caigan en la criminalidad juvenil, la pena puede ser interpretada en última ratio como categoría moral”.
En síntesis, la sociedad debe poner el acento en la prevención y sostener el principio de dar “ayuda en lugar de pena”, siendo la pena “el último camino en la confesión de que la ayuda no fue suficiente o ha fracasado”.

* Interventora del Consejo Provincial del Menor y ex jueza de Menores bonaerense.