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Si una mujer va a la justicia a pedir que el padre de sus hijxs le pase alimentos para ellxs, si denuncia que su tío abusó de ella cuando era chica, si acusa a su novio de violarla, si es acusada de matar a su ex pareja cuando él la intentaba matar, si afirma que es maltratada psicológicamente, si demuestra los golpes y asfixias que le marcan el cuerpo, si es procesada por tráfico de drogas o si es imputada como mechera en negocios de ropa tiene siete posibilidades entre diez que la juzgue un varón. Ya que, actualmente, en la Argentina, el 70 por ciento de los magistrados son hombres. No necesariamente un varón va a ser injusto con una mujer ni –invariablemente– una mujer va a analizar en el contexto de las vulnerabilidades de género a una mujer denunciante o denunciada. Pero la falta de mujeres en cargos de poder en la justicia y la falta de capacitaciones en género en la justicia sí son dos deudas pendientes para que la justicia sea más justa con la mitad de la población.

Y este es, justamente, el trabajo de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que creó y dirigió, hasta su muerte, Carmen Argibay, la primera mujer designada para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que al fallecer dejó su puesto vacante que no fue reemplazado por ninguna otra mujer.

De hecho, la OM es la que espejó con cifras claras esta ausencia de damas en los tribunales, no solo ahora, sino en los puestos que se van a ocupar en el futuro ya que el 72,8 por ciento de las y los postulantes para cargos judiciales son varones, según las cifras que, en diciembre del 2014, divulgó la OM y que pusieron en rojo que el actual escenario machista no se está modificando sino perpetuando.

Pero la tarea central de hacer una radiografía de la injusticia de género en la propia justicia, promover que se llevan adelante registros oficiales de femicidios, enlazar a los distintos organismos encargados u ocupados de luchar por mayor igualdad y capacitar (aún a pulmón y sin presupuesto destinado por la Corte Suprema) a altos y bajos funcionarios judiciales en todo el país sobre violencia machista, trata de personas y abuso sexual, entre otros temas, donde la mirada se renovó y las normas generaron una revolución (que no siempre conocen a fondo quienes deben aplicarla) de la OM sufrió un revés justo cuando se terminaba el año y empezaba la feria judicial.

El 30 de diciembre, último día hábil de diciembre, a las 13:25, un correo electrónico administrativo comunicó que Flora Acselrad –la titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación– y Nidia Marsero –encargada de Gestión Administrativa y Articulación de la OM– eran transferidas a otras dependencias por las resoluciones –3990 y 3989– firmadas por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Flora tiene 24 años de trabajo en la justicia y diez en la Corte Suprema y fue trasladada a la Cámara Criminal y Correccional. No hay razones formales, pero fuentes judiciales informan que fue una decisión de Lorenzetti porque consideraba que perjudicaba a la Corte. Nidia, por su parte, fue despachada a la Cámara de Seguridad Social. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró, posteriormente, que la OM no será cerrada y que ya tiene reemplazante. La nueva titular es María Delia Castañares, que trabajó antes en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), también a cargo de la Corte Suprema y es integrante desde hace un año de la OM.

Ante el rechazo en la sociedad civil y el movimiento de mujeres, el Centro de Información Judicial (CIJ), la Agencia de Noticias del Poder Judicial, publicó este comunicado: “La Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de la Dra. Elena Highton de Nolasco, comunica que la funcionaria María Delia Castañares fue designada como responsable de la Oficina de la Mujer del Máximo Tribunal y que esta Oficina continuará llevando a cabo todas las actividades nacionales e internacionales bajo la dirección y supervisión permanente de la vicepresidenta, como lo ha hecho hasta el presente. Castañares, quien ya venía cumpliendo tareas en esa dependencia, asumirá su nueva función a partir de febrero próximo”.

¿Las razones?

Podría tratarse, entonces, simplemente de una renovación de personal o, en cambio, de una oficina con el mismo nombre y las mismas funciones pero con menor impulso y protagonismo social y mayor disciplinamiento a una Corte que toma un nuevo rumbo. Por lo pronto, no hay razones claras para el cambio de mando. Pero sí algunas señales. ¿Tal vez, la campaña “Más mujeres en la Justicia”, llevada adelante por la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA) –que fue presidida e impulsada por Carmen Argibay– haya dolido a la estirpe patriarcal en un momento donde la conformación de la Corte decayó en prestigio republicano? Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti son los nuevos integrantes del máximo tribunal nombrados por el Presidente Mauricio Macri por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Las propuestas de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner también habían sido exclusivamente de varones. Pero distintas organizaciones no gubernamentales; como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación de Investigación de la Mujer (FEIM); habían rechazado la postulación de Roberto Carlés por considerar que ese puesto lo debía ocupar una mujer. El DNU macrista, en cambio, no permitió ni que se debatan las objeciones en el Congreso. Por eso, una posibilidad –sin confirmación oficial– es que el reclamo de un cupo de género que llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el nombramiento de una o más mujeres con clara trayectoria en perspectiva de género haya sido uno de los disparadores de esta decisión.

La trayectoria de las dos despedidas es muy sólida, pero –fundamentalmente– no se asentaban en la burocracia de expedientes o en los laberintos formales de tribunales, sino que buscaban -con creatividad y mucho empuje- formas de capacitación judicial y redes de género activas, eficaces y federales. Fueron férreas impulsoras del movimiento de mujeres que tiene frente a la justicia su mayor desafío y deuda pendiente. Por eso, el reconocimiento y el rechazo a su partida no se hicieron esperar.

La Asociación Civil Red de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires criticó: “Se han violado sus derechos como trabajadoras y se ha vaciado uno de los espacios que llevaban adelante políticas públicas tendientes a terminar con los estereotipos de género dentro del poder judicial. Desde la OM se han realizado diversos aportes para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Las capacitaciones obligatorias para los miembros del Poder Judicial dándole impulso a la incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos para lograr la equidad de género tanto en quienes utilizan el sistema de justicia, como para las y los empleados, funcionarios y magistrados que desarrollan su labor. Nos encontramos frente a otra clara señal política de retroceso en la defensa de los derechos humanos. Desde Red de Mujeres expresamos nuestro reconocimiento y apoyo al trabajo de la OM, en especial a aquellas mujeres condujeron el espacio. Este tipo de embates nos hacen alejarnos cada día más del objetivo de terminar con la violencia hacia las mujeres”.

La abogada y coordinadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) Natalia Gherardi rescata la gestión que se realizó hasta ahora en la Corte Suprema: “El trabajo de la OM, bajo la dirección de Flora Acselrad y con la contribución de Nidia Marsero, todos estos años, ha sido impecable: con un gran liderazgo consolidó el trabajo de una de las instituciones más sólidas y comprometidas para la igualdad de género asumiendo el enorme desafío de dar inicio a un proceso que no debe tener retorno dentro del Poder Judicial. Impulsaron investigaciones que pudieran dar una mirada crítica pero constructiva hacia adentro (con el relevamiento para la elaboración del Mapa de Género en la Justicia) y acciones para mejorar el servicio de administración de justicia, con las capacitaciones y espacios de formación. Esperamos que el trabajo continúe con el mismo compromiso, pero no hay duda que las vamos a extrañar”.

Los ecos de la noticia

Mientras tanto, hoy (viernes) se presenta una carta dirigida a Lorenzetti y Highton de Nolasco de distintos organismos de derechos humanos y derechos de las mujeres para pedir por la continuidad del trabajo –en la misma escala e intensidad– de la Oficina de la Mujer. “A partir de nuestra experiencia de trabajo a través de la investigación, la incidencia en ámbitos nacionales e internacionales y la asistencia a quienes atraviesan distintas manifestaciones de violencia y discriminación de género en Argentina, reconocemos en los avances que comienzan a vislumbrarse en la administración de justicia el impacto positivo de los programas impulsados desde la Oficina de la Mujer que depende en forma directa de la Dra. Highton y que, hasta recientemente, estuviera a cargo de la Dra. Flora Acselrad”, sostiene la carta firmada por ELA; Amnistía Internacional Argentina; La Casa del Encuentro; Mujeres en Igualdad; Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF); Fundación Siglo 21 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); CLADEM Argentina; Observatorio de Violencia de Género; Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Foro de mujeres por la Igualdad de oportunidades de Salta; Red de Mujeres; Católicas por el Derecho a Decidir; Walk Free; Asociación Civil Comunicación para la Igualdad; ADC - Asociación por los Derechos Civiles; Feministas en Acción y Foro por los Derechos Reproductivos. El documento también es avalado por feministas como Norma Chiapparrone y Martha Rosenberg y resalta: “Queremos hacer llegar nuestra valoración positiva de los esfuerzos realizados dirigidos a la capacitación de las personas que integran el Poder Judicial y su sensibilización a cuestiones de género; el monitoreo de las sentencias y resoluciones dictadas; las investigaciones para documentar la presencia de mujeres en los diversos estamentos del Poder Judicial a través de la producción sistemática y periódica de información en el Mapa de Género; la promoción de espacios de colaboración e intercambio dirigidos a la articulación con otros organismos del estado, así como con las Oficinas de la Mujer de los poderes judiciales provinciales y con organizaciones de la sociedad civil. Además, valoramos el impulso que las acciones de la OM han tenido en el ámbito regional, a partir de la colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos así como con los Poderes Judiciales de los países de la región”.

La OM fue la que impulsó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina que se dio a conocer en diciembre, después de la puesta en agenda por parte del colectivo Ni una menos, de la necesidad de frenar la muerte de las mujeres por ser mujeres. A partir de ese trabajo se sabe –con cifras oficiales– que en el 2014 hubo 225 victimas de femicidio y que, al menos, treinta de ellas habían denunciado previamente a la justicia. El dato no es menor: la OM logró demostrarle a la justicia que las victimas fueron a pedir protección a la justicia y que la justicia no logró protegerlas aún cuando sabían que corrían riesgo sus vidas. La OM mostró que la justicia falla. Y no por sus sentencias.

Por eso, el documento dirigido a la Corte Suprema defiende la gestión no solo formal sino audaz y con una clara interpelación a la justicia desde la propia justicia de Acselrad: “Fue la OM quien lideró la creación de la primera estadística oficial de femicidios en Argentina, una herramienta estadística indispensable para el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. El reclamo por estadísticas oficiales fue impulsado durante años por la sociedad civil, con apoyo en las recomendaciones formuladas por organismos internacionales de derechos humanos al Estado Argentino, como el Comité de las Naciones Unidas contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité de Derechos Humanos y el Mecanismo para el Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). La reciente decisión de disponer el traslado de la Dra. Acselrad a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, así como el traslado de quien fuera la encargada de Gestión Administrativa y Articulación, Lic. Nidia Marsero, a la Cámara Federal de Seguridad Social, nos motiva a hacer llegar estas líneas para darles a conocer nuestra valoración del trabajo que ellas –junto con el resto del equipo– impulsaron desde la OM, y nuestra firme convicción que se trata de una tarea fundamental que debe continuarse con el mismo compromiso, apoyo y trascendencia”.

La idea no es sólo que la OM siga como un sello formal, apenas de corrección jurídica –política, sino que siga metiendo el dedo en la llaga donde la comodidad se siente incomodada.