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En nuestro país, desde hace más de cien años, el Estado tutela a todos los niños y las niñas pobres. Los observa con mirada vigilante porque, ya se sabe, en cada niño o niña pobre anida la posibilidad de que crezca un hombre o una mujer que no se adecúe a las normas de esta sociedad de clases. Tal vez se convierta en un ladrón, quizás sea una prostituta, o -horror de los horrores- un obrero que luche por sus derechos o una mujer que no quiera limpiar su casa y las casas ajenas y estar sometida a la voluntad de los varones. Las representaciones del peligro fueron cambiando, y si antes eran los indios, y después fueron los gauchos, más tarde los inmigrantes con sus ideas traídas de Europa y más acá los villeros y las personas en situación de calle. El Estado tutela a los hijos de los pobres con argumentos morales. Los jueces mandan a hacer informes técnicos socioambientales y con consideraciones como “riesgo moral o material” les sacan los niños a los padres o pasan por encima de las decisiones de su familia. Sí, ya sé, “riesgo moral o material” es una categoría que estaba en la antigua ley Agote, no en la moderna ley de infancia, la famosa 26.061. Pero eso a los jueces les importa a veces sí y a veces no. Ya vemos que en Jujuy, a la jueza María del Rosario Hinojo que tomó la decisión de intervenir en el acampe que organiza la Tupac Amaru para sacar de allí a los niños, le importó nada. Le importó nada también la Constitución Nacional donde los Derechos de los Niños y las Niñas figuran con claridad desde hace muchos, muchos años.

La moral, como ya se sabe, no es neutral. Esta moral de la que hablamos es la herramienta de la clase dominante para disciplinar a la clase trabajadora. Lo que se aplica a los “menores” no se aplica a los niños y las niñas. Si un montón de “menores” disfrutan de una pileta en el calor del norte argentino, hay que cerrarla para cuidarlos. Se pueden ahogar. Si unos niños o niñas se divierten en la pileta de su torre o en la de su country a ningún juez se le ocurriría vaciarla para protegerlos. Los padres y madres de los “menores” -vale decir, de los pobres- nunca saben lo que hacen. Hay que al menos compartir su patria potestad. Los padres y madres de los niños y las niñas -vale decir hijos de la clase media o la clase alta- sí saben y son responsables de sus decisiones.

Quienes hemos participado en marchas, en reuniones maratónicas, en sentadas, en trabajos de esos en los que se deja el pellejo y, además, somos madres o padres, hubiéramos querido tener las condiciones del acampe de Jujuy para nuestros niños y niñas. Piletas de lona, juegos, regalos de reyes, las cuatro comidas, una carpa sanitaria, visitas de defensores de niños para chequear que las todo esté en orden.

En esas condiciones ideales, nunca vistas en ningún lado, ni en manifestaciones ni en lugares de trabajo donde los padres y madres llevamos a nuestros hijos o hijas, a la jueza de menores le pareció que los niños estaban en riesgo. No le ordenó a las fuerzas de seguridad que se abstuvieran de cualquier acción en favor de protegerlos, ordenó separar a los niños de sus padres y madres.

Tal vez sea mucho pedir que en este contexto donde las malas noticias se ven eclipsadas por las noticias peores, reparemos en este asunto que parece un detalle. Porque Milagro Sala está presa y a un mes del cambio de gobierno presenciamos la arremetida de la derecha más voraz de los últimos treinta años. Pero hagamos el esfuerzo de detenernos aquí un momento.

En estos pocos días de experiencia bajo este gobierno, que es neoliberal pero es distinto de los gobiernos neoliberales que hemos conocido, hemos aprendido que el método es dar un golpe después de otro para que en la gran serie perdamos de vista la gravedad de cada golpe. Cada decreto presidencial hace que el anterior parezca menos terrible. Por eso, entre la detención de Milagro Sala y el decreto que le permite a las fuerzas de seguridad bajar aviones para “defendernos del narcotráfico”, pasando por la duplicación del presupuesto de la coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires y la carta libre al Municipio de Morón para gastar sin rendir cuentas, la orden judicial para que no haya niños en las protestas sociales parece casi un detalle de color. Pero no lo es. Nunca lo fue. En la dictadura se robaron a 500 niños con el mismo argumento. Se mandaron a orfanatos a otros tantos y se los entregaron a los familiares más retrógrados aun habiendo un padre o una madre vivos por las mismas razones. Los niños y las niñas pobres o con padres y madres luchadores están en peligro. Como lo estuvieron siempre, sólo que ahora, en la era de la pornopolítica, de un modo más explícito.

Es probable que quien lea esta nota ya sepa todo esto y, como dice Silvio Rodríguez, no sé si todo esto realmente nos hace falta. Pero creo que quizás sea una oportunidad no sólo para luchar contra este atropello, sino para mirar si muy dentro de nosotros y nosotras no anida algo de esta doble moral. Si no hay un pequeño juez de menores en nuestro interior que nos hace llevar a la escuela a nuestros hijos e hijas todos los días pero preguntarle a los hijos de los pobres si “quieren ir” a la escuela. Si ese pequeño juez de menores no hace que nos parezca escandaloso que nuestros hijos beban alcohol pero no que un niño pobre se emborrache por primera vez a los doce años. Si no le tenemos prohibido fumar a nuestros hijos pero nos parece que le podemos ofrecer un cigarrillo a un niño de trece años institucionalizado para que se calme. Fijémonos si ese juez de menores escondido en nosotros no nos hace ver en una niña pobre que es prostituida a una prostituta y en una niña blanca en las mismas condiciones, a una víctima de trata.

Tal vez sea una oportunidad para defender los derechos de los niños y las niñas sin doble moral. Para entender que si “los niños primero”, entonces los adultos no podemos ser indiferentes. Sobre las cunas de todos los niños y todas las niñas de las clases trabajadoras, de los luchadores y las luchadoras, penden las garras de los jueces de menores. En la próxima vuelta, cuando “volvamos” o se vuelva, no nos olvidemos de sacar del juego a la familia judicial de nuestras familias. Y al pequeño juez de menores escondido en los pliegues de nuestra conciencia también. De raíz. Inventemos una justicia que de verdad proteja. Hagamos ese esfuerzo.