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El pasado 9 de julio, alrededor de las 3 am, la abogada china Wang Yu, de 44 años, acababa de regresar a su apartamento de Beijing tras dejar a su marido y a su hijo en el aeropuerto. Nomás llegar y ver cómo la electricidad se cortaba repentinamente, mientras –del otro lado de la puerta– oía el murmullo de personas que intentaban ingresar a su hogar. “Alguien está tratando de forzar la entrada, pero todo está a oscuras, no logro ver nada”, escribió la mujer vía texto a cercanos. Cuando un amigo intentó comunicarse con Wang un rato más tarde, no contestaba, su línea estaba desconectada; cuando se acercó a su domicilio, lo encontró vacío. El cabo suelto lo ató un guardia de seguridad del complejo residencial, que contó haber visto cómo la policía se la llevaba. Con el discurrir de los días, la escena se volvió rutinaria: decenas y decenas de letrados pro derechos humanos, de disidentes políticos y de activistas sociales eran arrestados o interrogados a lo largo y ancho del país oriental por presunta “subversión contra el Estado”. ¿Los “actos delictivos” de Wang Yu? Vastos, y muy variados: desde haber asistido legalmente en 2013 a seis jovencitas de la isla Hainan, violadas por el rector de su escuela; hasta defender a miembros del grupo religioso Falun Gong, prohibido y violentamente perseguido desde fines de los 90 en China. O, por caso, representar a la activista feminista Li Tingting, encarcelada por planear una protesta contra el acoso sexual en el transporte público. O al intelectual uigur Ilham Tohti, condenado a perpetua por expresar opiniones supuestamente separatistas. También representó a la defensora de los DD.HH. Cao Shunli, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional; y a militantes por la libertad de expresión. Wang Yu, una verdadera truhana.

Cuestión que, tras seis largos meses –en los que la comunidad internacional solicitó en repetidas ocasiones su pronta liberación (o, más no fuera, saber dónde era retenida)–, la mujer continúa tras las rejas. Con una petite diferencia: las autoridades han oficializado el arresto los pasados días, dando aviso a su madre de la acusación formal a través de un comunicado de la policía de Tianjin. Sí, subversión contra el Estado, cargo por el que esta dama podría verse privada de su libertad de por vida, de ser encontrada culpable durante el proceso judicial. Así lo informó su abogada, Li Yuhan, que aún no se explica lo draconiano del caso. “Ella ha ofrecido sus servicios legales a la gente de las clases más bajas de la sociedad. Nunca pensé que sería acusada de subversión. Simplemente no lo entiendo”, agregó la defensora, a quien le rechazaran todas y cada una de las solicitudes que presentó para reunirse con Wang los pasados meses ¿Las razones oficiales? “Pondría en peligro la seguridad nacional”. Qué va: al parecer, nada es más peligroso que una dama que hace campaña contra el acoso sexual, o defiende a chicas violadas...

No tan curiosamente, Wang forma parte del bufete legal Fengrui, donde otros colegas han padecido símil suerte. Bufete internacionalmente conocido por, por ejemplo, haberse encargado del caso del artista Ai Weiwei. “La firma se ha vuelto el foco de los esfuerzos del gobierno por desacreditar a abogados especializados en derechos humanos, tildándolos de subversivos inmorales que abusan de la ley para su rédito personal y para crear caos social”, destaca el New York Times. Y suma la voz de la indignada Maya Wang, de la organización Human Right Watch en China: “La intención es infundir miedo a la comunidad de letrados de DD.HH. para reducir significativamente su activismo. Las autoridades básicamente están etiquetando el movimiento pro DD.HH. como una forma de subversión”. Lo cierto es que, desde que asumiera la presidencia, Xi Jinping –líder del Partido Comunista– ha recrudecido su actitud frente a cualquier forma de disidencia.

Y sobre aquello, poco tiempo antes de su detención, se refirió la misma Yu, declarando que “como ciudadanos, la gente debería ser capaz de poder criticar al gobierno sin ser acusada de incitar revueltas”. “Hoy en día, las personas dicen que ser abogada se ha vuelto un trabajo de riesgo”, dijo entonces; y luego: “La única manera de estar a salvo es dejar de hacer lo que estoy haciendo”. Claro que, en palabras de la valiente señora, “nunca nadie está verdaderamente a salvo bajo una dictadura…”. Qué va: sobrados son los ejemplos que evidencian la ola persecutoria, como puntualizó el pasado septiembre el diario El País: “La defensora de los derechos humanos Cao Shunli murió el año pasado en prisión (Nota de la redacción: su familia realizó repetidas peticiones para que se le proporcionara tratamiento médico, y todas fueron denegadas). La periodista Gao Yu, de 71 años, ha sido condenada a siete años de cárcel por (el falso cargo de) pasar información a extranjeros. Liu Xia, la esposa del premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, se halla bajo arresto domiciliario por reclamar la libertad de su marido…”.

Por cierto, en la mentada nota del medio español, se recalaba en cierta ironía: la hipocresía de Jinping al copresidir por aquel entonces una reunión global de la ONU sobre igualdad de género “al mismo tiempo que su gobierno llevaba a cabo una campaña sin precedentes contra activistas en favor de los derechos de la mujer”. Gesto que, por cierto, no pasó inadvertido por Amnistía Internacional, cuya directora de investigación en el este asiático, Roseann Rife, subrayó el doble discurso del mandatario, pronto a “subirse al escenario mundial para proclamar la importancia de los derechos de las mujeres mientras las autoridades chinas continúan metiendo en la cárcel a las mujeres que luchan por esos derechos”. Detenciones, hostigamientos, intimidaciones; todo parte de un paquete estatal que, solo a mediados del año pasado, en lo que muchos han bautizado “la semana negra”, arrestó, interrogó o “volvió ilocalizables” a más de 200 abogados y activistas. Siendo Wang Yu, una de las primeras.