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Por Roxana Sanda

"Conozca otra dimensión en Pilar", incita el cartel inmobiliario sobre la antigua ruta 25, y promete. Promete aire pleno, cielos limpios, Internet banda ancha, seguridad privada de alta tecnología, verdes infinitos, spa y supermercados con delivery en barrios y countries creados para deleitar a políticos adinerados, farándula pudiente y profesionales distinguidos. Todos se babean por saborear ese caramelo que cotiza en dólares pero que hace tiempo comenzó a echar mal olor aunque brokers, empresas y “fuerzas vivas” intenten disuadir de ello.
Esta semana se cumplen tres años y siete meses del hallazgo del cadáver de Gisella Vallejo, una chica de 18 años que el 25 noviembre de 2000 fue a pasear con sus amigas al centro de Pilar y apareció muerta diez días después en un descampado a dos cuadras de la comisaría y cercano a la quinta de uno de los sospechosos del crimen que todavía permanece impune.
Esta semana, también, se cumplen cuatro meses de la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Mirta Solís, una joven de 22 años que el 25 de febrero último asistió a una entrevista de trabajo en la plazoleta cercana a la estación de tren de Pilar y no se supo más de ella hasta diez días después, cuando la policía encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición y al que la familia de Mirta todavía se niega a llevarle flores al cementerio, porque dicen que ese cuerpo pertenece a otra mujer.
Las dos desaparecieron frente a cientos de ojos en la zona más urbanizada de Pilar; las dos, en su condición de mujeres demasiado jóvenes, fueron sospechadas de “haberse ido por ahí con alguien”; las dos aparecieron muertas exactamente al cabo de diez días en un estado de degradación orgánica tan espantoso que a la fecha ningún forense logró determinar con precisión las causales de muerte.

“Gisella fue a bailar con sus amigas el sábado 25 de noviembre a la noche; tenía 18 años, estaba por terminar el secundario y no volvió más. Al otro día fui a la casa de sus amigas, me contaron que en el centro se encontró con Agustín di Capua, un chico de 16 años con el que salía. Fui a su casa y me confirmó que estuvieron juntos pero dijo que más tarde se separaron. El lunes saqué fotocopias a una foto de Gise, me presenté en los medios locales, hablé con sus profesores, fuimos a pedir por ella a la comisaría, a la intendencia, y no supe nada hasta el 5 de diciembre, cuando una vecina me avisó que habían encontrado a alguien en un descampado del centro. Era el cadáver de mi hija.”
El caso de Gisella es emblemático para la sociedad de Pilar guste o no reconocerlo, desde el momento en que por su causa ya desfilaron cinco fiscales, se sucedieron una cantidad apreciable de policías que erraron fiero en las líneas de investigación, se mantuvo detenido durante dos años hasta su juicio y liberación al remisero José Vega, un chivo expiatorio que no tuvo que ver con la muerte de la chica; testigos de identidad reservada terminaron “dándose vuelta” y se perdieron pruebas fundamentales, como la ropa de Gisella, 76 casetes que contenían escuchas telefónicas y hasta muestras de cabellos que sujetaba en una de sus manos y que ahora parecen estar en una delegación policial de San Miguel. La gravedad del asunto llevó a que el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, luego de una entrevista con el fiscal a cargo de la investigación, Enrique Ferrari, el 26 de abril último, ordenara a la Dirección de Asuntos Internos de la Bonaerense la investigación del desempeño de los policías que intervinieron en el caso, por ese entonces una comisión especial integrada por buena parte de efectivos de la zona norte del conurbano, entre los que se encontraban el ahora jefe de la Departamental de San Isidro, comisario Rubén Cabrera, personal de laSubdelegación de Investigaciones de Pilar y policías de la comisaría primera; la misma donde en los noventa prestó servicio un conocido de la zona, el ex comisario Luis Abelardo Patti.
Sobre el pasto de aquel descampado, cada centímetro del cuerpo de Gisella denunciaba a gritos el sometimiento que padeció antes de morir: boca abajo, las manos sobre la espalda atadas con un suéter, posibles cortes en el cuello y vestida a las apuradas, sin su corpiño. “Encima durante meses tuve que soportar que me dijeran que mi hija había fallecido de un paro cardiorrespiratorio no traumático”, recordó Susana, que desde un principio sufrió la humillación de escuchar a policías decir entre carcajadas que Gisella había salido por ahí con algún hombre y por eso no volvía a casa. “De hecho, me tomaron la denuncia por fuga de hogar y no como desaparición de persona.”
Alicia Reale, que dirige la Casa de Derechos Humanos de Pilar junto con el sacerdote Luis Guzmán, advirtió que el de Gisella Vallejo “es el caso María Soledad de Pilar. A partir de este crimen fuimos descubriendo nuevas formas de violencia hacia las familias y los menores, porque aquí existen grupos parapoliciales que salen a violentar chicos hasta matarlos”.
Una alta fuente de la investigación manifestó que no le parecía “descabellado” comparar el caso Vallejo con el de María Soledad Morales en Catamarca. “Si bien en esta causa no hay hijos de gobernadores ni políticos, no es aventurado tejer hipótesis sobre los hijos de personas encumbradas o de familias tradicionales de la sociedad de Pilar que podrían estar comprometidos y que en su momento hasta habrían recibido algún tipo de protección.”

Este 25 de febrero, Mirta Solís decidió acompañar a Lorena Ponce, una conocida del barrio, a una entrevista de trabajo para tareas de limpieza y cuidado de niños que había concertado por teléfono con su supuesto empleador, quien acordó esperarla a bordo de su Fiat 147, en la plazoleta cercana a la estación de ferrocarril. Días después, Ponce declararía que el individuo rondaba los 40 años, tenía ojos claros y era robusto, pero también que su presencia le causó temor y a último momento resolvió no subir al auto. Herminia, madre de Mirta, dijo que su hija “siempre estaba buscando changas, porque tenía tres hijos de 2, 5 y 8 años, y con el Plan Jefes y Jefas de Hogar no alcanzaba para vivir”. Eso y las palizas casi diarias que le daba su pareja fueron impulso suficiente para decidirla a entrar en lugar de la otra mujer al auto que arrancó a toda velocidad y se perdió en segundos.
El 6 de marzo, la policía halló un cadáver en un terreno próximo a la ruta 34, camino a Luján. De inmediato se tejió la hipótesis de que se trataba de la joven desaparecida, pese a que cerca del cuerpo se encontraron tarjetas y documentación a nombre de Marta González –una mujer de 40 años que también había desaparecido tiempo atrás– y un preservativo usado. “Además, en la autopsia dijeron que la dentadura de esta mujer era perfecta, y mi hija tenía cariados los dientes de adelante”, detalló Herminia. El fiscal Eduardo Vaiani, que investiga el caso, determinó que el hombre del Fiat 147 era un vecino del barrio Astolfi, que vivía en la casa de su pareja, y gozaba de libertad condicional tras haber cumplido una condena de 14 años por violación y otra de 12 por robo calificado. Todavía no pudieron encontrarlo.
Herminia va a menudo a la fiscalía no sólo porque no puede costear los servicios de un abogado, sino porque teme que el caso de su hija no se resuelva, un miedo alimentado por la indiferencia que según ella le demuestra Vaiani, que hasta hoy nunca la recibió y suele mandar a decirle por un asistente “que hay que seguir esperando. Si hasta me enteré por los diarios que Mirta había muerto por estrangulamiento”.”Ya no sé qué pensar, sobre todo por el asunto ése del cuerpo; tanta gente me dijo que no es mi hija... Hasta me han pasado papeles anónimos por debajo de la puerta diciendo que Mirta no es la mujer que está enterrada en el cementerio y que en realidad está en Catamarca.”

Una fuente judicial de primera línea explicó que Pilar siempre se caracterizó por la cantidad de homicidios registrados, pese a haberse “popularizado” a partir del asesinato de María Marta García Belsunce, una versión corregida y aumentada de los casos policiales irresueltos que ocurren en la zona. En las cifras del “mapa delictivo” que maneja el gobierno provincial, San Isidro es el tercer departamento judicial en cantidad de delitos, con 83 denuncias diarias, y de esa zona la comisaría con más denuncias es Pilar primera. Entre Fátima –el sitio donde en 1976 se dinamitó a treinta militantes montoneros y por el que está sospechado de haber firmado sus partidas de defunción un actual funcionario del área de Seguridad del municipio–, Manzanares, Astolfi, Mazone y Villa Rosa se reparten unos 100 countries, 250 barrios cerrados y otro centenar de rancheríos, “las villas con espacio verde”, como bromean los vecinos, sin agua, luz, gas ni paliativos contra la sarna, la hepatitis y la tuberculosis. Por caso, el propio intendente de Pilar, Humberto Zuccaro, dijo en unas jornadas de salud recientes que “en 23 años pasamos de tener 60.000 habitantes y 105 camas en un único hospital, a tener 240.000 habitantes con 125 camas disponibles”, e invitó a conocer “el otro Pilar, el que tiene 23 % de desocupación y 16 % de mortalidad infantil”.

De regreso por la ruta 25, las chapas pintadas con pretensión insisten en prometer que uno está por descubrir “El barrio privado con más futuro”, porque “Elegir su casa es estrenar un muy buen negocio”.