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La noticia duró lo que suelen durar las noticias: un par de días, con la demora de alguna columna de opinión. El Estado había indemnizado a los familiares de Ana María del Carmen Pérez, secuestrada en septiembre de 1976, vista en los centros clandestinos Campo de Mayo y Automotores Orletti y luego asesinada, pero les negó la indemnización por el bebé que estaba esperando: la exhumación del cuerpo, encontrado junto a otros de detenidos desaparecidos en el cementerio de San Fernando en 1989, registró un embarazo a término. La decisión, confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, aparenta no dejar abierta una puerta para la equivalencia entre nacidos y no nacidos que pudiera favorecer, en el siempre recurrente pero nunca instalado debate sobre el aborto, aquellas posturas contrarias a su despenalización. El artículo 74 del Código Civil donde se afirma que “los derechos de las personas sólo quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos nacieran con vida” parece avalar lo dificultoso que resulta hacer de un embrión un sujeto de derecho. Los jueces Guillermo Pablo Galli y Alejandro Juan Uslenghi, con la oposición de la jueza María Jeanneret de Pérez Cortés, no dejaron de aclarar que respetaban el derecho a la vida desde la concepción, pero la sentencia sorprende al no reconocer la especificidad de un caso –no el único– que exigiría una lectura menos mecánica de la ley y al pie de su letra. No diferencia entre el embrión abortado, el concebido y guardado en el vientre como futuro hijo y el asesinado por el Estado terrorista. Obviamente, este caso no tiene nada que ver con el de un aborto, pero tratándose de lo no nacido es imposible no evocar su figura, ya que esa expresión es la elegida por los partidarios de la penalización para plantear una cuestión de derechos.
Laura Klein, en su libro Fornicar y matar, ha señalado el error de los pro-despenalización al ceder en establecer una edad del embrión para determinar su humanidad o lo contrario, reflexionando en espejo con sus adversarios. Porque lo que se decide trágicamente y sin elección, no debería servir para un pavoneo filosófico donde no se reconocen las mujeres que abortan. Decir que el feto guardado en la matriz de Ana María Pérez estaba colocado para el parto, parece sugerir que se trataría de definir al sujeto ya desde su plataforma de lanzamiento al vivir para hacerlo pasible de generar una reparación económica, es decir para pensarlo como totalmente otro de su madre. No nos detendremos en esto sino en los efectos de la sentencia que, sin llamar la atención, merecen ser llamados a declarar. ¿Por qué no se escucharon esta vez los clamores indignados de los defensores de la vida desde su concepción? ¿Dónde estaban las niñas de uniforme azul que devinieron doncellas guerreras durante el debate de la Ley de Salud Reproductiva? ¿O se trataría veladamente de sancionar a Ana María Pérez por desear ser madre y desear al mismo tiempo la tarea militante que pone la vida en riesgo? Al hacer de la ley letra muerta que se aplica con cortapisas, ahorrando y administrando, ¿no se estaría naturalizando el fin violento del retoño de quien discute con sus acciones el poder desaparecedor?. El cuerpo guardado en el interior del de Ana María Pérez sobrevivió madurando hacia su nacimiento, hasta que las balas lo buscaron expresamente: los antropólogos forenses advirtieron que, contrariamente a los otros cadáveres exhumados, donde las “lesiones traumáticas con armas de fuego” se encontraban en la cabeza, en el de Ana María Pérez se encontraban en el vientre. Se trataba de la más brutal aplicación del dicho: matar dos pájaros de un solo tiro.Pero hasta en el dicho el tiro no hace de dos pájaros, uno, mientras que en el dictamen que decretó reparación económica por Ana María Pérez se fusionó –sin detenerse en la complejidad del reclamo– dos en uno. En cambio, en los casos donde se ha solicitado que se cumplan las excepciones a la ley que penaliza el aborto o en que se demanda la interrupción del embarazo en casos de anencefalia, la retórica conservadora se gasta en parrafadas para separar mujer y embrión y convertir a ésta en la amenaza de aquél.
La alevosía de este crimen por elevación no ha merecido palabras nuevas de la ley.
Ana María Pérez estaba embarazada de un hijo que deseaba tener y sostener. Porque ya existía para ella lo nombró “Violeta”, en la posibilidad de que fuera mujer. Cabe pensar en la alusión a una flor sencilla y popular y también en el personaje de Violeta, esa aguerrida niña de anteojos que en la colección Robin Hood representaba todo lo contrario a las niñas anticuadas de la imaginería victoriana.
No se trata de evaluar la tasa del no nacido en los precios de la reparación económica sino de pensar cada vez los desafíos que debe aceptar la ley jurídica ante las nuevas figuras desplegadas a partir de la del desaparecido. Pero si hay un caso en que el Día del niño por nacer, que se suele celebrar el 25 de marzo, deja de ser un flagrante oximoron –esa figura de la retórica, generalmente sarcástica, que junta en una misma sintaxis términos de significado opuesto– para homenajear a la víctima de un crimen de lesa humanidad es éste.