Tiene una importancia equivalente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que inauguró el prestigio de la ONU en 1948, o, mejor dicho, está destinada a tener efectos tan profundos e intensos como los que la Declaración de los Derechos del Niño ejerció sobre el estatuto legal de niñ@s y adolescentes para convertirlos en sujetos de derechos específicos. Permite y augura el desarrollo de nuevas legislaciones, jurisprudencias y políticas públicas. En todos los casos promete dar vuelta realidades absolutamente distintas y, sin embargo, de lo más parecidas. Se trata del legado de la Cuarta Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Mujer, el encuentro mundial que en 1995 marcó un antes y un después en lo que a igualdad de oportunidades entre mujeres y varones se refiere, y que es uno de los avances más contundentes del movimiento de mujeres a nivel mundial: el reconocimiento de que los derechos de las mujeres son derechos humanos.

En 1995, la Conferencia de Beijing declaró sus objetivos: “Eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada, mediante la participación plena en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, social, cultural y política. Eso también supone que mujeres y hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional e internacional. La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz”. Fue a la luz de estas consideraciones que la Conferencia de Beijing dictó una suerte de hoja de ruta, la Plataforma de Acción, que –acuerdos internacionales mediante– permitiría ir dando pasos en firme para alcanzar la igualdad en todos los aspectos de la vida pública y privada. Eso fue hace exactamente 10 años, cuando la Argentina todavía contaba con una representación internacional que, especialmente en los asuntos referidos a las cuestiones de género, seguía a pie juntillas los pareceres de las voces vaticanas y de los países musulmanes. Hace una semana terminó Beijing + 10 –más protocolariamente conocido como el 49º Período de Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas–, el encuentro convocado para reafirmar, profundizar y evaluar con la participación de 180 delegaciones gubernamentales y 2500 ONG qué pasos habían dado los derechos de las mujeres a lo largo de la década en todo el mundo. Y, aunque no gozó de la difusión que otras conferencias mundiales suelen concitar –a pesar de que los efectos de Beijing no fueron menores, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que 15 países hayan modificado sus legislaciones en materia de aborto a raíz de las consideraciones sobre derechos sexuales y reproductivos de la Plataforma de Acción–, los debates que se dieron entre el 28 de febrero y el 11 de marzo en una Nueva York invernal permitieron vislumbrar algunos rasgos de lo que el futuro reserva para las mujeres de todo el mundo: pura lucha y bastantes promesas conseguibles.

“Antes de la Conferencia de Beijing, la mayoría de los países no tenía ni idea de lo que era una política de género. Hoy sí”, explica Cecilia Merchán, coordinadora nacional de la Red de Mujeres Solidarias y miembro del Movimiento Mujeres de Pie, que acaba de participar por primera vez en un encuentro de este tipo. “Más allá de lo que haya de verdad y mentira en lo que se dice en cada informe, desde Beijing casi todos los países se han visto obligados a impulsar leyes que demuestren la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.” Para ella, ésa es la importancia que una serie de encuentros internacionales reviste sobre la vida cotidiana: esos debates, esos consensos, esas discusiones que rara vez llegan a las tapas de los diarios o a los noticieros de la noche, son los que trazarán el camino para abrir otras ventanas y hacer más visibles la discriminación, las necesidades y los derechos de las mujeres. “Que tengamos ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva –continúa Merchán– tiene que ver con Beijing, porque esas leyes fueron una necesidad de dar respuestas a los planteos que se hicieron en Beijing.” Si ése es el linaje y ése uno de los resultados, ¿qué fue lo que pasó en la evaluación de los diez años de vigencia de lo acordado en 1995?

A grandes rasgos, quienes acaban de llegar de las nieves neoyorquinas están exultantes: se ha evitado el avance fundamentalista, se ha logrado por primera vez en mucho tiempo un consenso regional latinoamericano en torno a los derechos de las mujeres, se han cruzado nuevas voces para tejer otras tramas de colaboración. La embajadora Juliana Di Tullio –responsable del área mujer de la Cancillería– encabezó la delegación gubernamental argentina en la Conferencia que, por primera vez, pudo presentar una posición compartida por los 19 países que integran el Grupo de Río (América latina y Caribe, con excepción del Caribe hispanoparlante). Se trató, explica, de un “discurso importante, porque nunca había pasado que pudiéramos sostener una misma posición con el Mercosur. Se trabajó mucho con un consenso previo, y no hubo resistencias, sino todo lo contrario: el del Grupo Río fue un espacio para que los países pudieran protegerse sin tener que renunciar a sus propias convicciones”. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los países y las delegaciones de ONG de todo el mundo se presentaron en Beijing + 10 dispuestos a compartir experiencias, realizar seguimientos (sobre aplicación de los acuerdos en políticas públicas, leyes y jurisprudencia) y poner en común estrategias, en el primer día del encuentro Estados Unidos propuso –con el apoyo vaticano– realizar una enmienda a lo que fue acordado en 1995: que la Declaración Política de la Conferencia aclarara que reconocer los derechos de las mujeres como derechos humanos no crea “ningún derecho humano internacional” y tampoco incluye “el derecho al aborto”. “La posición de Estados Unidos fue muy obstaculizadora –afirma Mabel Bianco, de la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer–. En primer lugar, intentó dificultar la reafirmación de la Plataforma de Acción ejerciendo presión sobre los países menos desarrollados, con el argumento de las ayudas económicas que da. Directamente los amenazaron, hicieron presión sobre este tema. Cuando decían que no querían reafirmar Beijing porque eso estaría creando nuevos derechos, se referían a los derechos sexuales y reproductivos, pero hay una cosa muy importante: no es que Beijing y las Conferencias que siguen creen nuevos derechos, sino que lo que se hace es especificar y reconocer e incluir entre los derechos humanos a los derechos específicos. Eso fue lo que se hizo en las conferencias, darles especificidad.”

Además, la representante norteamericana presentó dos proyectos de resolución (declaraciones que, en caso de generar consensos, quedan en letra firme para posteriores encuentros): uno sobre tráfico sexual de personas y trata, en el que no diferenciaba entre prostitución y tráfico y proponía penalizar por igual a las personas víctimas del tráfico como a quienes las trafican; otro, en el que recomendaba alentar los microemprendimientos y velar por las empresarias, como toda solución para el empoderamiento económico de las mujeres. En los dos casos, Argentina se paró en la vereda de enfrente y discutió los fundamentos. Di Tullio afirma que “en el texto de Estados Unidos era muy confusa la situación de las víctimas, y nosotras claramente decimos que de ninguna manera se puede sostener eso, porque no se puede ver a las víctimas como criminales. Los presidentes del Mercosur nos dieron un mandato diciendo que el tema de tráfico y trata nos importa, que hay que reducir al mínimo el tráfico de mujeres, niños y niñas. Nosotros tenemos los instrumentos internacionales para hacerlo, y una nueva ley migratoria que los complementa perfectamente”. Respecto de la relación entre las mujeres y la economía, “decimos que la liberalización del comercio es uno de los modelos, no el único, porque el proceso de feminización de la pobreza tiene que ver con las ventajas y desventajas de la liberalización del comercio”. A Bianco, por otra parte, el énfasis norteamericano sobre las mujeres como microemprendedoras o empresarias se le antoja, cuanto menos, limitado. “Si el único planteo es ése, se está dejando afuera todo el mundo del trabajo, es una visión restringida. Además, esto demuestra que no se comprende que las pobres son las que tienen mayores dificultades para acceder a la educación, a los servicios de salud. El debate sirvió para ir poniendo en esa resolución que se entendía que las pobres tenían que tener una atención especial para superar su desigualdad, porque la pobreza acrecienta la brecha.”

Teniendo en cuenta la escalada neoconservadora que a nivel mundial va ganando terreno de la mano de Bush y su alineamiento progresivo con posturas fundamentalistas de origen religioso, lo sucedido durante Beijing + 10 no fue, en realidad, sorpresivo. Así lo entiende, por ejemplo, la embajadora Di Tullio (“ellos vienen con una posición pública más que clara, en este sentido Estados Unidos es muy coherente”), mientras que la presidenta del Instituto Social y Político para la Mujer, María José Lubertino (que participó de la delegación de las ONG), acota que en ese gesto de poner en discusión un debate sobre algo ya acordado “Estados Unidos trató de meter temas que tienen que ver con sus propias prioridades políticas” y de esa manera impidió abrir otros, porque “no tuvimos oportunidad de realizar un verdadero monitoreo”. Para Bianco, se trata lisa y llanamente de que “Estados Unidos está realmente muy en contra de lo que significan los derechos de las mujeres, y eso es peligroso, porque significa que, como es el principal donante de Naciones Unidas y tiene una gran influencia sobre el mundo y ejerce la cooperación en forma bilateral en negociaciones individuales, el riesgo que vamos a tener es grande”.

Por la oposición y los debates que encontró, Estados Unidos –que contaba con la afinidad de Panamá y Costa Rica– finalmente debió retirar su objeción sobre los derechos sexuales y reproductivos, como también el apoyo a sus propios proyectos sobre tráfico y trata sexual y sobre mujer y economía. La representante norteamericana pidió la palabra para aclarar que, para su país, “el aborto no es un método de planificación familiar, que los derechos sexuales y reproductivos no incluyen el aborto y que no consideran que la atención post aborto sea parte de la salud reproductiva. Recomendamos la abstinencia, la abstinencia y la fidelidad es lo más saludable para los adolescentes. La responsabilidad de los padres para tratar asuntos de sexualidad y salud reproductiva es prioritaria, debe prevalecer la autoridad paterna”. Sin embargo, los días de debate perdidos por evitar un retroceso en la afirmación de Beijing impidieron inaugurar otros terrenos. Cientos de informes sobre la situación de las mujeres en diferentes países del mundo quedaron en carpetas nunca abiertas, y otras tantas experiencias no se pudieron compartir.

“El efecto es real, no simbólico, y es muy interesante”, aclara la embajadora Di Tullio cuando se le pregunta sobre las transformaciones que Beijing + 10 puede tener sobre la vida cotidiana. Por un lado, esos efectos “tienen que ver con una historia en la que Argentina ha cambiado de posición sobre el tema, que es algo que genera una alegría adicional”, habida cuenta de las posiciones que el país sostuvo durante los años de la gestión menemista. “Uno de los ejes del gobierno actual son los derechos humanos, y los de las mujeres están incluidos en esta política y este eje”, acota Di Tullio, al tiempo que aclara que seguir de cerca los efectos concretos es parte de su tarea como parte de la Comisión de Seguimiento de la Plataforma de Acción. “El seguimiento se dejó de hacer en el 2000, ahora lo retomamos y lo llevamos adelante a partir de tres ejes, que tienen que ver con proyectos nacionales: mujer y pobreza, salud (que incluye violencia doméstica, salud sexual y reproductiva, tráfico y trata sexual) y mecanismos institucionales de fortalecimiento para la mujer. Es importante que las políticas nacionales bajen a mecanismos provinciales y de política local, y por eso uno de nuestros grandes logros del año pasado fue el compromiso de los intendentes de todo el país para abrir áreas mujer a nivel local. A mediados de los ‘90 teníamos unas 500 áreas mujer en municipios de todo el país, que son aproximadamente 2300. Con el achicamiento del Estado, lo primero que se recortó a nivel local fue cada área mujer, quedaron poco más de 100. Ahora estamos elevando el número, estamos cerca de las 300. Ese tipo de mecanismo es fundamental porque es concreto: la política exterior tiene importancia para nosotros y lo que se dice en las Conferencias sobre la Mujer no es declarativo: tiene que cambiar la vida a todas las mujeres del país.”

La diputada María Elena Barbagelata se muestra optimista frente a las posibilidades que promete la conducta que Argentina sostuvo en Beijing + 10. “Es un gran cambio con respecto a lo que se hizo en 1995, pero esto también tiene que impulsar el compromiso interno del país, tanto en lo legal como en lo ejecutivo y lo judicial. Esa postura tiene que traducirse e impactar en legislación y políticas públicas, porque si no hay una brecha entre los compromisos y la vida cotidiana”. Sin embargo, la lista de asignaturas pendientes –generadas inclusive bajo el actual gobierno– dista de ser breve. Llamada a enumerar, Barbagelata puede mostrar un largo rosario de deudas que el Estado argentino mantiene con los derechos de las mujeres y la igualdad: “El proyecto de licencia parental –para que los hombres también tengan licencias laborales por nacimiento de un hijo– lo aprobamos en Diputados y venció el año pasado en el Senado, tenemos que empezar de nuevo; de ligadura de trompas no se habla; de despenalización del aborto todavía menos”. Otro tanto reclama María José Lubertino cuando recuerda que cada proyecto sobre educación sexual levanta una polvareda indignadamente religiosa cuando de lo que se trata es de plantear políticas para un Estado laico (“no puede ser que un país no pueda sancionar una ley de educación sexual, algo le pasa a la democracia, y no es un problema solamente de este gobierno, porque tenemos más de 20 años de gobiernos democráticos”), al tiempo que hace hincapié sobre otros silencios pesados: la pobreza y su feminización. “La redistribución del ingreso tiene que tener en cuenta la perspectiva de género, porque si no se valoriza, por ejemplo, el trabajo doméstico y reproductivo la mirada es sesgada y sólo contempla la mitad del trabajo que se realiza. La redistribución equitativa también incluye la reforma del sistema previsional, y esto incluye un plan de igualdad de oportunidades y trato en el mundo laboral, que no se concreta nunca: salario, guarderías, licencia para los padres...”.

Además de la voluntad política para legislar o para llevar adelante determinadas políticas públicas, Barbagelata recuerda que los compromisos asumidos y sancionados valen de poco sin un seguimiento de su cumplimiento. “Cuando sale la ley, viene el otro escollo: su aplicación. Pongamos por caso la Ley de Salud Reproductiva. Hay lugares a los que no llega, provincias que no la ratificaron, otras que tratan sin anestesia a las mujeres que llegan a hospitales con abortos incompletos, como en San Juan. El 60 por ciento de las maternidades no cumplen con las normas básicas mínimas, de acuerdo con datos del mismo Ministerio de Salud. Hay desafíos, y en la práctica todavía estamos muy lejos.” Por otro lado, el saber sobre la circulación de información en redes informales, los procesos que el boca a boca puede alimentar y alentar a paso lento pero firme, y el trabajo con grupos de mujeres que empiezan a encontrar el denominador común en la perspectiva de género, le permiten a Cecilia Merchán despuntar otras vetas. “En la vida cotidiana, una declaración no tiene impacto directo, sino en la medida en que pueda hacerse efectiva. Eso sirve en la medida en que las mujeres nos apropiemos de esas cosas. Para hacer efectiva, por ejemplo, la ley de Salud Reproductiva también hacen falta mujeres conscientes de sus derechos y que sean capaces de lograr que, en cada salita, esa ley se cumpla. Cada mujer, digamos, común, tiene que conocer primero sus derechos para poder utilizarlos como herramienta de presión y hacerlos respetar. Eso, por un lado, es responsabilidad del gobierno, pero también de la sociedad civil: hay que hacer difusión sobre los puntos más importantes de Beijing, eso tiene que llegar en forma masiva, porque en todo el mundo hay algunas ONG especializadas que saben un montón, pero ¿cuántos miles de mujeres se enteraron de esto y pudieron hacer efectivos sus derechos? Hay que difundir que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Beijing es importante, pero la popularidad que alcanzaron los Derechos del Niño no la alcanzó esto, habría que preguntarse por qué”.

¿Puede algo tan lejano a la vida cotidiana como un encuentro entre delegaciones gubernamentales y de la sociedad civil realizado al amparo de la Organización de Naciones Unidas cambiar la vida de cualquiera de las mujeres que leen esto, o de quien escribe? ¿En qué puede modificar los días de cualquier argentina que las representantes de Cancillería de países históricamente enmarañados en relaciones de poder (económico, político, entendido en la mayoría de los casos como una dimensión ajena a la perspectiva de género) se trencen en agudas discusiones sobre, por ejemplo, un término de más o de menos, o hilen fino para encontrar el espíritu de un texto? Las dos preguntas tienen, curiosamente, una respuesta de lo más parecida: a cualquier mujer de cualquier país representado en esos encuentros, lo que se diga puede cambiarle todo en su vida. Pero también puede no transformarla en nada. Todo depende del cristal con que las palabras lanzadas al viento en el terreno internacional sean asumidas en los territorios propios.