En este momento la Argentina es más importante como país de destino que cualquiera de los países limítrofes, incluido Brasil. La única explicación posible es que acá están muy organizadas las redes delictivas.” Con esta afirmación, la politóloga Mercedes Assorati –coordinadora del proyecto de Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en la Argentina (Fointra) de la Organización Internacional de Migraciones (OIM)– empieza la descripción de un mapa del terror. Afirma que los secuestros que realizan las redes de trata deberían ser asimilados a la desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad que no prescribe, que el Estado está obligado a investigar sin límite de tiempo. “Yo creo que estos secuestros son un nuevo tipo de desaparición forzada, que constituyen una violación a los derechos humanos ya que, aunque son ejecutados por particulares, necesitan de la connivencia o al menos la omisión del Estado para poder desarrollarse. Fijate el caso de Marita Verón, que hay numerosos testigos que la vieron, fueron procesados los responsables, y sin embargo la investigación termina aunque ella sigue desaparecida. Si no fuera por la madre ya nadie hablaría de ella, pero el Estado tiene la obligación de seguir buscándola porque el delito continúa mientras la persona sigue desaparecida.”

¿Cómo funcionan las redes de tratantes en la Argentina?

–Hay tres o cuatro grandes redes que operan en todo el país y que tienen acuerdos entre ellas, se venden mujeres por ejemplo. Después hay un segundo nivel de subredes familiares, también conectadas con las grandes. Y a su vez todas están vinculadas con los tratantes internacionales. En este momento, por alguna razón que no podemos explicar, Córdoba se está transformando en el gran mercado de compra y venta de personas para explotación sexual de la Argentina. Ingresan un promedio de quince paraguayas por semana, y además hay gente que llega de Bolivia u otros países y que después las derivan. No quedan siempre ahí.

Si el delito es tan evidente, debe ser también evidente la corrupción del Estado.

–En las redes de Córdoba sabemos que hay involucrados policías federales y creemos que hay connivencia de la Justicia, pero esto no lo podemos afirmar.

¿Y quiénes son los clientes habituales de los prostíbulos donde llevan a estas mujeres?

–Jueces, políticos, policías, en los pueblos del interior hay muchos gerentes de empresas, de petroleras, por ejemplo. Es el segmento ABC1. Después, en los pueblos chicos, donde funcionan estas redes que yo llamo familiares, quizás el habitué es un pueblerino. Pero esto tiene que ver también con los circuitos que recorren las mujeres en este negocio. Hay un circuito ABC1, que son las más jovencitas, las que recién empiezan, las que están en mejores condiciones físicas. Cuando se van poniendo viejas, se enferman, o molestan, las pasan a un segundo grupo que son estos prostíbulos más de pueblo. Y de ahí lo que les queda es terminar en algún pueblo perdido. Pero también están las que son asesinadas antes, o porque molestan demasiado, o porque están demasiado enfermas, o porque ya no saben qué hacer con ellas. El promedio de vida de estas mujeres es de 35 años. Y no sólo porque las matan sino porque las que logran salir tienen tantas enfermedades juntas –VIH, gonorrea, sífilis– que no viven mucho tiempo.

A pocos kilómetros o metros de rutinas caseras, en esos boliches con luces de colores difusos están sucediendo cosas bastante más inhumanas que las que se puedan fantasear: mujeres que se mueren a la misma edad en que otras deciden ser madres. En un país que tiene un promedio de vida para las mujeres de 78 años, ellas no llegan a la mitad.

Mercedes Assorati está al frente de Fointra desde marzo del 2005. Antes, la OIM Cono Sur, si bien tenía su sede en Buenos Aires, no disponía de un programa específico de fortalecimiento institucional para la Argentina. Pero el aumento del negocio en los últimos cuatro o cinco años generó la necesidad. Fointra concluye en marzo del 2006, pero hay posibilidades ciertas de que se extienda hasta septiembre del 2007, y las observaciones de Assorati son producto de haber viajado todo el año por el país capacitando a decisores gubernamentales para interesarlos en un tema que aún no es del todo visible y más bien es negado. Si bien los medios de comunicación hablan del tema, y durante el 2005 se hicieron seminarios, vinieron expertos extranjeros, y se presentaron leyes sobre el tema, la mayoría de estas iniciativas les corresponde a organismos no gubernamentales y especialmente a la OIM.

“No tuvimos el apoyo que esperábamos del Poder Ejecutivo –explica Assorati–. Por un lado, que la Cancillería haya designado como punto focal para el tema al Ministerio Público no fue la mejor idea, porque la Procuración no puede dar órdenes al Poder Ejecutivo. La oficina de (Eugenio) Freixas está dando un apoyo parcial en el tema, pero lo hace con mucha falta de recursos y sin un seguimiento adecuado de los casos. Y volvemos al caso Verón, como ejemplo. Hubo dos víctimas rescatadas por Susana Trimarco, la madre de Marita, que declararon en el juicio. Después de eso nadie les pudo dar un espacio seguro y se volvieron a sus casas de Tucumán. Cuando en octubre de este año salieron libres los acusados en el caso (porque hacía más de dos años que estaban detenidos sin proceso), al día siguiente estas mujeres recibieron amenazas y ni el Estado ni el punto focal hicieron nada. Y el 18 de diciembre pasado una de ellas fue molida a golpes cuando estaba con su bebé en las calles de Tucumán. La OIM llamó la atención a las autoridades y ahora el Estado le ha puesto seguridad, pero consideramos que no es suficiente con un guardia armado en la puerta. Ni el Estado ni la OIM tienen estructura para dar cobijo y, por otra parte, no es función de la OIM asumir la seguridad de las personas. Por eso una de las cosas que estamos pidiendo con mayor urgencia es un Comité de Evaluación de Riesgos que funcione en el Ministerio del Interior para que el Estado asuma la responsabilidad de la integridad física de las víctimas, declaren o no ante la Justicia.”

¿Qué respuesta obtuvieron en las provincias donde dictaron capacitación?

–En algunos ejecutivos provinciales hay buena voluntad y en otros no. En Misiones sí y en Jujuy no, por ejemplo. Y en Chubut nos dicen que ellos no tienen casos de trata. Y cuando nosotros les llevábamos los avisos clasificados que ofrecían a menores extranjeras, nos decían que eran casos donde había consentimiento, cuando la legislación internacional sobre trata, ratificada por la Argentina, no concibe el consentimiento en casos de menores.

¿Cómo interpretan estas respuestas?

–Yo creo que es falta de conciencia sobre la gravedad del problema. No creo que se trate de corrupción a tan alto nivel y tan enquistada.

¿Cómo es el mapa de la trata en la Argentina?, ¿En qué zonas la gente es explotada y con qué fines?

–La mayor parte de las víctimas viene del norte del país. En el noroeste hay muchísima explotación laboral de mujeres, varones, niños y niñas. Y también en la ciudad y la provincia de Buenos Aires: acá hay muchos bolivianos y peruanos en talleres textiles, como el caso de Parque Avellaneda, y también muchas mujeres en estado de servidumbre en el servicio doméstico. En el sur del país también sabemos de casos de explotación laboral: en empresas pesqueras y de ensamblaje de electrónicos. Y también es una zona de explotación sexual porque son lugares de pocas mujeres y muchos varones. Sabemos que hay casas en el medio del campo, en la Patagonia, que son prostíbulos. Y también tenemos alguna información sobre barcos pesqueros que habrían traído mujeres para ser explotadas, pero no lo pudimos confirmar. Después, Misiones, Tucumán y Entre Ríos son los mayores proveedores de mujeres para explotación sexual. Y zonas duras también son Córdoba, Mendoza, La Rioja –no sabemos por qué, pero en esta provincia hay muchísimos prostíbulos–, Tucumán –donde hay claramente connivencia con las autoridades– y la Triple Frontera, donde según la OIT hay 3500 chicos explotados sexualmente, un número que para mí es enorme. Aparte, tenés que contar a las extranjeras y extranjeros que entran por todas partes porque nuestras fronteras son un desastre.

En los ’90 se habló de la Argentina como país de destino de la trata y el tráfico con fines de explotación sexual, pero se dijo que esto se había modificado con el cambio del dólar. ¿Es así?

–En un informe reciente que hizo la OIM en Paraguay, se detectó que el 62 por ciento de las paraguayas víctimas de trata que salen del país vienen a la Argentina. Y también vienen de Perú, Bolivia, Chile, Brasil y República Dominicana. En el caso de las dominicanas, que nosotros creíamos que ya no venían por el cambio del dólar, recientes investigaciones hechas en República Dominicana, más los registros que lleva la OIM, nos indican que nunca dejaron de venir y que quizás estemos en la misma cantidad del 2001: unas 3500, el 62 por ciento de las que salen de allá viene acá.

¿Estas migrantes pueden enviar remesas a sus países? Porque el cambio en este momento es muy poco favorable.

–Mandan plata. En República Dominicana hay muchísima pobreza, son mujeres que vienen de zonas donde no tienen siquiera los servicios mínimos. Algunas que testimoniaron ante la OIM dijeron que venían sólo por estar en una habitación con baño privado, eso ya es un lujo. De todas formas, ellas prefieren Estados Unidos, pero a Estados Unidos es muy difícil entrar por el control fronterizo y, además, nosotros creemos que siguen viniendo acá, y no por ejemplo a Europa o incluso países más redituables como México, porque ya están establecidas las redes de explotación que las traen. Sabemos incluso de una mujer que fue repatriada por la OIM hace unos años, pero ahora volvió y se montó su propio prostíbulo, vio el negocio y la explotadora ahora es ella.