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Hay un país pacato en donde a las tres de la tarde un conductor de televisión (Jorge Rial) dice “hoy salimos con mi mujer solos, me voy a clavar dos pastillitas y perforo todo”. Hay un país pacato en donde a las tres y media de la tarde en ese mismo programa dos aspirantes a aspirantes de vedettes (Evangelina Anderson y Mariana de Melo) se tocan y besan y se muestran tocándose y besándose. Hay un país pacato en donde una de esas dos aspirantes a vedettes (Evangelina) declara a las nueve de la noche (en RSM) que ella no es lesbiana, pero que el lesbianismo está de moda porque calienta a los hombres. Hay un país pacato en donde a las seis de la tarde un grupo de mujeres (Acoso textual) cuenta cómo se calientan según la ovulación y una de las panelistas detalla que su ex la tiraba en la cama para hacerle el amor porque la olfateaba en esos días y otra que se despierta a la noche y ella se encarga de todo porque se siente muy cachonda (sí, en esos días). Hay un país pacato en donde la telenovela éxito (El Conde de Montecristo) muestra a un abogado en un trampa de sexo en la cama con dos chicas que se y lo besan. Hay un país pacato en donde el cartel más grande de la calle Corrientes lo ocupa una travesti (Flor de la V) que cruza la piernas bajo el título Más que diferente. Hay un país pacato en donde alcanza con tener onda con el chico del locutorio para que te saque el filtro y, entonces sí, googlear sexo, googlear porno, lo que quieran ustedes imaginar que los chicos y los adolescentes googlean. Hay un país pacato en donde los celulares ya tienen una línea de minicelulares y para vender celulares a las chicas de primaria la propaganda muestra cómo todos los varones del curso se enteran –si la chica no lo cuenta por celular– que ella ya tiene su primer corpiño.

No, no hay un país pacato.

Hay un país que se pone pacato solamente para pensar que la palabra sexo –que invade la tele, las computadoras, los celulares, las propagandas, los teatros y la calle– puede entrar a la escuela. Allí, donde la información –se supone– es formulada para enseñar y es cuidada para cuidar. Hay una Buenos Aires –extrañamente– pacata y que, pareciera, tampoco en el 2006 va a aprobar una ley de educación sexual.

Hace cuatro años el Congreso Nacional sancionó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que estipula que la educación sexual debe ser obligatoria. Pero como esa normativa no se cumple, en el 2004, Ana María Suppa, Diego Kravetz y Florencia Polimeni presentaron un proyecto para reglamentar su instrumentación de forma obligatoria en todas las escuelas porteñas.

La iniciativa no fue aprobada. Y su mayor contrincante –Santiago de Estrada– decidió combatir la educación sexual con otro proyecto, también llamado de educación sexual, que representa la postura de los colegios religiosos que quieren que los contenidos de esta nueva materia no sean dictados por el Estado (que los obligaría, por ejemplo, a hablar sobre métodos anticonceptivos) sino que queden librados al criterio de cada institución.

“La presión de los sectores más conservadores es muy fuerte –subraya la legisladora kirchnerista Ana María Suppa–, aunque nadie diga abiertamente que está en contra de la educación sexual en las escuelas, en realidad, oponerse a la obligatoriedad y a que los contenidos los fije el Estado es estar en contra porque es no reconocer que el derecho a recibir información y formación abarca a todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.” En el 2005 el proyecto Suppa consiguió el dictamen de mayoría en la Comisión de Educación. Pero De Estrada solicitó una audiencia pública para tratar el tema. Y la educación sexual se dilató. Ahora, en el 2006, la Comisión de Educación ni siquiera tiene dictamen. Y se está todavía más lejos de una educación sexual integral y obligatoria en todos los colegios de la ciudad.

En el macrismo, algunos quieren diferenciarse de los sectores más conservadores, pero tampoco se animan a avanzar demasiado. Marcos Peña, legislador de PRO y presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura argumenta: “Por ahora no pensamos presentar un proyecto nuevo, estamos priorizando trabajar sobre un consenso en el tema, que pueda verse reflejado en un despacho de consenso”. Mientras que al debate también se sumó una nueva iniciativa de Liliana Parada, del ARI, en la que el Estado dictaría pautas pero no contenidos específicos. La pregunta clave es qué se esconde detrás de la búsqueda del consenso: ¿sumar propuestas o desarticular la obligación de los colegios religiosos de impartir educación sexual?

Por su parte, Suppa replica a los que intentan moderar su iniciativa: “Uno de los puntos que siempre produjo debate es la perspectiva de género que nosotros incluimos entre los temas que deben abordarse. Pero, en el fondo, se cuestiona la obligatoriedad y el papel del Estado en la selección de los contenidos. La Iglesia no ha cambiado su posición, aunque sus representantes en esta Legislatura intentan mostrarse más abiertos”.

Diego Kravetz, presidente del bloque kirchnerista, no es optimista. “Nosotros volvimos a presentar nuestro proyecto de ley en marzo de 2005. Este año aún no ha comenzado a debatirse pero, teniendo en cuenta la nueva composición de la Comisión de Educación, seguramente no lograremos un despacho de mayoría –alerta–. Hay una fuerte presión de grupos muy conservadores de los cuales la mayoría de los legisladores del macrismo se hace eco, al igual que un sector del ARI encabezado por Enrique Olivera. Yo pensé que esta ley iba a tardar menos que el derecho a la información y la salud de nuestros chicos y chicas iba a ser priorizado por todos los sectores de la política. Evidentemente me equivoqué.”

Enrique Olivera –elegido por el partido de Elisa Carrió, que en el 2004 había apoyado el proyecto Suppa– es señalado como una de las claves de la vuelta atrás. Aunque él asegura: “Tengo mi propio proyecto que incorpora la educación sexual a la ley de educación integral. Hasta ahora, el cuerpo no entró a la escuela. Por eso, la nueva ley tiene que incluir todos los aspectos de la personalidad y los contenidos deben ser desarrollados por el Estado con la comunidad educativa”.

Mi amigo el doctor

En realidad, la Legislatura porteña no está debatiendo si los adolescentes deben tener sexo (porque los adolescentes no les consultan a los legisladores sobre eso) sino si ante la realidad de la sexualidad adolescente el colegio debe tomar cartas en el asunto. Hoy sólo un 7 por ciento de los adolescentes va al médico para buscar un método anticonceptivo y el 50 por ciento de ellos elige cómo protegerse a través del consejo de algún amigo, según una encuesta de la campaña Cuidarte es quererte.

Mientras los representantes políticos patean la pelota, en la mayoría de los colegios la educación sexual está depositada en charlas de empresas privadas, como Schering, que, finalmente, ocupa el lugar que el Estado deja vacante. “Un dato alarmante es que el 45 por ciento de los adolescentes dijo no utilizar ningún método anticonceptivo a la hora de tener relaciones sexuales”, informan en Cuidarte es quererte.

“La educación sexual es un derecho denegado”, subraya Alicia Figueroa, ginecóloga e integrante del Comité de Desarrollo del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam). “La educación sexual permite a los niños, niñas y adolescentes saber qué es lo que ocurrirá durante el desarrollo de su propio cuerpo, cómo cuidar su salud, cómo prevenir el abuso sexual y cómo evitar situaciones de coerción sexual, una infección sexualmente transmisible o un embarazo no deseado, en fin, cómo integrar sanamente su sexualidad a su desarrollo personal para ser un ser humano más feliz”, resalta. “Pero entonces, ¿por qué surge tanta resistencia para sancionar una ley que articule correctamente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual? –se pregunta la ginecóloga–. La verdadera razón es que hablar de sexualidad es reconocer que existe el deseo y la determinación por parte de los jóvenes de vivir su sexualidad a pesar de la oposición de sus padres, y que los adultos, por más que se ufanen, no han logrado que los chicos no se inicien precozmente.”

La psicoanalista Martha Rosemberg apunta en un informe del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: “El embarazo adolescente es uno de los problemas que subsisten debido a la ausencia de políticas públicas activas para disminuir su incidencia. Según la OMS, el 40% de los argentinos menores de 18 años no toma recaudos para evitar el contagio de VIH/sida ni para evitar embarazos no buscados”.

La realidad es distinta dentro y fuera de la Legislatura, donde el lobby de los colegios religiosos, por ahora, viene ganando la pulseada. La legisladora Suppa interpela: “Nuestros niños, niñas y jóvenes no pueden seguir esperando. Es necesario dar el debate y lograr una ley que establezca la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles con contenidos adecuados a cada etapa evolutiva y fijados desde el Estado como cualquier contenido que integra la currícula escolar”.

La dilatación de las clases sobre anticoncepción, preservativos, derechos y deseos en las aulas tiene sus consecuencias. “La realidad nos muestra tristemente que este autismo social, que niega la necesidad real y manifiesta de educación sexual, cuesta muy caro: más de 100.000 partos de adolescentes por año, de los cuales el 60% es no deseado, un aumento del 40% en los abortos en menores de edad en los últimos 5 años, una mortalidad infantil que se duplica cuando la madre es adolescente, alta deserción escolar por embarazos adolescentes, relaciones sexuales con protección sólo en el 38% de los casos –describe Figueroa–. Y mientras se discuten en comisiones las interminables aristas irreconciliables de los distintos proyectos, de estas cifras ¿quién se hace cargo?”